El desprecio “revolucionario” por sus propias leyes

¿Cuántas mentiras dijo Fidel Castro desde la Sierra Maestra y durante los primeros días de 1959 sobre el futuro democrático de Cuba? ¿Cuántos embustes dice Nicolás Maduro, todos los días denunciando nuevas conspiraciones contra él o amenazas de invasión a Venezuela?

Al menos Fidel Castro sabía mentir. Maduro, ni eso. Miente como comisario político, y todo el mundo, en Venezuela y en todas partes, sabe que está mintiendo y que ni él mismo puede creer lo que dice.

Da asco ver a ese farsante y su compinche Diosdado Cabello, delincuentes que podrían estar en la cárcel por delitos comunes, agitando el librito de la Constitución “bolivariana” en la mano, cuando nadie la viola más que ellos, que actúan a su antojo por sobre las leyes.

Interesante observar el desprecio de los dirigentes “revolucionarios” por las leyes que ellos mismos implantan. Da risa que en la siempre unánime Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba exista una comisión de asuntos constitucionales, en un país donde la legislación responde a los deseos del gobierno, y las votaciones del llamado “parlamento” cubano casi siempre son unánimes.

Someter al Tribunal Supremo cubano o venezolano alguna reclamación sobre constitucionalidad de cualquier tema es perder el tiempo: basta conocer la voluntad del gobierno sobre el asunto a debate y se puede saber cuál será la decisión del “máximo tribunal”.

Cuando la oposición ganó aplastantemente las elecciones legislativas en diciembre de 2015 en Venezuela, la asamblea saliente, de mayoría oficialista, hizo algo técnicamente legal, pero evidentemente inmoral: en los días finales de su mandato llenó a la carrera los cargos vacantes de jueces y suplentes del Tribunal Supremo con personas absolutamente sumisas a la pandilla gobernante.

Producto de tal acción, desde enero de este año se han visto los resultados. Las decisiones y legislación elaborada por la Asamblea Nacional se cuestionan por el Poder Ejecutivo, que de inmediato las envía al Tribunal Supremo para decidir su constitucionalidad. Y, que casualidad, el Poder Judicial siempre considera que la decisión de la Asamblea Legislativa con mayoría opositora es inconstitucional, y gracias a ese criterio “legal”, no entra en vigor nada de lo que aprueba la Asamblea, sea una Ley de Amnistía, cuestionar decretos dictatoriales dictados por Maduro para hacer lo que le da la gana, o llamar a rendir cuentas a los ministros del desgobierno venezolano.

El procedimiento del referendo revocatorio no existía en la Venezuela prechavista. Surgió con la elección de una asamblea constituyente y la proclamación de una nueva Constitución tras el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia. Los chavistas lo consideraron no solamente válido, sino ejemplo de democracia popular.

Cuando ese mecanismo tomó fuerza legal en Venezuela, la oposición solicitó un referendo revocatorio contra Chávez, y el golpista teniente coronel aceptó el reto una vez que los opositores cumplimentaron los requisitos legales para activar ese mecanismo. Fue pelea entre león y mono, con el mono amarrado: hubo muchas presiones y no pocos fraudes por parte del oficialismo, pero como quiera que fuera Chávez ganó el referendo, se mantuvo en su cargo, y continuó reeligiéndose hasta su muerte.

Ahora que la oposición activó nuevamente ese mecanismo constitucional, el gobierno venezolano le pone continuas trabas y no quiere celebrarlo, al menos durante 2016. Porque todos saben que Nicolás Maduro resultaría rotundamente derrotado y la consulta popular provocaría la cesantía del inepto y corrupto gobernante y la convocatoria a elecciones presidenciales en un plazo de 30 días.

Esa historia se vivió en Cuba, de otra manera. Cuando Osvaldo Payá creó el Proyecto Varela y logró recoger más de diez mil firmas solicitando reformas, basándose en resquicios de la Constitución “socialista” vigente en Cuba, planteó un reto al régimen cubano, que resonó mucho más cuando el expresidente Jimmy Carter se refirió públicamente a esa iniciativa durante un discurso en La Habana televisado a todo el país.

Aunque algunos subestiman el Proyecto Varela, y otros se esmeran en desacreditarlo y burlarse de él, el hecho de que en Fidel Castro se desatara una histeria con rasgos de paranoia, y convocara una apresurada movilización en todo el país para modificar “su” propia Constitución y establecer en la misma el socialismo cubano como “irreversible”, demuestra el temor del tirano creyendo que un resquicio legal pudiera resquebrajar su podrida dictadura.

Posteriormente, los poderes “legislativo” y “judicial” en la isla-finca se encargaron de complementar el asesinato del Proyecto Varela con interpretaciones, regulaciones y definiciones que impedirían su posibilidad de materializarse. Algunos consideran que tales decisiones de la dictadura son piedras filosofales que sientan jurisprudencia, aunque no sean más que evidentes muestras del desprecio “revolucionario” por las leyes y el Estado de derecho en sus fincas-países.

Más recientemente, hemos visto a Raúl Castro dar marcha atrás con sus propias disposiciones jurídicas. Las primeras entregas de tierra en usufructo prohibían que en esas tierras existieran viviendas, por ejemplo, pero al comprobarse que quienes las trabajaban debían estar en ellas continuamente para evitar robos, se modificó la legislación. “Flexibilidad” dirán algunos, “dialéctica”, dirán los más idiotas. Pero el hecho cierto es que las disposiciones legales se modifican a conveniencia del gobierno, y lo que menos cuenta son las opiniones de los “legisladores” cubanos.

Más recientemente, después de años repitiendo ad nauseam que en Cuba lo que se habían autorizado eran “cuentapropistas”, el régimen y sus chupatintas no han tenido más remedio que aceptar que existen de facto pequeñas y medianas empresas privadas que deben tener personalidad jurídica propia. Y de nuevo las modificaciones se harán sin importar en lo más mínimo la opinión de los “legisladores”.

Al menos, en el caso de la promesa de Raúl Castro del vaso de leche diario para cada cubano, no fue necesario modificar ninguna regulación, porque nunca existió. Y para acabar con cualquier ilusión que quedara sobre el tema, ya el libelo Granma se encargó recientemente de publicar un reportaje sobre las dificultades que atraviesa la industria láctea, donde como siempre la culpa es de otros y no del régimen, y avisar que las eventuales mejoras en esa industria y el aumento del consumo demorarían más o menos casi hasta las calendas griegas.

Sin dudas, democracias socialistas como la cubana y la venezolana se encuentran entre las más perfectas del mundo en toda su historia.

Y el que piense lo contrario es gusano, fascista, agente de la CIA o golpista.

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