Actualizado: 22/10/2018 10:05
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Constitución, Referendo, Represión

¿Discutimos realmente el Proyecto de Constitución?

Intentar divulgar una opinión más allá de la asamblea, si es un pensamiento no coincidente 100 % con el oficialista, es tratado como un delito en Cuba, como le ocurrió al autor de este artículo

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L’État, c’est moi
Luis XIV

El Gobierno cubano nos vende la idea de que el proceso de discusión del Proyecto de Constitución, en barrios, centros de trabajo y escuelas, es una muestra de verdadera participación popular, de real democracia participativa; y por desgracia no pocos, al interior de la Isla, pero sobre todo más allá de sus fronteras marítimas, compran esa idea con la avidez de quien se lleva a casa un producto legítimo.

La realidad, sin embargo, es que ni existe tal discusión, ni hay real participación o democracia en el espurio proceso que ahora se realiza en la Cuba estatista, no socialista.

Toda discusión verdadera implica que los que participan en ella tienen libre comunicación entre ellos, que pueden transmitirse y contrastar sus ideas sobre lo discutido los unos a los otros, sin más limitaciones que las imprescindibles para mantener un diálogo civilizado, en asambleas presididas por una autoridad que solo se ocupe de arbitrar las mismas para que todos puedan tener asegurada su oportunidad de opinar.

Implica en consecuencia que cada cual puede intentar convencer a quienes le rodean de su particular postura sobre el asunto sometido a discusión, siempre que sea con argumentos y no con amenazas del uso de la violencia, o con mentiras y sutiles deformaciones de la realidad; y si como en nuestro caso al final lo discutido se somete a votación (referendo), podrá tratar de ganar para la respuesta que cree la correcta al mayor número de ciudadanos posible, sin que nadie lo estorbe o le limite en ese derecho.

O sea, que en una discusión verdadera los ciudadanos tenemos derecho a pensar con cabeza propia, a expresar libremente el producto de esa trascendental acción, y agruparnos en base a ese pensamiento en grupos que coincidimos en él.

Si observamos en la Cuba poscastrista, que hoy supuestamente discute su Proyecto de Constitución, nada de lo anterior se da.

En Cuba se nos reúne en asambleas no espontáneas, a las que no puede asistir cualquiera, sino quien le “toca”. Asambleas coordinadas y controladas por organizaciones paraestatales, en las cuales no discutimos entre nosotros bajo el arbitraje de la mesa desde la que se la preside, sino que se nos reúne para que, de modo individual, aunque públicamente, le planteemos a los representantes del Estado nuestras dudas y sugerencias sobre un Proyecto de Constitución que ha sido elaborado sin participación alguna nuestra.

Se nos consulta, en el espacio público definido y bajo absoluto control de quienes dominan la maquinaria estatal, nada más. Sin ninguna obligación de hacernos mucho caso, solo por lástima, como quien dice.

Porque es necesario agregar que en Cuba las reuniones espontáneas de ciudadanos están absolutamente prohibidas, y hasta existe una nutrida fuerza de policía expresamente encargada de vigilar, e impedir, toda forma de asociacionismo espontáneo: la infame Seguridad del Estado, el mayor cáncer social que padece hoy Cuba.

Y es que en Cuba el Estado se asume como el inevitable intermediario entre los ciudadanos para toda discusión relacionada con la política. Por lo tanto, en cualquier debate político los ciudadanos no se reúnen a discutir entre ellos el asunto en cuestión, a consensuar la solución de sus problemas, sino que le “plantean” a los representantes del Estado-Partido-Organizaciones Paraestatales, a los famosos “dúos”, su opinión sobre todo asunto o problema.

Los ciudadanos somos reunidos como obedientes carneros en asambleas convocadas por las estructuras del Estado y el Partido; a las que no puede asistir cualquiera, solo aquellos a los que les toca. Y se nos reúne en última instancia porque resulta prácticamente irrealizable el “discutir” con los ciudadanos uno por uno, en privado. Lo que sería el ideal para quienes hoy, como ayer, regentan la sociedad cubana desde la cúspide de un Estado que en muchos aspectos no ha dejado de ser tan totalitario como en 1982, y que de hecho cuenta con una Seguridad del Estado muchas veces más numerosa que la existente en aquel año.

El carácter de esta consulta, personal, en el maquiavélico espíritu de divide y vencerás, se evidencia además en el hecho de que solo en los medios y sitios digitales estatales, partidistas o paraestatales, se le permite a los ciudadanos colocar una opinión sobre el Proyecto abierta a todo el público nacional. O lo que es lo mismo, solo en esos medios y sitios nos es tolerado opinar más allá de la limitada asamblea barrial, o laboral, o escolar, que nos “toca”.

Medios y sitios, en que, sin embargo, no encontrará nunca publicada una opinión contraria al Proyecto. Al menos no una de esas decenas o centenas de opiniones de verdadero peso que se ven obligadas a circular en la clandestinidad, por los rincones de la sociedad cubana presente, sino una de esas otras intrascendentes, que bien miradas no resultan más que trampas para atrapar incautos, al dar la impresión de una apertura que no es tal (por ejemplo, una como esta nunca encontrará espacio en los comentarios de Cubadebate).

