Primer Informe del Grupo Consultor de la Sociedad Civil Cubana

En una apretada síntesis los temas que describen la situación de Cuba a finales de 2013 pudieran resumirse en dos palabras: reforma y represión.

Las reformas se han dirigido mayormente hacia la dirección adecuada, pero de forma superficial y a una velocidad excesivamente lenta. Además de intentar cumplir el objetivo de paliar la situación económica producida por años de voluntarismo y menosprecio a las más elementales leyes económicas, las reformas tratan de formalizarle a los emprendedores el mínimo espacio que ya venían conquistando desde la ilegalidad, quizás para que no se sientan incentivados a abandonar el país ni a pasar a la oposición.

La represión se ha caracterizado por el aumento de las detenciones breves y arbitrarias y por el mantenimiento sistemático de los actos de repudio en los que una parte de la población es conducida, mediante presiones y estímulos a agredir e insultar a otros ciudadanos que de forma pacífica expresan su disconformidad con la política gubernamental. Esto, sin dudas, constituye una incitación a cometer actos calificables como delitos de odio. Uno de los objetivos de la represión es aislar a los opositores y aterrorizar a los disconformes que aún no se han atrevido a traspasar la difusa frontera entre lealtad y oposición.

Una reforma para demorar el cambio e ilusionar a emprendedores

Es harto conocida de todos la lista de aspectos que sustantivan las reformas implantadas por el general Raúl Castro desde que formalmente asumió el mando del país a comienzos de 2008:

El libre acceso a la telefonía celular, el permiso para hospedarse en hoteles, la compra-venta de autos y casas, la ampliación de la lista de trabajos autorizados a cuentapropistas, la extensión de entregas de tierra en usufructo, la abolición del Permiso de Salida y del concepto de Salida Definitiva, la apertura de la red Nauta para conexión a Internet, las llamadas cooperativas no agropecuarias, la permisibilidad de contratar mano de obra, la tácita aceptación del profesionalismo en el deporte y otras medidas de mayor o menor calado, pudieran levantar una corriente de optimismo para creer que los cambios podrían anticipar finalmente El Cambio.

El límite que lastra esta plataforma cambista es que no llega a lo esencial. Al no aceptar de manera explícita la propiedad privada sobre los medios de producción, ni tampoco la actividad de comerciante en su sentido más amplio, impide la aparición de pequeñas y medianas empresas que generarían la aparición de una clase media nacional. Falta un compromiso político que deje claro que la prosperidad no será criminalizada. La decisión de que no se permitirá la concentración de la propiedad, planteada con toda claridad en los lineamientos del 6to Congreso del PCC, deja un marco muy estrecho y se convierte en una auténtica camisa de fuerza para el desarrollo de la nación fuera de los agotados caminos del socialismo.

La economía del país sigue siendo un feudo de las decisiones estatales, especialmente el comercio exterior, la industria y la banca. Las deudas entre las empresas, las plantillas infladas, la improductividad, la falta de diversidad, la ausencia de iniciativa resultan aún signos distintivos de lo que burocráticamente se denomina como “sector estatal”.

Por otra parte, la dualidad monetaria, la insuficiencia del salario como medio de subsistencia, los impuestos excesivos, los precios inaccesibles de productos de primera necesidad y la corrupción generalizada crean una atmósfera de desconfianza e inseguridad que aleja a posibles inversionistas foráneos.

Hasta tanto no se disponga de una base jurídica sólida que consagre el derecho a la propiedad y ofrezca garantías a los emprendedores nacionales, las reformas se verán con recelo y suspicacia, como meros instrumentos para ganar tiempo y mantener en el poder a la élite gobernante. No obstante dichas reformas han tenido consecuencias reales sobre las opciones de vida de la población. El hecho de que cerca de 400 mil cubanos dedicados al trabajo por cuenta propia ya no dependan del Estado abre perspectivas sociológicas que eran impensables hace apenas una década.

