Actualizado: 17/09/2021 9:52
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Economía, Cambios

Cábalas de fin de año (II)

Último de una serie de dos artículos

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En la reunión del Consejo de Ministros, efectuada a finales de noviembre, se presentó la política para elaborar el nuevo Código del Trabajo, que tendrá en cuenta a los trabajadores del sector no estatal. El vigente data de julio de 1985. Sobre esa política no se ofrecieron muchos elementos.

Por otra parte, se reiteró la disposición a modificar el Decreto-Ley No. 259 sobre la entrega de tierras en usufructo. Todo hace indicar que se permitirá construir viviendas para el asentamiento definitivo de los productores en las áreas entregadas. También se ampliaría el término de vigencia del usufructo para las personas naturales y jurídicas, incluyendo su prórroga. En el resumen del periódico Granma sobre la reunión, no se habla acerca del posible incremento de las tierras a entregar, que hasta el presente es de 1 caballería, igual a 13,42 hectáreas para los agricultores que previamente no tenían tierras. En el caso de quienes poseen tierras, en propiedad o usufructo, pueden incrementarse hasta completar 40,26 hectáreas. Tampoco se analizó el tema de la herencia de la tierra y las bienhechurías, en caso del fallecimiento del usufructuario.

Se subrayó que existen limitaciones para la aplicación del Decreto-Ley 259, como la no declaración por las entidades de las tierras ociosas, áreas otorgadas en usufructo que pasados 2 años no han sido utilizadas ni reasignadas, así como el incumplimiento de los plazos establecidos para las entregas. La no declaración se viene conociendo desde hace tiempo y refleja la resistencia de la burocracia establecida en la agricultura a perder la hegemonía mantenida durante muchos años, y que retiene gran cantidad de áreas sin cultivar o explotadas con una bajísima productividad, la cual podría elevarse rápidamente si esas superficies se entregaran a agricultores privados.

Resulta interesante que se presentara un diagnóstico sobre la situación actual y las perspectivas de la Unidades Básicas Producción Agropecuaria (UBPC). Aunque no se profundizó al respecto, se dice que el estudio demostró que fueron conceptualmente bien concebidas jurídica y económicamente —señalamiento quizás destinado a tranquilizar a los inventores de ese desastre—, pero se reconoce que han prevalecido prácticas… que limitan su funcionamiento y gestión. Asimismo se mencionó la decisión de transformar las empresas o cooperativas que presenten pérdidas o resultados negativos en otra forma de gestión no estatal o someterlas a procesos de liquidación. Un señalamiento no muy halagüeño para el futuro de las casi siempre no rentables e improductivas UBPC y otras formas de producción estatales.

Además, se conocieron los resultados del control integral estatal realizado por la Contraloría General de la República al Consejo de la Administración de la provincia Guantánamo, el cual encontró que las mayores dificultades se concentran en las actividades de comercio, industria alimenticia, vivienda, salud, deporte y en los municipios Manuel Tames y Baracoa. Al respecto, el presidente Raúl Castro destacó la importancia de que la Contraloría desempeñe un papel más protagónico, de lo cual se deduce la prioridad que está otorgando a la lucha contra la corrupción; algo difícil de reducir notablemente debido a la existencia de un modelo que crea un terreno muy fértil con sus escaseces, extendido descontrol, dualidad monetaria, e ingresos miserables obtenidos por el trabajo honesto, que obligan a las personas a delinquir para poder subsistir, a lo que se suma la ausencia de una prensa independiente dispuesta a denunciar y debatir sin tapujos los males sociales.

Como ejemplo de la lucha contra la corrupción se presentó un caso de envío ficticio de ajo y cebolla desde las provincias de Mayabeque, Villa Clara y Sancti Spiritus hacia La Habana. El hecho abarca cuatro cadenas delictivas que falsificaron alrededor de 54 facturaciones por 768 toneladas, con pagos cercanos a 13 millones de pesos en moneda nacional (CUP).

Como conclusión de la reunión, Raúl Castro resaltó la responsabilidad de cada directivo de velar por el cumplimiento de lo establecido. “Quien no pueda hacerlo que lo diga, pues no vamos a permitir que se cometan una y otra vez los mismos errores”, concluyó.

En esa reunión dejaron de abordarse asuntos muy importantes, como la situación del trabajo por cuenta propia o la ralentización de la reestructuración laboral. Aunque los cuentapropistas siguen creciendo, y según informaciones oficiales son unos 350.000 actualmente, no aumentan significativamente las personas empleadas por ellos, que no sobrepasan los 40.000. Esto se debe a los altos impuestos progresivos aplicados por la utilización de la fuerza de trabajo.

Por otra parte, más del 60 % de los actuales cuentapropistas ya tenían sus negocios de forma legal o ilegal antes de octubre de 2010, cuando se ampliaron los permisos, y otros son pensionados, por lo que la actividad privada no ha sido una fuente decisiva para el empleo de las personas despedidas por la reestructuración laboral del Estado. Eso explica por qué hubo que detener ese proceso, cuya meta era racionalizar a 500.000 trabajadores hasta abril de 2011, e incluso obligó a modificar el cronograma que originalmente alcanzaba la reubicación de 1,3 millón de trabajadores en 3 años, y extenderlo a 5 años.

Quizás ese espinoso tema, que no se informó haberse tratado en el mencionado Consejo de Ministros, se abordará en la próxima reunión de la Asamblea Nacional. Si no fuera así, quedaría pendiente uno de los principales problemas actuales. Sin una verdadera reestructuración laboral, será imposible la debida organización de los centros de trabajo por la pesada carga de las plantillas infladas. En consecuencia sin dar solución a este asunto resulta impensable la elevación de la productividad y la eficiencia urgentemente requerida. Esto impide la elevación del salario real, y por tanto el estímulo al trabajo. También representa un obstáculo enorme para terminar la dualidad monetaria y sus nocivos efectos económicos y sociales.

Por la reseña de Granma, aparentemente tampoco fueron abordados otros temas esenciales. En primer lugar el relacionado con la muy esperada flexibilización de las arbitrarias regulaciones migratorias vigentes, aunque las expectativas de la población, auspiciadas por ansias de libertad reprimidas por mucho tiempo, difícilmente serán cumplidas por las autoridades en la extensión deseada. También quedó soslayada la prometida nueva Ley de Impuestos, en donde se espera que las obligaciones fiscales impuestas a los trabajadores por cuenta propia sean reducidas y llevadas a dimensiones racionales que permitan la prosperidad de la importante actividad privada.

Visto todo lo anterior, no se requieren muchas cábalas para concluir que el año 2012 será muy complicado. Incluso sin contemplar los factores externos que podrían hacerlo más difícil aún. En enero se efectuará la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista y, considerando el Proyecto de Documento Base, no es posible esperar grandes decisiones. Se vislumbran pasos partidistas que no modificarán fundamentalmente las concepciones que han llevado Cuba al desastre. Ojalá que las autoridades comprendan el crítico momento que vive Cuba y el mundo, y se decidan a realizar las transformaciones urgentemente imprescindibles.

De persistir la falta de cambios sustanciales y creíbles, podría incrementarse a niveles peligrosos los sentimientos de frustración nacional ya existentes y como consecuencia la posibilidad de convulsiones políticas y sociales, no beneficiosas para nadie.


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