Actualizado: 28/03/2024 20:04
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Cambios

Los cacharros y los elegidos

El Estado cubano persiste en su intención de controlar los procesos de movilidad social

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Recientemente el Gobierno cubano flexibilizó la compra y venta de automóviles en la Isla. Como era de esperarse, lo hizo mediante un decreto (numerado como 292) pues el país, sin un parlamento real, se gobierna por actos del ejecutivo y no parece que las actualizaciones del general/presidente vayan a incidir en ello. Y lo hizo, tema para los blogueros oficialistas, dice que teniendo en cuenta las demandas de la discusión de los Lineamientos, pero tamizándolas, interpretándolas y poniéndoles todas las arandelas posibles. Un auténtico ejercicio democrático.

La situación pre-existente era nefasta: miles de vehículos vendidos sin contratos legales, es decir, ventas amparadas en la confianza o en el recurso potencial de la violencia si se incumplía el acuerdo, o rentados en iguales condiciones, o simplemente guardados en algún rincón de glorias pasadas, junto con las medallas internacionalistas y los diplomas de obreros de avanzadas.

En este sentido el decreto introduce una mayor racionalidad al desorden que existía. En primer lugar, establece una libre disposición de los autos de uso, que son principalmente los miles de ladas y moskovichs con más de 20 años de maltratos que en algún momento sirvieron para premiar proezas y lealtades. Luego, establece normas más selectivas para adquirir autos nuevos, lo que podrá hacerse cada cinco años por personas que tengan ingresos en divisas y que ejecuten trabajos vinculados al Estado o de interés de este. Lo cual, imagino, excluye a Robertico Robaina en su nuevo oficio gastronómico, no importa cuán redituables sean sus restaurantes. No hay forma: o repara su lada de ex ministro o se compra otro en mejores condiciones.

Más allá del decreto en sí mismo, hay varios asuntos colaterales en los que quiero detenerme.

Una primera cuestión que creo importante resaltar es la continuación del esfuerzo del estado por establecer un mercado de bienes y servicios para los nuevos ganadores de la actualización. Antes fueron los celulares y el derecho a alojarse en hoteles. Pronto lo será el derecho a turistear o a adquirir viviendas. De alguna manera es como redistribuir, por la vía del mercado, lo que en algún momento el estado distribuyó. Es hacerlo ahora sobre la base de una lista de méritos muy diferentes a los que sirvieron de pautas para otorgar vehículos o viviendas cuando se hablaba de emulación, internacionalistas y profesionales destacados. Y de esta manera el lada del ex funcionario abatido por el retiro en este período especial que no acaba, pasa al dueño de la paladar. Al menos es lo que sucede con frecuencia en esa lógica de la metamorfosis burguesa, que el mismo ex funcionario sea el dueño del paladar.

Pero al mismo tiempo, el estado persiste en su intención de controlar los procesos de movilidad social. No como antes, en todos sus detalles. Pero sí manejando las variables principales y reservándose un poder de veto.

Por eso, el decreto y sus resoluciones son cuidadosos hasta el extremo risible de precisar cuestiones que deben causar espanto en los extranjeros que se asomen al asunto. Por ejemplo, precisando quién puede (y por defecto quién no puede) comprar un carro nuevo: artistas, funcionarios, diplomáticos, personal de la salud excepto los que están vinculados a los programas integrales de salud (el mecanismo de exportación masiva de médicos cubanos), cultivadores de tabaco, pescadores, etc.

Así, por ejemplo, podrán adquirir vehículos los profesionales que reciban premios en metálico siempre que el premio esté avalado por el “organismo rector” de la actividad, lo que hace pensar que tampoco Yoani Sánchez podrá comprarse un auto en esta ocasión. Al menos que logre identificar al organismo rector de su actividad bloguera y que este certifique que lo que hace es en bien de la patria, la revolución y el socialismo. Lo cual siempre es posible matemáticamente, pero reconozcamos que sumamente difícil en la presente coyuntura.

Y por consiguiente las clase política aspira a seguir administrando quién se incluye y quién se queda afuera, quién puede adquirir un bien de consumo que es a la vez un signo de distinción en la sociedad postrevolucionaria, y quién debe contentarse con el cacharreo de los autos del siglo pasado, que botan más humo que los trenes de la Union Pacific y someten a los pasajeros a sesiones involuntarias de sauna.

Como al Gobierno cubano nunca le falta público entusiasta que aplauda a los cirqueros antes de hacer las maromas, he leído en artículos de algunos “progres” imbatibles que esto es un ejemplo de cómo los dirigentes cubanos hacen su guerra particular por el medio ambiente y la ciudad sana. Pero no es así.

En realidad, si de medio ambiente se trata, la invitación al cacharreo que hace el decreto ley 292 es nefasto. Esto va a activar la circulación de autos muy viejos, altos consumidores de combustibles que obligarán a los habaneros a tragar el doble de humo. Lo razonable sería promover la sustitución de los autos viejos por otros nuevos, cuyas tecnologías son menos hostiles al medio ambiente.

Por otra parte, hay un problema de ordenamiento urbano que debe tomarse en cuenta. Las ciudades cubanas, y en particular La Habana, tienen un problema grave respecto al tránsito automotor: el tamaño de sus vías. Estas son, en casi todos los casos, calles y avenidas de un máximo de dos carriles en cada dirección. Cualquier incremento significativo de la circulación de vehículos produce obstrucciones de las vías, agravadas por el pobre entrenamiento de los policías. Aunque algunos de estos problemas pudieran resolverse con rediseños de la circulación (no olvidemos que la ciudad tiene regularmente un excelente trazado cuadriculado) siempre serían necesarias inversiones mayores que difícilmente podrá afrontar la economía nacional en su actual estado de desfallecimiento.

En realidad, la única manera de encarar este reto ambiental y urbanístico es disponiendo de un transporte público accesible, moderno y eficiente, lo cual el Gobierno cubano nunca ha intentado seriamente. Por eso Cuba resulta para muchos de sus habitantes una alegoría ideológica/fotográfica, pero pocos cubanos han podido recorrer al país y conocer sus diferentes lugares. Sencillamente porque cada viaje interprovincial resulta una proeza, para la vida o para el bolsillo. E incluso un viaje dentro de la ciudad capital es extenuante y angustioso. Solo ese sistema de transporte público hará desistir a muchos cubanos del auto, más aún si se trata de un cacharro siempre al borde del colapso.

Intentar resolver esto limitando burocráticamente el acceso de las personas a los autos es un error. Al final, lo prohibido incita el deseo. Y al cabo del poco tiempo vamos a tener otra madeja de irregularidades, con todo un mercado de autos vendidos y comprados sin contratos legales, transacciones basadas en la confianza o en la amenaza de un castigo creíble, falsos matrimonios de extranjeros para traspasar carros, y cuantos otros inventos sean posibles.

Porque en eso de inventar soluciones a los problemas sin soluciones, los cubanos tienen una experiencia muy larga, desde aquellos tiempos remotos de Espejo de Paciencia. Y cada día, en La Habana, se viven dramas como el que involucró al obispo Cabezas, al negro Golomón y al pirata Girón.

Con mucha paciencia.


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