Actualizado: 21/10/2019 9:39
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Ciudadanía, Emigración

La política cubana hacia su emigración

Una maquinaria perfecta para producir “enemigos”, desterrados y rehenes

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La trayectoria de la política cubana con relación a su emigración puede calificarse de “beligerante y hostil” entendiendo por estos términos, el enfoque y los procedimientos que se han utilizado en el tratamiento y la ausencia de derechos de los que emigran desde Cuba hacia cualquier país.

Hoy, la política del Gobierno cubano hacia la emigración viola 16 de los 30 artículos constitutivos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Estos artículos legitiman los siguientes derechos: libertad de movilidad interna y externa, respeto a la libertad de pensamiento y expresión de las opiniones políticas, respeto a la dignidad personal sin ser objeto de maltratos o de calificativos injuriosos, el derecho a acudir a un tribunal nacional competente para pedir justicia frente a las arbitrariedades contra sus derechos ciudadanos, el derecho a no ser discriminado por razones políticas o de origen nacional, los derechos económicos, políticos, sociales y culturales para sus nacionales, el respeto a la personalidad jurídica de cada persona, el derecho a no ser desterrado arbitrariamente, el derecho a cambiar la ciudadanía, el derecho a no ser privado arbitrariamente de su propiedad.

El Gobierno cubano ha sostenido una serie de encuentros con los emigrados: el primero en 1978 que trascendió como “el Diálogo”, luego se produjeron los encuentros de la “Nación y la emigración” en el 1994, 1995, 2004, 2010.

En el último de estos encuentros, el canciller cubano Bruno Padilla destacó, que Cuba mantiene invariable e irreversible su voluntad de normalizar sus relaciones con la migración “aunque el bloqueo económico, comercial y financiero se interpone entre nosotros”. Luego existe un condicionamiento al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y su emigración, y es el mejoramiento de las relaciones entre los dos Gobiernos.

Los emigrados que concurren a estos encuentros de la “Nación y la emigración” son seleccionados por el Gobierno cubano, y las agendas de discusión son elaboradas unilateralmente también por el Gobierno cubano. De esta manera, los emigrados son obligados a convertirse en voceros de la política exterior de éste sin obtener en contrapartida ningún derecho sustancial a cambio, sino pequeñas facilidades burocráticas.

A causa del diferendo entre los Gobiernos de EEUU y Cuba, que data desde finales del siglo XIX y que se vuelve más beligerante a partir de 1959, el Gobierno cubano ha dado un trato a sus emigrantes, como si fueran representantes de una nación “enemiga” o dicho de otro modo, su política de confrontación hacia los Estados Unidos se ha trasladado al trato que ofrece a sus emigrantes no importa el país de residencia que sea escogido.

En la Constitución de la República solo está contenido de manera explícita el no reconocimiento de la doble ciudadanía, es decir, la adquisición de una nueva ciudadanía implica la pérdida de la ciudadanía cubana. Salvo este aspecto, que se aplica con mayor o menor flexibilidad a los que residen en Cuba, el resto de la política cubana hacia su emigración se aplica por disposiciones jurídicas no públicas y discrecionales, permitiendo entrar o salir del país a los ciudadanos cubanos en dependencia de criterios no públicos, arbitrarios, y sin la posibilidad de recurrir a ningún tribunal nacional a reclamar las violaciones a sus derechos ciudadanos.

Ciudadanía obligatoria

Desde enero de 1971 se exige a los cubanos residentes en el exterior visitar su país con pasaporte cubano, independientemente de si el emigrado ya tiene otra ciudadanía. Pasaporte que debe solicitar en los consulados cubanos en el exterior a un alto precio, con la exigencia de prórroga cada dos años pago mediante y que tiene vigencia por un período de seis años. Además, debe solicitar “la habilitación” del permiso de entrada. Esto obliga a mantener una “ciudadanía” cubana que no otorga más derecho que el de visitar su país.

Sin derechos económicos

Una vez que el emigrado reside en otro país —y no ha logrado obtener un permiso de residencia en el exterior, también otorgado de manera discrecional—, sus bienes en Cuba son confiscados. Desde los 90, con la apertura a la inversión extranjera, los cubanos emigrados no pueden invertir en su país de origen, son discriminados frente a otros inversores extranjeros.

Sin derechos sociales

Desde el año 2008, el emigrado debe pagar un seguro médico por los días que se encuentre de visita en el país.

Sin derechos políticos ni civiles

El emigrado no puede ejercer el derecho al voto, ni postularse como representante a ningún cargo político en el país. Pero además los emigrados son considerados “traidores”, “desertores” o “enemigos” por residir fuera del país y no tienen derecho a regresar a residir en Cuba. Aunque el discurso oficial sobre la diáspora cubana se haya atenuado y desde los años 80 a los emigrados se los reconoce como “la comunidad cubana en el exterior”, la política de entrada al país sigue aplicándose de manera discrecional y casi siempre por razones de opiniones políticas. Si el emigrado ha tenido pronunciamientos públicos críticos sobre el Gobierno, puede llegar al aeropuerto en La Habana y que se le prohíba su entrada sin explicación. Tampoco en este caso existe ninguna instancia legal a la que acudir.

Una maquinaria perfecta para producir “enemigos”, desterrados y rehenes

La pérdida de derechos de todo tipo del emigrante cubano, así como la aplicación de una política discrecional sobre las entradas y las salidas de los nacionales cubanos, permite afirmar que la política cubana respecto a su emigración es la de producir el destierro de sus emigrantes y a la vez reducirlos a una condición de rehenes de una política discrecional y no pública.

Desde el 1 de agosto el Presidente Raúl Castro anunció una revisión de la política migratoria. Termina el año y no vemos aparecer las nuevas disposiciones migratorias o una nueva ley a pesar de la importancia de las remesas familiares para la economía nacional, segundo renglón económico de ingresos al país. La lentitud y la torpeza propias de la élite política cubana, en este como en otros ámbitos, sugieren la imagen permanente del viejo “elefante dentro de una cristalería”.


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