Los inspectores de los inspectores

Como parte del proceso, recientemente se dio a conocer una nueva modalidad: los inspectores en precios y comercio, que controlarán la política de precios en las entidades del Estado, desde un mercado agropecuario hasta un hotel. Los primeros 113 egresados, después de jurar mantenerse incorruptibles en el combate contra el delito y las indisciplinas en nombre de los más nobles propósitos de la sociedad, firmaron su Código de Ética y recibieron sus carnés acreditativos.

Parece que el problema no se había resuelto hasta el momento porque los combatientes carecían de esa condición: los anteriores no eran integrales.

Teniendo en cuenta que la desequilibrada relación entre salario y costo de la vida no ha cambiado, es de suponer que a los recién egresados les será muy difícil vivir sin "luchar", a pesar de que juraron, poseen el carné acreditativo y firmaron el Código de Ética. Por eso, más temprano que tarde asistiremos a la graduación de nuevos suprainspectores para combatir las desviaciones de los integrales.

¿Juez y parte?

Ante esos obstáculos algunos funcionarios consideran que las irregularidades ocurren porque no hay una contrapartida estatal de supervisión que garantice la disciplina en el cumplimiento del reglamento y penalice económica y moralmente a las direcciones y empleados de esos comercios. Una sugerente reflexión que padece del arraigado mal de apuntar contra efectos e ignorar las causas.

Por ejemplo, para los directores de precios del Ministerio de la Agricultura y del Ministerio de Finanzas y Precios, la solución no es colocar un inspector detrás de cada tarima —a lo que agrego: ni tampoco delante—, sino que la administración de cada mercado ejerza el control.

Una vez puesta en evidencia la ineficacia de la espiral de inspectores, se comienza a pensar en una especie de Comisario del Pueblo. Por ejemplo, el administrador de uno de los mercados del EJT, objeto anterior de inspecciones, decidió ser juez y parte. Tomó la decisión de que los inspectores pueden realizar su fiscalización, pero acompañados por un representante de la administración del mercado.

Según Fernando Martínez, jefe de la Red Nacional de Mercados del EJT, de esa forma se evita el soborno, y si de verdad se advierte una infracción, se adoptan medidas de inmediato.

La idea es que los administradores de los centros de comercio respondan por la responsabilidad que les ha dado el Estado, lo cual presenta un gran obstáculo en su camino: sus salarios también son insuficientes para vivir, lo que los obliga a luchar y resolver para sobrevivir.

Ojalá no sea demasiado tarde cuando las autoridades decidan enfrentar las verdaderas causas que originan la falta de boniatos. Cuando eso ocurra con las actuales o futuras autoridades, es posible que muchos inspectores, integrales o no, aprovechando la implementación de los derechos y libertades ahora inexistentes, participen no como luchadores, sino como combatientes en la solución de los graves problemas económicos de la nación desde su propiedad personal, familiar, privada, cooperativa o mixta.

Entonces, como nadie se roba a sí mismo, el robo y la moral para sobrevivir dejarán espacios para el florecimiento de una ética positiva.

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