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Desempleo, Economía

Desempleo por decreto

La creación de puestos de trabajo para eliminar el desempleo fue una medida política que transcendió, irresponsablemente, las posibilidades reales de la economía del país

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En el mundo actual se debate el crecimiento de la tasa de desempleo que está generando la crisis económica. Los partidos políticos y sus representantes ven peligrar sus posiciones en el gobierno y prometen, a diestra y siniestra, que ellos sí van a solucionar el problema de la falta de trabajo. Los desempleados presionan con acciones pacíficas, y no tan pacíficas, que involucran a los diferentes sectores de la sociedad. Cuba, como parte del globo terráqueo, también se ha visto envuelta en los marasmos de la mencionada crisis. El detalle es que los políticos cubanos parecen ser los únicos en el planeta que no sienten amenazadas sus petrificadas posiciones como gobernantes al despedir por decreto, sin compensación y de un plumazo, a 500,000 trabajadores, la mayoría de los cuales nació después del 1 de enero de 1959. Pensad qué pasaría si al presidente de Estados Unidos o España u otro país de la Unión Europea o de América Latina se le ocurriera la peregrina idea de hacer algo semejante. Me gusta parodiar a los poetas, pensad lo que sería, el mundo todo Cuba y todo Isla… imaginadlo un solo instante.

A la fecha, los medios de comunicación no han reportado reacciones de parte de los afectados o de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) contrarias a tal decreto. A simple vista, perder el trabajo en Cuba no es un problema para nadie. Sin embargo, hasta hace muy poco, el Gobierno cubano se ufanaba de haber logrado el pleno empleo para todo cubano y cubana en edad laboral apto para trabajar, y demonizaba el desempleo como vicio y explotación del sistema capitalista en extinción.

Revisando los Anuarios Estadísticos de Cuba, encontré que en 1958, en la Isla se reportó un 12,5 % de desempleo, que representaba alrededor de 700.000 personas sin trabajo. En 1970, el censo informó un 1,3 % de desempleo. Una reducción tan dramática merece algunas reflexiones.

La creación de puestos de trabajo para eliminar el desempleo fue una medida política que transcendió, irresponsablemente, las posibilidades reales de la economía del país. Poco tiempo después, esa solución mágica —la más mágica de todas las adoptadas durante la etapa de la revolución—, se convirtió en un boomerang contra los trabajadores, al erigirse el Estado como único y absoluto empleador. El pleno empleo transitó por diferentes momentos de racionalización de la fuerza de trabajo —variante del despido con prestaciones—, pero, esos movimientos laborales fueron controlados por el Estado y siempre respondieron más a razones políticas que económicas. Por ejemplo, durante la “lucha contra el burocratismo” se eliminó la contabilidad de la gestión administrativa, la relación costo-beneficio pasó a ser irrelevante y definida como acción contrarrevolucionaria. En las universidades se redujo al mínimo la matrícula en las carreras de humanidades porque había que formar profesionales para trabajar en el sector productivo y no de servicios. Estudiar carreras tecnológicas y de ciencias fue la orden para los jóvenes cubanos que aspiraban cursar estudios universitarios.

En la trayectoria hacia el pleno empleo, desde el punto de vista sociológico, encontramos dos momentos significativos que giran alrededor de la zafra de los diez millones de toneladas de azúcar: primero, las medidas que anunció Castro en el discurso del 13 de marzo de 1968, conocidas como la ofensiva revolucionaria, y que convirtieron en delito punible cualquier vestigio de actividad laboral privada; segundo, en 1969, la Ley 1231 contra la vagancia, que instituyó el estado pre-delictivo de vagancia y estableció cuatro tipos de medidas para sancionar a los varones que estando en edad laboral no hubieran establecido vínculo laboral con el Estado, por demás, único empleador posible. Con la excepción de los enrolados en el servicio militar activo y los estudiantes. Previamente, en 1966, se habían desarticulado los sindicatos bajo el concepto de que el único y légitimo representante de los trabajadores cubanos era el Gobierno cubano bajo el liderazgo indiscutible de Castro.

La fuerza laboral cubana en 1970 perdió cualquier posibilidad de actuar como fuerza de cambio social. Los mecanismos de control laboral se acabaron de perfilar en el Código del trabajo de 1980, documento que merece ser estudiado en sí mismo, como ejemplo de legislación limitante de los derechos de los trabajadores, en un país miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A través de los últimos 50 años, las crisis económicas y la insatisfacción de la población cubana han ido en aumento; el Gobierno cubano, haciendo gala de su poder, ha explicado este control absoluto sobre los trabajadores como paternalismo de estado, en un intento de presentar como protección lo que en realidad es represión.

En la práctica el problema del empleo nunca ha estado resuelto en Cuba. El Gobierno cubano ha estado dando diversas respuestas dependiendo de la intensidad de la situación. El remedio más utilizado fue mandar a estudiar a los trabajadores que sobraban en los centros de trabajo. En la mayoría de los casos, los que sobraban oficialmente eran los que de alguna manera entorpecían —o presumiblemente entorpecerían— alguna medida que se quería implantar.

Los cocotuses de la política cubana se han vanagloriado de que no habían privado a los trabajadores de sus salarios, aunque los centro de trabajo cerraran o se limitaran las actividades laborales que venían desempeñando. En realidad, a los trabajadores no se les privaba del salario porque, paulatinamente, a nivel de toda la sociedad las condiciones de vida se deprimían cada vez más, el papel moneda perdía valor, y el trabajo había dejado de ser medio de satisfacción de las necesidades individuales y familiares. Mezclándose socialismo con sociolismo como nunca antes en la historia del país.

La prensa está reportando una afluencia nunca vista de cubanos a las oficinas de inscripción para realizar actividades por cuenta propia. Pero no queda claro cuáles son los requisitos que deben cumplir quienes aspiran a empezar un pequeño negocio. Tampoco cómo adquirirán los medios de trabajo y los insumos necesarios para desarrollar la empresa. Revisando la lista de actividades laborales privadas permitidas, he notado que todas, sin excepción, son de servicios. Llama particularmente la atención la profesión que se refiere a los recicladores, quienes después de hurgar en los basureros, tienen que entregar lo recogido en los centros estatales de reciclaje, bajo severas penas y multas si no lo hacen. También despierta la curiosidad el asunto de los restaurantes, a los que se les ha autorizado ampliarse de 12 a 50 sillas y se les van a vender los insumos a precios preferenciales. ¿El desempleo masivo por decreto gubernamental habrá solucionado el problema del abastecimiento de comida a la población en Cuba? ¿Los nuevos restaurantes privados se convertirán en comedores colectivos del barrio para los más necesitados? En estos años hemos sido testigos de apertura a la iniciativa privada que cuando empezaba a crecer terminaron en operaciones como la de Pitirre en el alambre. Yo diría que esta solución de desempleo masivo por decreto, bien podría responder al ancestral grito de ¡Sálvese quien pueda!


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