Actualizado: 23/07/2018 12:41
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Varadero, Vivienda, Derechos

Otro lado oscuro del «socialismo» en Cuba

Un ejemplo más de la tendencia de un capitalismo de Estado, que bajo consignas vacías de revolución, igualdad y justicia, extiende sus formas de adoctrinamiento hacia cada rincón de la Isla

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La denuncia de la violación de los derechos humanos en Cuba ha sido un tema recurrente en diferentes espacios, tanto académicos como informativos. Y los derechos asociados a la vivienda, no han asido ajenos a los reclamos.

El derecho a una vivienda adecuada es de vital importancia para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. El reconocimiento de su significación está recogido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual establece: “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia”. De igual forma, este derecho es promulgado en los artículos 17 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, (…) el bienestar, y en especial, la vivienda, (…)”.

Si bien el problema de la vivienda en Cuba ha sido una de las tantas promesas incumplidas del supuesto Gobierno revolucionario, que data desde el Programa del Moncada, todavía hoy la situación no es satisfactoria para la población. Sin contar el déficit y deterioro de viviendas[1], también percibimos un marco normativo desacertado para garantizar el derecho de los ciudadanos sobre sus viviendas. Un ejemplo es el caso de Varadero que, de forma unilateral, en 2010 dejó de ser un municipio para constituir un poblado más del municipio Cárdenas.

Por los aportes a la economía centralizada del país, provenientes del sector turístico y por la perspectiva que engloba para la inversión extranjera, Varadero es considerado una zona especial, de alta significación para el turismo. A raíz de esto, el territorio cuenta con regulaciones especiales en términos de vivienda, que son contraproducentes no solo con los derechos humanos aquí aludidos, sino también con algunos principios ideológicos que el propio sistema supuestamente defiende y de los cuales hipócritamente se vanagloria.

Algunas de esas regulaciones prohíben que los habitantes de Varadero (propietarios de sus inmuebles) vendan y/o amplíen sus inmuebles y, además, dividan las propiedades de los mismos. Esta política ha condicionado la existencia común de inmuebles donde cohabitan hasta más de tres generaciones, con sus contradicciones y/o conflictos, delante de los cuales la independencia legal no puede ser una opción para solucionarlos (tampoco la ampliación, ni siquiera dentro de su propio terreno). La propia ley y el Estado se imponen no para viabilizar los derechos y la justicia, sino como obstáculo para su respectiva consecución.

Pero el efecto de estas leyes impuestas, que demuestran la naturaleza autoritaria de la política en Cuba, trasciende hacia otros planos de la vida domestica. En este caso, hacia la economía familiar.

Un inmueble donde habitan más de tres generaciones (usual en el territorio), tendrán más gastos en el consumo de la electricidad. Por ello, se han visto muchos casos de familias que deben pagar hasta 3.000 pesos MN o más, siendo el salario medio de 740 pesos MN. Según orientaciones de la Empresa Eléctrica del territorio, cada inmueble en Varadero solamente puede tener un (1) metro-contador de electricidad, por cada propiedad legal inscrita. Eso implica, que para las familias de Varadero es más fácil ultrapasar el límite de kilowatts que serían pagos a un precio racional (300), según los bajos salarios en el país. A medida que aumenta el consumo, aumenta gradualmente el valor de los kilowatts.

La situación descrita se traduce en un injusto aumento de los gastos de las familias en electricidad, que pudiera y debiera evitarse, en aras de propiciar la justicia y equidad. Los diferentes grupos etarios que pueden convivir en un mismo inmueble no consumen de la misma manera y, sin embargo, además de ser obligados a pagar más por sus consumos, muchas personas sienten pagar valores incoherentes por el hecho de no existir formas de medir el consumo de cada grupo al interior del inmueble. Lo justo, es que cada grupo que habite en determinado espacio de la posible división física del inmueble, tenga su propio metro-contador, para que cada cual pague lo que realmente consume. De esta forma, se evitaría la obligatoriedad de alcanzar altos límites de kilowatts y, por tanto, el pago excesivo que ello implica, como resultado de una malévola política energética en el país que, además de haber forzado la población a aumentar sus utensilios eléctricos, ulteriormente condicionó el aumento de las tarifas de electricidad utilizando como justificativa el necesario fomento del ahorro[2]. Nada más similar a una vil estrategia de manipulación.

Delante de la situación descrita, cabe preguntarse: ¿Cómo protegerse estos ciudadanos de la arbitrariedad de las leyes que atentan contra el derecho sobre sus viviendas? ¿Cómo resguardarse de decisiones y leyes absurdas que atentan contra la calidad de vida, no solo en términos económicos, también sociales y subjetivos? ¿Dónde refugiarse ante un Estado que lejos de garantizar la equidad y justicia, atenta contra la materialización de las mismas?

Sin dudas, estas son algunas de las problemáticas que hoy aquejan a la población de Varadero, pero que en algún momento han sido y pueden ser extendidas a otros lugares del país, dependiendo de las circunstancias y los intereses estatales. De hecho, otras zonas especiales cuentan con particulares regulaciones que lesionan el ejercicio de derechos y libertades (movilidad dentro del territorio, por ejemplo). No demuestran estas problemáticas descritas, algún ejemplo de socialismo, salvo aquel que se enmaraña como herramienta de poder disciplinar de las masas. Mas que todo, esta situación constituye otro ejemplo de la tendencia de un capitalismo de Estado, que bajo consignas vacías de revolución, igualdad y justicia, extiende sus formas de adoctrinamiento hacia cada rincón de la Isla, haciendo de este territorio (y otros), más un lado oscuro del “socialismo” en Cuba.

Hans Carrillo Guach Sociólogo es profesor en la Universidade Federal de Goiás, Brasil.


[1] Según datos oficiales del Instituto Nacional de Vivienda, así como declaraciones de la Directora general de la Vivienda, Vivian Rodríguez Salazar, en sesiones de trabajo de comisiones de diputados, previo a la VIII legislatura del Noveno Período Ordinario de Sesiones, de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

[2] Ver: http://www.granma.cu/granmad/2010/10/29/nacional/artic05.html


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