En esta dinámica de reforma y represión el cuentapropista es mirado desde los sectores más radicales del oficialismo como un mal necesario; alguien muy alejado de la utópica aspiración del “hombre nuevo”; una mala hierba que se había intentado extirpar desde la Ofensiva Revolucionaria de 1968 y que ahora resurge como una nueva clase para subrayar las inevitables desigualdades sociales. Paradójicamente, desde los sectores más radicales de la oposición el cuentapropista suele ser calificado como un “cómplice de la dictadura” que ni protesta ni colabora con ninguna acción contestataria con tal de mantener a flote su negocio. En realidad, con sus luces y sus sombras, el cuentapropista es el signo más dinámico de este momento. Su existencia y crecimiento desmiente todo el discurso político de medio siglo.

A mediados de 2013 y como parte de estas reformas, el Gobierno cubano anunció la apertura de 118 puntos de acceso a Internet a lo largo de todo el país. Bajo el nombre de Nauta, el nuevo servicio incluye correo electrónico y navegación a precios que oscilan entre 1,50 CUC y 4,50 CUC la hora de conexión. La medida, insuficiente pero bienvenida, permitió que más de 100.000 cubanos en apenas dos meses se convirtieran en usuarios de este servicio. Sin embargo, tal flexibilización no llenó las expectativas en relación con el cable de fibra óptica entre Cuba y Venezuela. La mayoría de los consultados al respecto, esperaba que se hubiera permitido el acceso a Internet —sin considerandos ideológicos y en moneda nacional— desde las casas.

Aún así se puede hablar de un aumento de nuevas alternativas de conectividad fomentadas por el desarrollo de la tecnología más que por la permisividad del Gobierno. La aparición de redes inalámbricas de intercambio de ficheros; la consagración de la memoria USB como mecanismo de traspaso de información; los llamados “combos” o “paquetes” de audiovisuales que circulan en mercado cuentapropista o ilegal y las perseguidas antenas parabólicas para captar la señal televisiva de países cercanos, entre otros, son algunos de los caminos paralelos usados por la población cubana para acceder a noticias, documentales, libros digitales e información sacada de sitios webs.

La prensa oficial ha abierto algunos espacios de crítica y debate en el último lustro. Entre ellos las páginas de cartas a la redacción del periódico Granma. La aparición también de secciones de análisis de cuestiones de interés nacional en los noticiarios televisivos, apuntan a una intención de acercarse a la realidad pero sin aludir ni a la falta de legitimidad de los gobernantes ni a la inviabilidad del sistema. En consecuencia, sigue existiendo un estricto monopolio partidista sobre los medios de difusión masiva. No ha habido avances legales en cuanto a permitir la existencia de una prensa no asociada al Partido Comunista. Sin embargo, en el último lustro ha aumentado considerablemente el número de páginas de Internet, boletines, publicaciones periódicas y blogs hechos desde el sector crítico y sin permiso oficial.

La represión como control de ciudadanos sin derechos

La principal asignatura pendiente de las llamadas reformas raulistas está en el campo de los derechos políticos y sociales. La libertad de expresión y de asociación son las más quebrantadas, pero también persiste la afectación a la libertad de culto y, a pesar de modestos avances, se mantienen signos de discriminación racial, de género y debido a preferencias sexuales.

Las integrantes de las Damas de Blanco, los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, los activistas de la Demanda Ciudadana Por Otra Cuba que exigen al Gobierno la ratificación de los pactos de derechos y numerosos periodistas o bibliotecarios independientes han sido víctimas del acoso policial. No han faltado las agresiones verbales, las amenazas, los golpes y vejaciones de todo tipo. Según datos documentados por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, desde enero de este año hasta la fecha en que se presenta este informe, las detenciones arbitrarias rondaban la cifra de 4.000, dato que habrá que sumar a los 12.800 casos reportados desde 2010, año en que comenzó la excarcelación de los presos políticos de la “Primavera Negra”.

La vida espiritual del pueblo cubano, rica en matices y tradiciones, se vio bruscamente lastimada por décadas de la imposición oficial del ateísmo. Solo a partir de 1991 se dieron señales de alguna tolerancia pero todavía se mantiene la existencia de un rígido control ejercido desde la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del PCC. Esta entidad, a pesar de estar legitimada como una instancia partidista, cumple funciones gubernamentales por encima de jerarquías religiosas o de asociaciones fraternales, regulando permisos para la reparación de templos, importación de bienes, autorización de cuentas bancarias y otras gestiones administrativas, cuyo principal propósito es el de poner condiciones políticas al desarrollo de las vida espiritual.

