Los nuevos parásitos estatales

Con el título de “Régimen de contratación en Zona Especial del Mariel beneficia a los trabajadores”, Cubadebate publica un artículo sobre la forma de contratación y los impuestos que se descontarán del salario de los trabajadores[1]. La noticia reseña las respuestas de la funcionaria Ana Teresa Igarza, directora general de la Oficina reguladora de la ZEM en la X Feria Internacional de la Construcción. En realidad, lo más interesante de la noticia son los comentarios de los participantes en el foro de la página: los cubanos sacan cuentas y saben de sus derechos esquilmados.

Un comentarista confirmó que trabajando en la actualidad en una empresa mixta con capital extranjero, el Estado se queda con el 90 % de su salario y en ese sentido la propuesta del pago en la ZEM era un pequeño paso de avance. Otros plantearon directamente que no entendían la ausencia de contratación libre en Cuba y la existencia de las agencias empleadoras estatales, exigiendo a la vez que se les dejara de tratar como “incapaces” por el Estado.

En realidad, los funcionarios cubanos que explican los nuevos regímenes de contratación en la ZEM, pero también los que se refieren a la nueva ley de inversiones extranjeras, han declarado que las agencias empleadoras no son privativas de Cuba, y en esta aseveración se desliza una falta de información crucial sobre las agencias empleadoras en otros países del mundo.

No pondré el ejemplo más generoso de las agencias empleadoras francesas estatales, que no cobran un centavo por gerenciarle, con su curriculum, un nuevo empleo, mantener un expediente para su derecho al seguro de paro, contabilizar su retiro y respaldar las ayudas sociales. Me referiré a las agencias empleadoras privadas en cualquier parte del mundo. En primer lugar usted decide si contratar o no sus servicios, —usted es libre de contratarse personalmente sin intermediarios—, en segundo lugar le cobran un precio risible por mantener su curriculum circulando por el perfil de empresas que usted decida como cliente. Una vez contratado por alguna empresa cesa el pago a la agencia empleadora.

Las particularidades de las agencias empleadoras cubanas son una aberración con relación a sus pares internacionales. En primer lugar son impuestas por el Estado y no puede accederse a los puestos de trabajo sino a través de ellas. En segundo lugar no cobran mientras consiguen un contrato para usted sino que una vez contratado, mensualmente, tiene que pagar un alto impuesto sobre su salario mientras se mantenga en ese puesto, además, quien negocia su salario con el inversor es la agencia y no el empleado, —algo insólito en el resto del mundo—, y por último y no menos importante, dentro de la idoneidad del puesto se verifica su posición política e ideológica.

La discriminación política no existe en ninguna agencia empleadora del mundo salvo en Cuba y seguramente en Corea del Norte si existen estas agencias. Desde ya, los discrepantes y los opositores quedan excluidos de estos puestos de trabajo. La docilidad política sigue imponiéndose como un mecanismo de control social.

Los laberintos de la sobreexplotación

En el caso que nos ocupa está establecido que será un 20 % del salario el impuesto mensual para la empresa empleadora, pero seguidamente se le aplica un segundo impuesto que es la devaluación del CUC de 1-10 que significa, según los comentaristas de la página Cubadebate, un 50 % de impuesto sobre el salario del cual se apropia el Estado por la diferencia de tasa cambiaria en la ZEM y en relación a la tasa cambiaria de CADECA.

En otras palabras por la diferencia de tasa cambiaria que nadie explica por qué se realiza y por qué se aplica a personas naturales y no jurídicas, —como se había declarado en el proceso de unificación de la moneda— el trabajador contratado por la ZEM pierde un 50 % de su salario real.

En definitiva de un salario nominal de 1.000 CUC por ejemplo, el trabajador recibirá sólo un 32 %. El estado se apropia del 68-70 % del salario por la vía de la agencia empleadora y por la vía de la devaluación del CUC.

Algunos participantes del foro se refieren además a la Ley 113 que regula los impuestos sobre los ingresos y aunque el impuesto sobre el salario ha quedado suspendido desde la publicación de la ley en el 2012, por la precariedad de los salarios, los comentaristas aseguran que los trabajadores serán gravados en las nuevas condiciones de contrato en la ZEM, entre un 15 % y un 50 % sobre sus ingresos anuales porque los salarios superan los 10.000 pesos anuales según lo estipulado en la Ley 113.

Aunque estos valores de impuestos resultan desproporcionados con relación al salario real, —nadie logra resolver sus necesidades primarias con un salario de 833 pesos cubanos con los precios actuales de los productos de la canasta básica—, sería lo “normal” como en cualquier parte del mundo que los impuestos sobre los ingresos fuesen la vía real y efectiva de contribuir al presupuesto nacional.

Con otros valores, el impuesto al salario, eliminaría las agencias empleadoras parasitarias que se apropian de un porciento sustancial del salario, discriminan políticamente y se interponen a negociar con el inversor el derecho que le corresponde al trabajador cubano. Este mecanismo de control paralelo y parasitario genera burocracia innecesaria y corrupción, algo planteado también por los comentaristas.

Para los inversores es una “carga” complementaria, porque con salarios exiguos se ven precisados a dar otros incentivos a sus empleados. La cantidad de recursos destinados a la creación de las agencias y su papel de intermediario solo genera ineficiencia y un nuevo control burocrático que funciona en el sentido del control político pero no en el económico.

Hasta el momento la Central de Trabajadores de Cuba no se ha pronunciado, pero todos sabemos que si en algún momento lo hace y no mantiene su silencio vergonzante, será para respaldar con todo entusiasmo la sobre explotación de la fuerza de trabajo y la existencia de las agencias empleadoras. En los últimos cincuenta años no ha hecho más que defender los intereses del gobierno en contra de los derechos de los trabajadores.

Felizmente acaban de publicar la nueva Ley de Inversiones Extranjeras y esperamos acceder pronto al reglamento que la regula. Sin el reglamento no quedan claras “las reglas del juego” ni para los inversores ni para los ciudadanos.

No se ha publicado aún el nuevo Código Laboral aprobado por el parlamento cubano en diciembre del 2013. Sin esta ley y su reglamento se estará enviando una vez más la señal a los ciudadanos y a los inversores, que el gobierno considera a la población cubana como “súbditos incapaces” a los cuales sólo hay que reprimir y darles órdenes, una imagen muy peligrosa para los tiempos que corren en America Latina y frente al ejemplo venezolano.

[1]Cubadebate 14/04/2014

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