Raúl Castro, cinco años después (II)

La realidad cubana es compleja y contradictoria. No puede ser de otra forma para un país que ha permanecido bajo la férula del totalitarismo durante 52 años, con un tejido social metódicamente destruido y un ejército de funcionarios y burócratas listos para defender sus intereses y privilegios ante cualquier cambio por temor a perderlos. Como esbozó el Presidente en el discurso a la pasada Asamblea Nacional, oponen todo tipo de obstáculos a las transformaciones, aprovechándose para ello de la mentalidad, hábitos y prejuicios fomentados durante tanto tiempo. Un panorama aún más complicado, pues en el heterogéneo sector reformista están presentes vacilaciones ante el temor que la dinámica de los cambios se vaya fuera de control y puedan perder el poder como sucedió en el este de Europa.

Los resultados de las vacilaciones están a la vista. La cuestión no es hacer reformas, sino las transformaciones requeridas, sin los prejuicios contra la propiedad privada, el mercado y el mantenimiento de la camisa de fuerza del fracasado sistema de planificación centralizada. Resulta imposible, como se pretende, actualizar un modelo económico, político y social que obstruye el desarrollo de las fuerzas productivas. Las reformas realizadas hasta el momento han fracasado precisamente por sus concepciones limitadas y cargadas de prohibiciones y cortapisas.

Ante la realidad del fracaso de un cuentapropismo de subsistencia, que ha obligado a extender a cinco años el necesario programa de reorganización laboral, y un sistema de entrega de tierras en usufructo que con tres años de implantación no ha impulsado la producción agropecuaria, se implementan nuevas medidas flexibilizadoras, que podrían traer algunos beneficios, pero mantienen sus características de insuficiencia y una visión aún no integral de la economía.

Rebajar los precios de los artículos y ofrecer créditos en moneda nacional a los campesinos no resuelve los problemas de una agricultura atrasada e improductiva. Medidas de mayor alcance como la posible ampliación de las entregas de tierras en usufructo a 5 caballerías (67,1 hectáreas), hacer indefinido el período de concesión de la tierra y permitir la construcción de viviendas en ellas, deben acompañarse de la solución de los problemas de la comercialización de los productos agropecuarios y la disolución del monopolio estatal del Acopior, así como terminar la dependencia obligatoria de los productores a las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) que, se conoce bien, están supeditadas a la oficialista Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Si grupos de campesinos desean organizarse en cooperativas independientes, como han manifestado algunos, o mantenerse como productores independientes, debe permitirse. Por supuesto si determinadas personas consideran conveniente permanecer en las actuales CCS y mantener sus vínculos con la ANAP también deberían tener ese derecho. No obstante, resulta antidemocrático e injusto el Artículo 2 del Decreto No. 282 del Reglamento para la Implementación de la Entrega de Tierras Ociosas en Usufructo, que obliga a obtener un aval de las CCS para solicitar tierras y pertenecer a estas organizaciones donde estén ubicadas cuando reciba las tierras.

En el caso del trabajo por cuenta propia, las medidas flexibilizadoras han sido todavía más insuficientes. Reanudar la venta de útiles para la actividad de cuentapropia en tiendas minoristas, tales como freidoras, parrillas y planchas de grillar, cafeteras o sartenes eléctricos, tanto a un cuentapropista como a cualquier ciudadano común, no es una solución. Mucho menos lo es la rebaja de los precios de los productos en envases mayores utilizados por los cuentapropistas, vendidos en tiendas minoristas. Realmente más alcance parece que tendrá la posible anulación del impuesto a la utilización de fuerza de trabajo hasta 5 personas. Pero al parecer se mantendrán los altísimos impuestos cuando sea mayor la cantidad de empleados, con contribuciones progresivas que podrían hasta llegar a ser superiores a los salarios pagados. Esto indica el mantenimiento de la concepción de solo permitir negocios bonsái, de bloqueo a la posible aparición de pequeñas y medianas empresas (PYMES), por lo cual la actividad continuaría siendo de poca relevancia para el desarrollo del país.

En el terreno político, también afloran las contradicciones y la inconsecuencia. Mientras el presidente Raúl Castro el 1 de agosto señaló la voluntad gubernamental de actualizar la política migratoria vigente, dirigiéndose fundamentalmente a la comunidad cubana en el exterior —principalmente en Estados Unidos—, y expresó que “casi todos preservan su amor por la familia y la patria que los vio nacer y manifiestan de diferente forma su solidaridad hacia sus compatriotas”, solo 4 días después el Tribunal Supremo Popular ratificó la injusta sentencia contra el ciudadano norteamericano Alan Gross, por supuestamente introducir en Cuba medios de info-comunicaciones, al parecer entregados a grupos judíos. Enfermo y con serios problemas familiares, ya ha cumplido 21 meses de reclusión.

Esta acción servirá de inestimable regalo para quienes en Estados Unidos laboran intensamente por eliminar las medidas adoptadas por el Presidente Obama para propiciar el acercamiento de las familias cubanas y la asistencia humanitaria a través de las remesas para una población urgentemente necesitada de ayuda. Si triunfaran esos propósitos no solo se volverían a dificultar los contactos entre ambos lados del Estrecho de la Florida, sino que también sería un golpe muy fuerte a la incipiente iniciativa privada en Cuba muy dependiente de esas remesas, como demuestra un reciente estudio realizado por Manuel Orosco, del Inter-American Dialogue, y Katherine Hasing, de City University of New York, quienes recientemente visitaron el país. La muestra realizada por ellos indica que como base de los recursos disponibles para iniciar un negocio, el 62,0 % de los consultados señalan las finanzas de amigos y familiares en el exterior.

Las palabras del Presidente, aunque positivas al reconocer el valor de los cubanos residentes en el extranjero y representar un paso para el inicio de futuras conversaciones para su eventual participación en la reconstrucción, una realización que necesitará algo más que palabras, se contradicen nuevamente con los tozudos hechos, quizás impuestos por los “duros” del régimen, siempre listos a bloquear cualquier acercamiento a Estados Unidos, o por los viejos hábitos de negociar desde posiciones de fuerza.

Emitir una valoración de los resultados de los 5 años de Raúl Castro en el poder no es una tarea fácil, pero indudablemente existe una Cuba distinta a la anterior al 31 de julio de 2006. Con todas sus inconsecuencias, contradicciones y limitaciones se ha abierto un proceso de reformas y será muy difícil que alguien pueda detenerlo. La mentalidad del cubano ha cambiado sustancialmente hacia un consenso masivo sobre la necesidad de transformaciones, lo que constituye posiblemente lo más importante acaecido en esta etapa.

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