| Romper la ley |
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| La Helms-Burton, ¿una herramienta o un obstáculo para la libertad de Cuba? |
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| por ALEJANDRO ARMENGOL |
Parte 1 / 2 |
—No. Por favor, señor —dijo el capitán y le arrebató la cuenta al camarero. Se apresuró en explicar su generosidad a la pareja de refugiados:
—Es un juego muy sencillo. Lo ponen en la cuenta y yo rompo la cuenta.
Y con la sonrisa aún en los labios y en la mirada, agregó complacido:
—Resulta muy conveniente.
Con igual cinismo al del capitán Renault, en doce ocasiones dos presidentes norteamericanos han firmado la prórroga de la puesta en práctica del título III de la ley Helms-Burton. Para empeorar las cosas, el cinismo está justificado; al menos desde el punto de vista político.
Hay cinismo porque tanto Bill Clinton como George W. Bush han afirmado su compromiso en favor de la libertad de Cuba y apoyado verbalmente una ley que merece ser modificada. Ambos han tratado de mostrar una imagen de firmeza frente al castrismo, al tiempo que evitan una crisis con sus aliados diplomáticos y comerciales. Evitar esa crisis, desatar una guerra comercial de Europa y Canadá contra Estados Unidos —que en nada contribuiría al derrocamiento del régimen de Fidel Castro— justifica al cinismo como razón de Estado.
Desde su promulgación en 1996, de forma apresurada, a raíz del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate y el asesinato de cuatro residentes de Estados Unidos —tres de ellos ciudadanos norteamericanos—, la famosa Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act ha recibido tantas opiniones negativas que su valor queda opacado por el aluvión de críticas.
No todo es malo en la Helms-Burton. Lo difícil a estas alturas es separar la propaganda, la esperanza y la frustración repetida, de los logros y limitaciones de una legislación que nació con el pecado original de responder a una idea imperialista que resulta grosera y caduca en el mundo actual.
En primer lugar, se debe destacar que la ley contiene en su cuerpo jurídico los lineamientos que rigen el embargo norteamericano hacia la Isla.
Las primeras medidas que constituyen el embargo actual fueron aprobadas en octubre de 1960, cuando se suspendieron los vínculos económicos entre Estados Unidos y Cuba. En 1963, esa suspensión se extendió a la venta de alimentos y medicinas a la Isla. Fue en febrero de 1963 que Washington prohibió a sus empresas y ciudadanos llevar a cabo transacciones económicas y comerciales con La Habana.
Hasta marzo de 1996, la responsabilidad por la vigencia de estas normas estaba en manos del presidente de turno. En la actualidad, el derogamiento de tales medidas depende del Congreso y no del mandatario. Es un paso de avance, porque coloca en manos del poder legislativo el análisis de la efectividad del embargo, aunque por supuesto el presidente siempre tiene el derecho de vetar cualquier modificación. Es, por lo tanto, responsabilidad del Congreso, en primer lugar, el levantar o mantener las sanciones.
Al pasar de ser un instrumento político del ejecutivo a un cuerpo legal, el embargo queda convertido en un instrumento jurídico no sólo expuesto a la discusión congresional, para determinar si cumple con sus funciones o no, sino sujeto a revisiones periódicas donde los legisladores se ven obligados a sopesar el valor de la legislación frente a las necesidades de sus Estados y los intereses de sus contribuyentes. La Helms-Burton puso en evidencia que lo que hasta entonces era un aspecto de la política exterior norteamericana —y un instrumento para asegurarse los votos presidenciales de la comunidad cubanoamericana cada cuatro años— constituía también un problema nacional, con implicaciones económicas para Estados donde el voto cubano es inexistente, y una fuente potencial de conflictos comerciales internacionales, donde pesan más los vínculos entre países que la causa cubana. Al tratar de ampliar el alcance del embargo, la ley encontró su Némesis.
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