Actualizado: 27/03/2024 22:30
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Política

Antes que nada, derechos

La propuesta de canje de los presos políticos por espías equivale a una patada al posible diálogo con Estados Unidos.

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Efecto de la debilidad de la sociedad civil, el sujeto inicial de los cambios en la Isla saldrá de las mismas fuerzas que detentan el poder desde hace medio siglo. Por esa razón, el punto de inicio y la velocidad de las transformaciones estarán subordinados más a los intereses creados por el régimen de los Castro, que a las necesidades de los ciudadanos. Y hasta ahora, el gobierno cuenta con todo lo necesario para ello.

Esa realidad explica la insistencia de las autoridades, en respuesta a la nueva política estadounidense, de colocar en primer plano la propuesta de canje de los opositores que guardan prisión en la Isla por los cinco espías presos en Estados Unidos. Como si el diferendo entre Washington y La Habana se pudiera reducir a una guerra ordinaria entre dos ejércitos.

Lo insostenible de esta propuesta radica en que el diferendo —surgido en medio de las contradicciones ideológicas y geopolíticas de la Guerra Fría— condujo al gobierno cubano a desmontar la sociedad civil, eliminar los espacios e instrumentos cívicos y supeditar los derechos y libertades a la defensa de su "proyecto revolucionario". Unas medidas represivas que resultaron tan eficientes para la "defensa" y la conservación del poder, como dañinas para el desarrollo del país y la satisfacción de las necesidades de los cubanos.

Al finalizar las guerras regulares, los contendientes proceden al intercambio de prisioneros, pero el diferendo no es una guerra regular y, por tanto, son otros los impedimentos. En primer lugar, en Estados Unidos, corresponde al poder judicial determinar en el caso de los cinco cubanos presos en cárceles norteamericanas, o sea, no es competencia del gobierno de Barack Obama decidir sobre ese asunto. Existe una prerrogativa del presidente estadounidense para indultar —algo habitual al final de los mandatos—, pero normalmente esto no se aplica a criminales, espías o terroristas, según analistas.

En segundo lugar, y esta es la razón fundamental, el gobierno cubano restringió —dizque para "defenderse de su enemigo"— los derechos ciudadanos institucionalizados desde la Constitución de 1901 y ampliados con la de 1940. De ahí que la sociedad cubana está interesada en que el fin del conflicto entre ambos gobiernos acabe con la negación de sus libertades.

En este sentido, las posibles conversaciones son importantes en tanto puedan generar un escenario que conduzca a este restablecimiento. Insistir en el canje sin mencionar un asunto tan vital, tiende a solapar la esencia y el alcance que debe tener el fin de la hostilidad. Enarbolar el canje significa subirle la altura de la varilla al presidente norteamericano hasta hacerla insaltable, que es igual que darle una patada a la posible mesa de negociaciones.

A consecuencia de las cinco décadas de discrepancias, La Habana está prácticamente fuera de tiempo para revertir el daño sufrido. Cuba es una nación estancada en todos los campos, con una generalizada inconformidad ciudadana, una creciente simpatía por las medidas del nuevo presidente de Estados Unidos y un desacuerdo manifiesto con cualquier intento de permanecer atado a la confrontación.

El restablecimiento de los derechos y libertades constituye la principal premisa para salir de la crisis estructural en que la Isla está inmersa y cuya causa fundamental radica, precisamente, en la ausencia de esos derechos y libertades en los cuales se sustenta la dignidad humana y la participación interesada y consciente en los problemas que aquejan a la nación.

Medidas concretas

En ese contexto, el reconocimiento del fracaso de la vieja política, tanto por el presidente Obama como por la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, y en consecuencia, la toma de medidas encaminadas al entendimiento y las negociaciones con el gobierno de La Habana, constituye una oportunidad que este último no debe ni puede desaprovechar. Si antes la tesis de "no cambiar nada hasta que el otro cambie" era absurda, ahora resulta inadmisible.

La declarada disposición a "normalizar las relaciones en un plano de igualdad", expuesta por Raúl Castro en agosto de 2006 y reiterada en otras ocasiones, debería comenzar a materializarse con medidas concretas, como la excarcelación de los prisioneros de conciencia, que son cubanos y no norteamericanos capturados en combate. A ellos corresponde decidir dónde desean vivir y gozar del derecho de entrar y salir de su país una vez que sea liberados.

Cualquier otra salida constituiría una violación de las libertades y un atentado a la dignidad humana. La liberación de algunos prisioneros políticos, aunque haya sido con licencia extrapenal, anula cualquier razón para mantener a otros en prisión por la mima causa. Su excarcelación sería un gran paso en el camino de la necesaria reconciliación nacional y una inequívoca señal de voluntad gubernamental, por encima de intereses ideológicos o políticos. Además, sería un paso importante de acoplamiento a las normas de derechos reconocidas internacionalmente y contenidas en la Carta de Naciones Unidas, lo que legitimaría al régimen ante una comunidad internacional que ha solicitado reiteradamente la liberación.

No obstante, lo principal es que el gobierno cubano haga gestos dirigidos a su pueblo, entre ellos ratificar e implementar los pactos de derechos humanos que fueron firmados en febrero de 2008, y dictar las disposiciones legislativas internas para hacer efectivos esos derechos ciudadanos, hoy ausentes.

La normalización de las relaciones con Estados Unidos marcaría el inicio de la democratización en la Isla.


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