Actualizado: 31/03/2020 11:47
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Los Cinco, Espías

Los Cinco: 15 años de amalgama

Para ser espía basta con estar al acecho a favor de nación extranjera. La sanción por ello es harina de otro costal

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Hay que quitarse el sombrero ante Los Cinco. No se rajaron bajo la presión de la fiscalía, prefirieron arrostrar penas completas de cárcel y siguen aferrados a sus ideales. Sólo que su heroísmo se defiende con la amalgama i(deo)lógica de que no se infiltraron en EEUU para espiar y acabaron siendo víctimas en juicio de una conspiración tejida por Washington con la prensa hispana de Miami.

También la fiscalía hizo amalgama con sendos cargos de conspiración para espiar y asesinar. Este último —por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate (HAR)— merecía juicio separado, ya que se imputó sólo a Gerardo Hernández Nordelo (Giro), jefe de la Red Avispa, y al menos debió precaverse que las pasiones irrefrenables de su caso particular se desbordaran sobre los demás.

El último reducto

La defensa ha terminado alegando que la Oficina de Transmisiones a Cuba (OTC) “contrató deliberadamente y pagó de manera secreta a propagandistas comprometidos a influir sobre el jurado,” aunque los defensores ni siquiera saben cuáles de los jurados [tres anglos, tres afros, cinco hispanos —ninguno de origen cubano— y uno de ascendencia filipina] leían los periódicos, oían la radio o veían la televisión de Miami en español.

Simplemente aislaron un segmento —desde el arresto (1998) hasta la condena (2001) de Los Cinco— en el continuum histórico de la prensa de Miami para amalgamar los pagos a colaboradores de Radio y TV Martí, adscrita a OTC, con los artículos que esos colaboradores publicaban en los medios donde estaban emplantillados. Este ademán defensivo presupone el absurdo de que OTC instruyó o sugirió a Radio y TV Martí no pagar por las colaboraciones en sí —que entre 1998 y 2001 se dirigían sólo a Cuba, bajo prohibición legal de no difundirlas en Miami u otro territorio de EEUU— sino por los trabajos que los colaboradores pergeñaran en sus propios medios con ánimo de ejercer influencia sobre el juicio.

A sabiendas de que las colaboraciones de periodistas de Miami con Radio y TV Martí datan desde que una y otra salieron al aire, en 1985 y 1990, la defensa trama que vinieron a descubrirse por el reportaje de Oscar Corral “10 Miami Journalists Take U.S. Pay,” (The Miami Herald, 8 de septiembre de 2006).

Desde mucho antes andaban en coplas e incluso El Nuevo Herald publicaba que periodistas de su plantilla fija colaboraban con Radio y TV Martí. Así lo descubrió de verdad la investigadora Kirsten Lundberg (When the Story is Us, Universidad de Columbia, 2010). Y nada tienen de secreto pagos que constan tanto en las nóminas de Radio y TV Martí, como en las cuentas bancarias y declaraciones de impuestos de los colaboradores, tal y como sucede con cualesquiera otros ingresos legales.

La defensa vino por camino trillado al solicitar cambio de sede y aportar encuesta sociológica del Dr. Gary Moran sobre Miami-Dade como condado hostil para el enjuiciamiento imparcial de Los Cinco. Así mismo lo hizo —con Moran y todo— el abogado James McMaster hacia 1982 en defensa del agente castrista Fernando Fuentes-Coba, pero igual solicitud había presentado en 1968 Melvyn Greenspahn, defensor del anticastrista Orlando Bosch, porque la prensa de Miami lo juzgaba de antemano como cabecilla del grupo terrorista Poder Cubano.

Los jueces federales James Kehoe y William Merthens, respectivamente, rehusaron mudar la sede con el mismo argumento de la jueza Joan A. Lenard en el caso de Los Cinco: las malas influencias se contrarrestan con la selección de jurados inmunes a ellas. Sólo que para prevenir contra la mera “probabilidad de injusticia” (In re Murchison, 1955) y bloquear la defensa cantada de sede judicial maldita, Los Cinco debieron ser enjuiciados fuera de Miami-Dade.

