Actualizado: 28/03/2024 20:07
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Economía

Latifundistas de nuevo tipo

El gobierno de la Isla ha convertido la propiedad agraria en uno de los problemas irresueltos de la nación.

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"¡Hay que virarse para la tierra! ¡Hay que hacerla producir!"; expresó enfáticamente el presidente del Consejo de Estado, en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 11 de julio. Para ello, dijo, muy pronto se dictarán "las disposiciones legales para iniciar la entrega 'en usufructo de tierras ociosas' a quienes estén en condiciones de ponerlas a producir de inmediato". Una semana después se publicó con ese fin el Decreto Ley 259.

La disposición, aunque responde a razones coyunturales, toca uno de los problemas raigales e irresueltos de la nación.

Repaso histórico

El proceso de diversificación de la propiedad rural, iniciado en el siglo XVI —primero entre peninsulares y después entre criollos—, sufrió un giro en el siglo XIX, debido al auge de la producción azucarera, que agrupó en grandes latifundios más de la mitad de la tierra cultivable del país. Un fenómeno tan negativo para la conformación de la nación no fue ignorado por el pensamiento más progresista en la Isla.

En 1808, el Obispo Espada elaboró un proyecto basado en una economía que se sustentaba en la pequeña y mediana propiedad. José Antonio Saco, en 1832, en Análisis de una obra sobre Brasil, planteó la conversión de la plantación esclavista en pequeñas parcelas agrícolas. Francisco de Frías, Conde de Pozos Dulces, planteó en 1857: "Cuba debiera ser por excelencia la patria de la pequeña propiedad y de los cultivos en escala menor", y llamó a constituir la pequeña propiedad agrícola.

Posteriormente, Enrique José Varona defendió la pequeña propiedad y el fomento de una clase media nacional. En opinión de Varona, "la inestabilidad que atravesaba Cuba desde un siglo atrás se basaba en su estructura económica: al principio, los cubanos tenían la tierra y, por tanto, la riqueza agrícola, pero no el poder político; con la Guerra Grande, el cubano perdió esa supremacía económica y no adquirió el poder político; con la Guerra del 95 obtuvo ese poder, pero no pudo recuperar su potencia económica".

Por su parte, José Martí condensó la idea de la propiedad agraria en una sola frase: "Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios".

Gracias a las órdenes militares 34 y 62, emitidas durante la ocupación norteamericana, el latifundismo continuó su crecimiento. Dichas órdenes permitían a las compañías de ferrocarril y a los inversionistas estadounidenses adquirir tierras para la construcción del camino de hierro, así como para el fomento de centrales y colonias azucareras.

En respuesta, Manuel Sanguily presentó en 1903 un proyecto de ley ante el Senado para impedir nuevas ventas de tierras a extranjeros. Finalmente, la Constitución de 1940 proscribió el latifundio, limitó a las compañías extranjeras en la adquisición de tierras y adoptó medidas para revertir la tierra al cubano. Sin embargo, las leyes complementarias para hacerlas efectivas nunca se dictaron y todo quedó como una muestra de buenas intenciones.

En el alegato La historia me absolverá, Fidel Castro planteaba conceder la propiedad de la tierra a todos los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupasen parcelas de cinco o menos caballerías. Ese proyecto tomó forma de ley en la Sierra Maestra, en octubre de 1958. Luego, con la Primera Ley de Reforma Agraria, de mayo de 1959, el 40,2% de la tierra cultivable pasó a ser propiedad del Estado, y con la Segunda Ley de Reforma Agraria, de octubre de 1963, las tierras estatales se elevaron hasta el 70%. De esa forma, el proceso anunciado en La historia me Absolverá terminó concentrando en grandes propiedades estatales un volumen de tierras superior a la que se propuso distribuir.

Dos limitaciones

Casi medio siglo después, en medio de una crisis interna estructural y de otra externa, debido al elevado costo de los alimentos, el Estado ha dictado el Decreto Ley 259 para la entrega de "tierras ociosas en usufructo". ¿Es esa la respuesta al viejo problema de la propiedad agraria o sólo el primer paso de un largo camino a recorrer? Si es lo primero, seguiremos en el estancamiento; si lo segundo, entonces se impone señalar al menos dos de sus limitaciones.

1) Si se reconoce la incapacidad del Estado para hacer producir la tierra —en nueve años el área cultivable se redujo en una tercera parte—, y se califica la producción de alimentos como problema de máxima seguridad nacional, entonces, distribuir las tierras ociosas puede tener sentido sólo como un primer paso, pues si los productores privados son capaces de hacerlas producir, la medida, por razones puramente económicas, debe ser extensible a cualquier área cultivable del país.

2) El usufructo —derecho a disfrutar de un bien ajeno— no va a la raíz del problema. ¿Por qué si las tierras en manos del Estado devienen ociosas, quien las hace producir no puede poseerlas como propietario? ¿Cuál es la razón, al margen de las ideologías, para que el incapaz sea dueño y el capaz usufructuario? Además, si se acepta que "todas son formas de propiedad y producción que pueden coexistir armónicamente, pues ninguna es antagónica con el socialismo", ¿por qué los productores no pueden ser propietarios? La única justificación sería declarar que la propiedad, en manos de los productores, es incompatible con el socialismo, lo que significaría que el sistema está diseñado para los desposeídos de propiedad, lo que implica la necesidad de un suprapropietario: el Estado.

Lo anterior demuestra la complejidad y la importancia vital del problema de la propiedad agraria en la Isla, un mal que va desde los latifundios coloniales hasta los socialistas, con el consiguiente daño a la producción del ramo y a la formación de un empresariado nacional. Un problema de esta naturaleza, que afecta a todos, debe pasar por el debate entre los ciudadanos, comenzando por los trabajadores del campo, quienes seguramente tienen mucho que decir.


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