Actualizado: 07/12/2022 17:02
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Petróleo

Política, petróleo y sentido común

La abismal diferencia entre lo que quisiera la congresista y lo que se puede lograr

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Leo en El Nuevo Herald, de Miami, que “La representante republicana Ileana Ros-Lehtinen dijo esta semana que volverá a presentar una legislación destinada a evitar que “el régimen cubano se convierta en un magnate petrolero del Caribe”. Con todo el respeto que me merece la congresista, como todo líder democráticamente electo, me pregunto cómo ella podría evitar eso realmente.

Que El Nuevo Herald no responda a esta interrogante no es noticia, pues basta que tal información resulte agradable a la militancia del Versailles para que se publique sin un verdadero análisis de su viabilidad.

El hecho de que “El proyecto de ley no tiene una contraparte similar en el Senado, de acuerdo con miembros del equipo de Ros-Lehtinen”, no preocupa a los tremendistas del sensacionalismo, que no tienen en cuenta que en Estados Unidos, para que una propuesta se convierta en ley, necesita, además de su aprobación en ambas cámaras, la firma del proyecto por el Presidente. En otras palabras, la propuesta, en estas condiciones, se parece demasiado a un merengue en la puerta de un colegio.

Se pretende evitar que el régimen cubano se convierta en magnate petrolero. ¿Son peores los generales cubanos que los príncipes sauditas, los corruptos nigerianos, los ayatolas iraníes, los dictadores africanos, o los déspotas asiáticos? Mejor hablemos de realpolitik y no de “calleochopolitik”, que no tiene nada que ver una cosa con la otra.

No tiene la menor importancia si nos gusta o nos molesta que en la cuenca submarina del Golfo de México resulta cada vez más evidente que hay suficiente petróleo para motivar a las empresas españolas, noruegas, hindúes, malayas, vietnamitas o rusas a arriesgar su capital en la aventura: si las empresas estadounidenses no lo hacen no es porque crean que es un riesgo absurdo, sino porque el embargo se los prohíbe.

Que en Cuba haya una dictadura o una “revolución” no modifica para nada la cantidad de barriles de petróleo bajo el mar. Y no existen salvaguardias legales de ningún tipo para impedir que un país explote sus recursos naturales como considere oportuno.

En la misma medida que las compañías extranjeras respeten las restricciones establecidas por el embargo norteamericano en lo concerniente a los componentes de la maquinaria para la prospección y las perforaciones, o cualquier otra que resulte aplicable, Estados Unidos, simplemente, puede hacer muy poco más para evitar el avance del proyecto petrolero submarino cubano.

La posibilidad de presionar a posibles socios de La Habana para interrumpir el proyecto no parece demasiado promisoria, dada la envergadura de las reservas de hidrocarburos que estarían en juego y que no todos los eventuales asociados dependen en la misma medida de sus relaciones comerciales con Estados Unidos.

Otra cosa serían las condenas morales al régimen que se puedan esgrimir, alegando que las riquezas que pueda producir ese petróleo no se revertirán en mejores condiciones de vida para el pueblo cubano ni en más y mayores libertades democráticas.

Tales condenas morales podrían señalar el carácter opresivo de la dictadura y denunciar una vez más ante el mundo las difíciles condiciones económicas, políticas y sociales en que viven los cubanos de a pie, pero en ningún caso podrían impedir que la gerontocracia y la nomenklatura se convirtieran en magnates petroleros del Caribe, pues las compañías petroleras en el mundo, por regla general, no se caracterizan por sus preocupaciones filosóficas abstractas sobre libertades individuales y valores existenciales.

La cuenca petrolera submarina del Golfo de México es una realidad; se trata de recursos naturales con demarcaciones establecidas hace años por un tratado internacional, bajo el nombre de Zona Económica Exclusiva, a favor de Cuba, Estados Unidos y México, que comparten ese Golfo. Esa distribución territorial no tiene nada que ver con que si en La Habana gobiernan personas democráticamente elegidas por su pueblo o si llegaron al poder en 1959 y se aferran a él por todos los medios posibles.

Lo verdaderamente preocupante para las naciones limítrofes es que se produjera un accidente, similar al de la plataforma Deepwater Horizon de la British Petroleum el año pasado, que produzca una catástrofe ecológica que afecte a cualquier país o a varios simultáneamente.

El Gobierno cubano, que sabe perfectamente que sin garantías adecuadas de seguridad tecnológica su proyecto petrolero submarino es inviable y no lograría la participación extranjera con el know-how y el capital imprescindibles, ha declarado en varias ocasiones estar dispuesto a negociar con Estados Unidos y México los mecanismos de cooperación para cualquier caso de accidentes y desastres en su proyecto petrolero submarino.

Esta cooperación no solamente es posible, sino conveniente, y hasta obligada, si se piensa realistamente. Nada impide que los tres países coordinen esfuerzos para prevenir o para enfrentar una debacle, de la misma manera que se coopera habitualmente, por ejemplo, entre los institutos de meteorología de Cuba y Estados Unidos en casos de huracanes.

Si la prospección petrolera submarina cubana comenzara sin que existan coordinaciones previas o sin establecer mecanismos apropiados de cooperación para enfrentar eventuales desastres, Estados Unidos estaría corriendo un colosal riesgo ecológico, sobre todo en los estados del Golfo de México, incluyendo La Florida.

Parecería mucho más realista presionar al Gobierno de Estados Unidos para establecer los indispensables mecanismos preventivos y de respuesta en casos de catástrofe, que dedicar esfuerzos a tratar de impedir que “el régimen cubano se convierta en un magnate petrolero del Caribe”.

Porque, entre otras cosas, mientras lo primero es imprescindible, lo segundo es ilusorio.


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