Actualizado: 18/04/2024 23:36
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Economía

¿El fin de 'la libreta'?

La política de racionamiento actual no garantiza la ayuda a los sectores más necesitados de la población.

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Cerca del 70,0% de los cubanos nacieron con posterioridad a la implantación de la Libreta de Racionamiento —sencillamente conocida como "la libreta"— en marzo de 1962. Actualmente, en la prensa oficial se debate la conveniencia de liquidar el injusto método distributivo que sólo "garantiza aproximadamente la mitad del consumo de calorías per cápita de los cubanos y cubanas", según el propio gobierno en el Segundo Informe sobre Cumplimiento de las Metas del Milenio enviado a Naciones Unidas, en julio del 2005.

Habría que añadir que la proteína se garantiza en una proporción mucho menor, pues sus principales portadores se han reducido a niveles mínimos, con entregas mensuales de 230 gramos (1 onza = 28.75 gramos) de picadillo de carne mezclado con soya, 460 gramos de pescado con cabeza o 316 gramos sin cabeza, 460 gramos de pollo sin deshuesar, 10 huevos, algunos gramos de carne en conserva —salchichas o mortadela— en dependencia de las disponibilidades. A esto se agrega 1 litro de leche diario a los niños hasta cumplir 7 años de edad. Respecto a las grasas, la venta mensual está limitada a 230 gramos de aceite comestible por persona.

La mayoría de las personas consideran que aproximadamente el 50,0% de garantía de calorías declarado por el gobierno es mucho menor, considerando además que a partir del presente mes la papa y el chícharo dejan de ofertarse a través del racionamiento, para venderse en mercados regulados por el estado a precios considerablemente superiores.

Una política más justa

Como consecuencia, la libreta, cada vez más, no garantiza los alimentos a los sectores poblacionales necesitados, mientras subvenciona a personas que no precisan ayuda. Por ello, sería una política más justa establecer la solidaridad a quienes lo requieran y paulatinamente reducir las subvenciones, dejándola a determinados niveles para productos básicos como arroz, frijoles, leche, pan y quizás otros, como se hace en muchos países.

A los consumidores que urgen del apoyo de la sociedad podría entregárseles bonos, incrementar las pensiones y salarios, en particular los más bajos, y elevar los montos destinados a la asistencia social, todo en dependencia de las posibilidades reales de la economía, y siempre con el objetivo de que los necesitados de ayuda puedan abandonar la dependencia mediante el incremento de sus calificaciones para que estén mejor preparados, y sin paternalismo eleven sus ingresos y autoestima, convirtiéndose en personas autosuficientes.

La libreta, además de ser fuente de enormes cargas para la sociedad por las subvenciones, durante los pasados decenios ha representado mucho tiempo perdido a los ciudadanos, quienes sólo autorizados a comprar los productos racionados en la tienda asignada —donde en ocasiones han estado obligados a soportar estoicamente vejaciones y engaños—, deben esperar en colas, para que les anoten los artículos y les sean entregados a granel, en oportunidades sin mínimas condiciones higiénicas.

Por consecuencia, este esquema causa la pérdida colectiva de miles de millones de horas potencialmente utilizables en otros menesteres por la ciudadanía. Paralelamente, todo esto ha sido fuente de corrupción. El sistema de anotaciones en la Libreta, a diferencia de los mecanismos que existieron en otros países donde hubo racionamiento mediante bonos, es totalmente incontrolable. Por ese camino, al final de mes los sobrantes de las entregas totales para la venta, en un alto porcentaje, son desviados para la comercialización ilícita.

Burocracia y precios irregulados

A esto coadyuva la enorme diversidad de precios de un mismo producto en el mercado, así como su oferta en divisas. Por ejemplo, las 7 libras de arroz vendidas mensualmente por racionamiento, se venden 5 a 25 centavos cada una y 2 a 90 centavos c/u. Mientras el mismo Estado en venta libre cobra 3.50 pesos la libra. Otros precios aún más elevados existen para el arroz en el mercado negro, que oscila entre 4.50 y 5 pesos la libra, y en ocasiones de mayor escases, más caro. En las tiendas de venta en divisas, el precio del arroz, usualmente de mayor calidad, puede alcanzar el equivalente de 12 pesos. Esto se reproduce en prácticamente todos los productos, lo cual deja un amplio margen para la especulación, con sólo desviar las mercancías destinadas a distribuirse mediante el racionamiento hacia el mercado libre.

Asimismo, el sistema tiene un enorme aparato burocrático, organizado en las Oficinas Comerciales de Abastecimientos (OFICODAS) desde el nivel nacional hasta los barrios, con el objetivo de controlar la distribución de los productos racionados, aunque controla bastante poco y lo que promueve son innecesarias gestiones por parte de la población, con una consiguiente colosal pérdida de tiempo.

La liquidación de ese aparato podría representar significativos ahorros y redundar en el mejoramiento notable de los servicios y la productividad en el área comercial, sin soslayar que las decenas de miles de empleados que hoy trabajan en este absurdo sistema de racionamiento, pudieran destinar su esfuerzo laboral a tareas útiles y con seguridad humanamente más gratificantes.

La liquidación paulatina del racionamiento significaría un alivio a las difíciles condiciones de los cubanos y podría contribuir a la lucha contra los desequilibrios financieros y la dualidad monetaria. A su vez, debe quedar claro que el problema fundamental en Cuba no radica en la irracional distribución de los productos, sino en la ausencia de una oferta segura y de servicios de calidad, con precios acordes a los niveles de ingresos de la población: Estos objetivos son alcanzables únicamente mediante un incremento productivo gradual, eficiente y con altas tasas de productividad, a través de la transformación radical de un sistema socio-económico que en más de 50 años ha sido una barrera al desarrollo y la prosperidad nacional.

En conclusión, aunque son de gran importancia los cambios en la esfera de la distribución de los productos y los servicios, mucho más indispensables resultan las radicales transformaciones a realizar —sin prejuicios absurdos— en la esfera productiva, lamentablemente bastante demoradas.


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