Empresa de infinitos lucros

"Es uno de los mayores y más perfectos engranajes del sistema" o "casi una multiempresa en operaciones", podrían ser algunas de las impresiones de muchos al desembarcar en las terminales aeroportuarias de la Isla y chocar con las autoridades aduanales. Aunque la Aduana se rige por los "principios socialistas" (¿existen?), en la práctica no es más que una institución que opera bajo los patrones de la empresa eficiente y altamente rentable.

Desde hace algunos meses asistimos a una supuesta liberalización de los antiguos y soviéticos planos que prohibían la entrada en territorio nacional de una serie de enseres y mercancías. Hoy, pese que existe una cierta apertura, la Aduana está condicionada y diseñada para aumentar los beneficios económicos del gobierno y la más descarada de las ganancias: el insulto atroz.

La máscara del… ¿zorro?

Desde hace mucho tiempo, la aduana aeroportuaria nacional tiene fama de protagonizar los mayores episodios de corrupción. Dirigentes y funcionarios son sustituidos con tanta frecuencia, que a cualquier pasajero reincidente en trifulcas con las autoridades, le resulta difícil coincidir con "el de la otra vez".

Los escándalos han sido tan gigantescos y difíciles de ocultar ante la opinión pública, que hasta el propio Granma ha llegado a publicar sanciones, supuestamente aleccionadoras, aplicadas a oficiales involucrados en penosas situaciones.

En agosto de 2006, el diario oficialista informó que nueve funcionarios habían sido apartados de sus responsabilidades por "conductas inapropiadas y violatorias de la ética de los aduaneros". Más allá de esta inusual noticia en la prensa oficial, la mucho más creíble vox pópuli comentó que debajo estaba la venta de millones de equipos electrodomésticos decomisados en las oficinas de la Aduana por los propios oficiales en el mercado negro.

Sin embargo, estas novedades no han sorprendido a nadie, puesto que no es un fenómeno nuevo y mucho menos eliminado. La situación continúa, sin indicios de que las cosas mejoren. Los que viajan a la Isla experimentan, en la mirada de los aduaneros, la esperada oferta de dinero para que se hagan de la vista gorda y dejen pasar cualquier mercancía no incluida en las reglamentaciones.

El espectáculo es tan elocuente y usual, que para disminuir el estado de nerviosismo de los viajeros, muchas empresas y operadores de turismo internacionales aconsejan llevar algún dinero extra para el soborno aduanal y así evitar molestias.

Más allá de estos costumbrismos, la empresa en sí, la "socialista" Aduana General de la República, ha diseñado progresivamente un descomunal plan de liberalización que se confunde, en ocasiones, con una apertura a importaciones y un "notable" avance en relación con las antiguas prácticas.

Si bien tales criterios no son tan triviales, descubrir el gran negocio de la entidad estatal significa adentrarse en un falaz negocio que se aprovecha de quienes intentan llevar a sus familiares objetos normales para la mayoría en el mundo.

Normas engañosas

La Aduana se desentiende de los kilogramos de equipaje aceptados por las compañías de aviación para viajar a Cuba. Aunque la mayoría regula el límite, los pasajeros que llegan a la Isla están obligados a pagar de nuevo el sobrepeso, obviamente, en moneda fuerte, convertida de inmediato en pesos convertibles.

Numerosos conflictos se dan todos los días, las reclamaciones son infinitas y los clientes rara vez reciben respuesta a sus quejas. Los ciudadanos extranjeros, sin embargo, no son los más perjudicados. Quienes sufren en verdad el cumplimiento de estas reglas absurdas, son los cubanos residentes en el exterior, centro de las atenciones de los funcionarios aduaneros, porque las normas son destinadas a ellos.

Es común que los residentes en el exterior sean vistos como "delincuentes" que se fueron del país. Ahora, cuando van a visitar a su familia y mitigar la acumulativa lista de necesidades, son sospechosos de hacer comercio ilícito, del que no escapan ni los propios aduaneros y sus directivos.

Un simple reproductor de DVD tiene que ser pagado nuevamente en los aeropuertos de la Isla, como si se tratara de otro supermercado de electrodomésticos. Las famosas memorias removibles, flexibles, o los simples reproductores de MP3, son confiscadas por la exagerada justificativa que "permite la salida y entrada de información del país".

Para un cubano residente en el exterior, llevar un equipo de este tipo o de cualquier índole a la Isla, implica pagar casi el doble del valor de compra. Ni qué decir de los electrodomésticos y de las ahora liberadas carrocerías y piezas para automóviles. Las nuevas disposiciones permiten la entrada después de cumplir una serie de requisitos, pero elevan a niveles abusivos el dinero a ser abonado. Un negocio redondo para una empresa que debe ser una de las más rentables dentro del puzzle de la economía nacional.

Como la pretendida igualdad siempre ha sido idea hueca, los colaboradores cubanos, los que elevan el "prestigio" del régimen en el exterior, están exentos de tales normativas. No importa si, a todas luces, el destino de muchos de los equipos que trasladan tienen, en el mercado ilícito, el principal y conocido destino, comerciados y vendidos, incluso con meses de antelación.

Pero para el cubano común, el que se anima e incluye en el equipaje cualquiera de los nuevos productos liberados, significa entrar en el juego falaz de las disposiciones del régimen, del que sólo se saldrá ileso si el perjuicio único es dar algún dinero a un funcionario aduanal para que lo pase por alto.

La realidad se traduce en un mayúsculo atropello. Ningún ciudadano, de cualquier otro país, enfrenta tan difíciles circunstancias para entrar a su tierra. Lo más triste es que la necesidad sea centro del comercio de una empresa estatal que dice regirse por principios profundamente socialistas, para ingresar algunos millones a la decadente dictadura.

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