Antes de que la defensa solicitara trasladar el juicio al condado limítrofe de Broward, la fiscalía pudo darse el lujo de pedirlo en condado más alejado y con jurados sin ascendencia hispana que no supieran español ni leyeran, oyeran ni vieran la prensa en inglés de Miami. Pudo y debió darse tal lujo porque desde siempre tuvo un caso de espionaje prima facie, esto es: “con pruebas acusatorias suficientes para barrer con la defensa” (Hernández v. Nueva York, 1991).

Ser o no ser espía

A poco de caer diez miembros de la Red Avispa el 12 de septiembre de 1998 en redada del FBI, Fidel Castro preparó la amalgama de que infiltraba agentes en EEUU para buscar “exclusivamente información sobre las actividades terroristas contra Cuba. [No] nos interesa ningún informe sobre su dispositivo militar [ni] enviar espías a ninguna base militar” (CNN, 19 de octubre de 1998).

No hacen falta más pruebas en contrario que los mensajes entre la Dirección de Inteligencia y la Red Avispa. El FBI descifró las órdenes precisas de la DI y los ademanes concretos de la red para penetrar el Comando Sur (Miami) y las bases de Boca Chica (Cayo Hueso) y MacDill (Tampa).

Un mensaje de la DI comunicó a Giro que “la Oficina Central decidió que el Comando Sur, que pronto estará ubicado en Miami, deberá ser asignado a un grupo de camaradas: Mario [Joseph Santos], Julia [Amarylis Silverio], Gabriel [?] y Lorient [Antonio Guerrero], bajo la dirección del camarada Allan [Ramón Labañino].” En otro mensaje la DI ordenó a Lorient, quien ya había conseguido empleo en Boca Chica, “continuar con la obtención de información militar, (…) buscar nuevas relaciones y hacer más estrechas las que ya posee, con el objetivo de lograr una penetración más amplia.”

Lorient informó a Giro que había trabado amistad con un tal Brian, “hijo de un militar que es jefe en la terminal naval de la base aérea de Guantánamo (…) Debido a los lazos militares de esta relación, continuaremos desarrollándola (…) Va a empezar su servicio militar en la Fuerza Aérea [en] Texas, pero no sé a qué base. [S]eguramente nos dará importante información en el futuro.”

No importa que la red nunca obtuviera información militar clasificada ni dañara ni pusiera en peligro la seguridad nacional de EEUU. Es cosa de manual viejo que conspirar no atañe al resultado, sino al acuerdo y la intención (“Developments in the Law: Criminal Conspiracy,” Harvard Law Review, Vol. 72, No. 5, marzo de 1959, página 922). Ni siquiera viene al cuento que nunca hubo intención de dañar a EEUU, porque la conspiración para espiar se define en disyuntiva: “to the injury of the United States or to the advantage of a foreign nation” (18 U.S.C. § 794).

Así que para ser espía basta con estar al acecho a favor de nación extranjera. La sanción por ello es harina de otro costal. Hasta el veterano de la CIA Howard Hunt (1918-2007) estimaba que no tenía sentido gastar dinero de los contribuyentes en la penitencia de Los Cinco y era mucho mejor canjearlos por presos en Cuba.

La prensa y la defensa

Es irónico que el Comité Nacional (EEUU) por la Libertad de Los Cinco refiera “los explosivos artículos que aparecieron publicados en los medios de Miami, acusando al gobierno de Cuba de asesinato.” Así, la prensa de Miami habría dado pie a la mejor defensa de Giro: que como simple oficial ilegal de la DI en EEUU, obligado a cumplir órdenes de llevaitrae, no debía ser culpable vicario de una decisión tomada por el gobierno de Cuba y ejecutada por su fuerza aérea.

La cadena perpetua que arrastra Giro por el derribo de las avionetas de HAR no trae su causa eficiente de que la prensa de Miami envenenó a los jurados, sino más bien de que su abogado, Paul McKenna, no vino a defenderlo de la conspiración, sino a defender al gobierno cubano de asesinato.