De hecho intentar divulgar nuestro pensamiento más allá de la asamblea que nos “toca”, si es un pensamiento no coincidente 100 % con el oficialista, es tratado como un delito, que lo llevará a usted a terminar en prisión: Cual me sucedió a mí el pasado domingo 23 de septiembre, cuando fui encerrado por haberles pedido a 240 ciudadanos, vía correo electrónico, que si no estaban de acuerdo con el proyecto hicieran uso del derecho a marcar con una “X” junto al NO (#XelNO). Derecho que nos ampara la actual Ley Electoral en su artículo 168.

Solo por ello, algo aparentemente legal en el futuro “estado de derecho socialista” cubano, se me mantuvo detenido durante 24 horas en la estación de policía de Placetas. Tras lo cual se me advirtió, antes de ser liberado, que cualquier otro intento de “boicotear” nuestro democrático proceso electoral tendría consecuencias muchísimo más graves para mi persona; y que la Seguridad del Estado no se responsabilizaba de las posibles “respuestas violentas” que contra mí realizaran ciudadanos revolucionarios, “justamente indignados por mis actividades” a favor del No, si es que “algo” inesperado, para ellos, claro está, ocurría en el Referendo[i].

La realidad es que todo el proceso de elaboración, “discusión” y aprobación de la nueva Ley de Leyes, que ahora el Estado y el Partido “discuten”, persona por persona, pero sin permitirles a estas discutir entre ellas, no puede de ningún modo ser llamado democrático o participativo, y por cierto tampoco socialista.

Lo cierto es que la actual Constitución, en la misma tónica de la antigua, define una sociedad en que el Estado es el intermediario obligatorio a toda interacción política entre los individuos que la componen (ciudadano-estado-ciudadano): un estatismo, en el cual las formas de asociacionismo espontáneo no son toleradas, y se las criminaliza siempre como el resultado de la acción de una “potencia extranjera”.

Un estatismo en el que la aspiración ideal última de quienes han formado y forman el ápice de poder de ese Estado, de hecho de los creadores del mismo, es que ese papel de intermediario obligatorio se extienda a absolutamente toda otra forma de interacción humana: Por ejemplo, me viene ahora a la memoria un Fidel Castro que en un cierto Congreso de la UJC, allá por el primer lustro de los años ochenta, sostenía que para él lo ideal sería que los médicos que se graduaban… ¡se casarán entre ellos! (El Comandante en Jefe, pero también el Casamentero en Jefe, o el Vaquero en Jefe, o el Meteorólogo en Jefe… ¿se acuerdan la vez que le quitó al doctor Rubiera la palabra y se puso él a predecir la trayectoria de cierto Ciclón?).

La Constitución propuesta, a semejanza de la actual, no estatuye una verdadera sociedad socialista: una sociedad en que el estado solo cumple función de árbitro, para evitar que algunos puedan, desde ciertas posiciones de poder circunstancial, poner barreras al libre asociacionismo espontáneo, con el egoísta fin de lograr hacer de ese disfrute del poder un fenómeno permanente y hasta hereditario. Por el contrario, estatuye una perversión estatista de naturaleza premoderna, en el peor espíritu de lo que Marx llamaba “formaciones asiáticas”, en que no existe real sociedad, sino un Estado todopoderoso, que nos mantiene completamente aislados los unos de los otros: Como en una prisión en que quien controla a ese estado disfruta de una visión panóptica sobre todos nosotros, que permanecemos encerrados en nuestras jaulas individuales, y en que cualquier comunicación aun con nuestros vecinos inmediatos solo puede hacerse a través de nuestros carceleros.

Triste ideal de un Estado, por cierto, cuyos fundadores en cierto momento ya muy remoto, allá por el Pleistoceno, adoptaron la bandera rojinegra anarquista como la de su movimiento político reformador, para luego establecer uno de los estatismos más descocados que haya visto la Humanidad.

Un estado que tiene como Utopía no aquella sociedad abierta en que los individuos solo se rigen por su conciencia, y en específico por sus imperativos categóricos, sino la prisión panóptica más arriba descrita, en que es la Ley dictada por el Autócrata, no la ética, la que define la actitud y las acciones de los súbditos.

#XelNO, #XelSocialismo:NO!


[i] Ya la advertencia me había llegado por otros canales, amigables, desde tan temprano como los últimos días de abril: “Oye, de seguro vas a tener problemas serios si empiezan a aparecer grafitis con el NO”, “Mira a ver, que si después hay una hecatombe esta gente va a hacerte la vida imposible”, me soltó de buenas a primeras, en el Café Literario, alguien del gremio literario de Santa Clara que a ciencia cierta se presta para cumplir tales encargos de la Seguridad del Estado.


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Asamblea provincial del Poder Popular en Manzanillo, en esta foto de archivo.