El tema de la discriminación racial en Cuba no puede reducirse a la simple comparación con los tiempos anteriores a la revolución. A contrapelo de acuerdos partidistas y resoluciones ministeriales, la población penal cubana sigue siendo mayoritariamente negra y lo mismo puede decirse de las personas con menos ingresos. Son además los que tienen menor presencia en los entornos académicos, científicos, diplomáticos y políticos. En los medios de difusión, en la publicidad comercial (escasa, pero existente) la presencia del abanico racial no se corresponde, ni se acerca, al mestizaje que nos identifica.

En lo referente a la discriminación por motivo de género o de preferencia sexual, cabe apuntar que los roles de la masculinidad siguen siendo los preponderantes, con un discurso en el que la virilidad se expresa como virtud. Hay una sola organización femenina autorizada que funciona con el clásico esquema de ser polea de transmisión para imponer a las mujeres lo que resulta conveniente para el Estado según las circunstancias, ya sea la incorporación al trabajo o la lactancia materna. Sólo en los últimos años, de forma tímida y tardía, se ha venido promoviendo la aceptación de la diversidad de preferencias sexuales, pero no se admite que estas propuestas partan del interior de la comunidad LGBT, sino que son las instituciones oficiales las que dictan lo que se debe hacer y hasta donde se debe llegar.

El ideologizado sistema nacional de educación convierte la más inocente clase de lectura en la enseñanza primaria en un adoctrinamiento político que los padres no pueden impedir. El lema de que “la universidad es para los revolucionarios” no es el simple slogan de una organización estudiantil, sino una política oficial. Todavía hoy ocurren casos de estudiantes universitarios que son separados de sus carreras sin apelación posible por motivos políticos y muchos más los que se ven obligados a llevar una máscara de simulación para poder terminar sus estudios.

Respuestas ciudadanas a la reforma y a la represión

En todo este tiempo ni la sociedad civil alternativa ni los grupos de la oposición política han logrado articular una respuesta efectiva ante la insuficiencia de las reformas ni frente a los desmanes de la represión. El partido-gobierno que rige los destinos del país, o que al menos intenta conducirlos, tiene una plataforma basada no ya en una ideología, sino más bien en un estribillo, que repite sin cesar: Orden, Disciplina, Exigencia. En medio de un panorama de deterioro y pérdida de principios éticos y morales, la tardía lucha por rescatar estos valores forma hoy parte indisoluble de las consignas gubernamentales. Esta batalla es fruto de un secuestro hecho al discurso de la oposición, lo mismo puede decirse de la reforma migratoria, y de la mayor parte de las medidas tomadas por el Gobierno, aplicadas, eso sí, de forma mediatizada sin la profundidad propuesta en su momento por los opositores.

El reto de la sociedad civil y la oposición pacífica no es ahora negar la existencia misma de las reformas, sino aprovecharse de ellas de forma creativa. No se trata de aplaudirlas acríticamente sino de señalar sus insuficiencias y desenmascarar sus trampas, que son muchas. Frente a la represión solo queda la resistencia ciudadana y pacífica; la denuncia oportuna y verídica de cada hecho y la solidaridad de quienes tienen la posibilidad de que su mensaje sea escuchado por otros.

Existe una gran diversidad entre los proyectos que acomete la sociedad civil cubana y se aprecia una tendencia leve, pero creciente a encontrar puntos comunes, aunque en principio solo sean mínimos consensuados. Entre ellos se destacan la exigencia por el respeto a todos los aspectos enumerados en la Carta de Derechos Humanos, la vocación por la democracia, el respeto irrestricto a la pluralidad de tendencias y la renuncia a la violencia. Este primer informe, que no pretende abarcarlo todo, es un modesto intento de comprender los problemas desde una óptica compartida, es una invitación al debate y a la búsqueda de soluciones.

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