McKenna sabía perfectamente —porque es cosa de manual viejo— que las claves jurídicas de toda conspiración son el acuerdo y la intención. El precedente judicial Ingram v. EEUU (1959) autorizaba para sembrar la duda razonable de que Giro no había tenido intención ni llegado a ningún acuerdo para asesinar a nadie. Sin embargo, McKenna desplegó su defensa sobre la base de que aquel derribo tan alevoso fue un acto soberano del Estado cubano dentro de su territorio y, por tanto, fuera de la competencia de los tribunales de EEUU.

No en balde a McKenna se le iría, ya en las conclusiones, que había sido una locura dedicar “dos tercios” del juicio a determinar dónde habían caído las avionetas, porque esta circunstancia era irrelevante para defender a Giro, quien precisaba abroquelarse con su íntima convicción de que Cuba procedería contra HAR lícitamente, porque de lo contrario se expondría a la represalia de EEUU.

Tampoco la prensa de Miami detonó la acusación de asesinato contra el gobierno cubano. El 25 de junio de 1996, el Congreso de EEUU pasó como ley su “condena del ataque de Cuba a aeronaves de EEUU”, que reza: “El uso de fuerza letal, fue absolutamente inapropiada a la situación que se le presentó al Gobierno cubano y constituye una flagrante y brutal violación del Derecho Internacional, equivalente al asesinato a sangre fría” (22 USC § 6046).

En contra esta ley de EEUU, y en el mismo distrito judicial (Sur de la Florida) donde ya se había juzgado el derribo como asesinato, para indemnizar a las familias de los ciudadanos americanos muertos (Alejandre v. Republic of Cuba, 1997), McKenna se jugó la suerte de Giro a que los jurados se tragaran que las avionetas de HAR fueron derribadas en territorio cubano y que el Gobierno de Cuba había actuado impecablemente tumbando a cohetazos dos Cessna frágiles y desarmadas, por considerarlas aeronaves “militares”.

McKenna contrarió también la resolución (1996) de la Organización Internacional de la Aviación Civil (OIAC) y las pruebas de que habían sido derribadas sobre aguas internacionales: los radares de EEUU con registro en memoria electrónica, el crucero noruego Majestic of the Sea y el barco pesquero Tri-Liner.

A tal efecto McKenna trajo como perito al coronel retirado George Buchner (Fuerza Aérea de EEUU), quien se apeó con unas coordenadas registradas a mano alzada en una estación cubana de radares soviéticos y facilitadas por un tal “coronel Capote”. Resulta que estas coordenadas discrepaban hasta en 10 millas náuticas de aquellas que las propias autoridades cubanas habían facilitado a la OIAC en 1996. Buchner mostró de paso una foto del MiG 29 interceptor, que lucía en el fuselaje dos estrellas rojas por “victoria en combate”.

Los jurados escucharon el “parte de guerra” del piloto: “¡Le dimos, cojones, le dimos! (…) ¡Patria o Muerte, cojones, la otra abajo también!” Rui Ferreira (El Nuevo Herald) reportó que “una monja se bendijo y comenzó a sollozar”. Esta monja y la grabación, Buchner y sus coordenadas, pero sobre todo McKenna y su defensa quijotesca influyeron más sobre el jurado que todos los medios de prensa de Miami juntos.

Coda

En su discurso de proclamación del Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado, el 6 de octubre de 2010, Raúl Castro incluyó este reproche: “Hemos brindado oportunamente al Gobierno de los Estados Unidos abundante información sobre actos terroristas cometidos contra Cuba. El caso más conocido se produjo en los años 1997 y 1998, cuando entregamos al FBI copiosa evidencia (…) Como única respuesta, el FBI en Miami (…) concentró todas sus fuerzas en perseguir y enjuiciar a nuestros compatriotas”. ¿Por qué Cuba no pidió inmunidad para ellos al momento de entregar la información?

El agente del FBI Oscar Montoto contó que, durante el traslado a la cárcel federal, Giro había lamentado la muerte de los cuatro miembros de HAR, pero culpado a su líder, José Basulto, como único responsable y aun comentado que EEUU debió tumbar las avionetas antes que Cuba. Al llegar a la prisión, el exjefe de la Red Avispa preguntó: ¿Cuál de nosotros la cagó? Montoto no respondió, pero tal parece que fueron todos.



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