Rehenes

En un oscuro pasillo del edificio donde radica la Dirección Provincial de Salud Pública en La Habana (calles 21 y O, Vedado), suelen reencontrarse cada miércoles y viernes. No logran verse bien las caras, pero ya se conocen. Muchos han llegado a intimar luego de varios años de coincidencia. Todos están unidos por una misma desgracia. Son rehenes. Sin la esperanza del rescate. A pesar de que se cuentan por cientos, sólo en la capital. La cifra total del país se desconoce.

Una entre tantos: mujer de edad madura, técnico en farmacia con 24 años de profesión, acude allí semana tras semana porque su hijo, que reside en España, está esperando por ella para someterse a una operación quirúrgica. Desde hace tres años solicitó liberación temporal del sistema de salud pública, sin lo cual no se le permite ir de visita al extranjero. Y allí la mantienen, en lo oscuro, esperando una respuesta que no llega, anegada por el estrés de tanto tiempo en tensión, sin saber qué hacer ni a quién pedir ayuda.

Otra mujer, médico en activo en el hospital habanero Calixto García, aguarda por su liberación definitiva desde hace seis años y medio. Quiere irse a vivir a Estados Unidos, pero no la liberan. Lo peor es que mandó a la familia por delante. Y asegura no haber tenido ni un minuto de sosiego durante los últimos tres años: sola, a punto de enloquecer y sin solución a la vista.

Otra más: cuando trabajaba como médico internacionalista en Guyana, conoció a su actual esposo, un médico guyanés, quien vino con ella a sentar residencia en La Habana. Pasado el tiempo, el matrimonio, que ya tiene dos hijos, decidió ir a probar suerte en Guyana. Pero es un proyecto frustrado, porque a ella no la liberan para viajar. No obstante, continúa aguardando en el oscuro pasillo, pues dice estar dispuesta a vencer por cansancio a sus captores.

En torno al oscuro pasillo

Hay otra que ni siquiera planea viajar al extranjero. Después de haber servido como médico durante toda su vida de adulta, sintió que deseaba abandonar el sistema nacional de salud pública, digamos, para cambiar de aire. Pero no la dejan. Desde hace cuatro años y medio no ejerce su profesión. Tampoco la liberan para que le sea permitido desempeñar legalmente una labor alternativa. Entonces, vive al pairo, sin oficio ni beneficio, y sin frijoles en la olla.

Y otra, sólo una más entre un montón: junto a su familia fue favorecida por el llamado "Bombo", que otorga visas a los cubanos mediante sorteos realizados por la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Desde entonces, hace cinco años, espera que la liberen para restaurar la estabilidad en su hogar.

Alejados de la madre, su hija de nueve años se convirtió en adolescente y su hijo de 12 años, en hombre. Jamás se han vuelto a ver, sólo en fotografías. Pero siguen soñando con la reunificación. Mientras, esta especialista en Medicina General Integral cuenta sus interminables días y noches cubriendo guardias de urgencia en un policlínico, puesto al que fue trasladada, como velada variante de castigo, tan pronto manifestó interés por emigrar.

Su vida, al igual que la de cientos de médicos, enfermeras y técnicos de la salud, gravita en torno al oscuro pasillo de la Dirección Provincial de Salud Pública, adonde acude cada semana con la esperanza de que los abogados del cuarto piso le ofrezcan algo más que evasivas y trabas burocráticas.

Ni siquiera se les dispensa la información imprescindible. Ninguno de ellos conoce cuánto tiempo puede durar su proceso para la "desvinculación". No tienen claro cuáles son los derechos que le otorga la ley, ni a quién podrían acudir para exigir con éxito el cumplimiento de tales derechos, en caso de que fueran contemplados.

Sea para la salida temporal o definitiva del país (la variante definitiva es otra imposición de los captores), sea para traslado de profesión o de ministerio, o para simples solicitudes de bajas por razones diversas, sus demandas parecen ser acuñadas dentro de la clasificación "zeta". No está prevista una fecha tope para concluir la tramitación. Si acaso existe, es únicamente en teoría.

Los solicitantes creen haber oído decir que el intervalo establecido para la liberación de los técnicos es de tres años. Para los médicos, dicen haber oído decir que en principio eran cinco y ahora son diez años. Pero en la concreta no disponen de más información ni de mayor consuelo que lo que comparten unos con otros, acosados por la estrechez de aquel pasillo en penumbras.

No obstante, saben que nada de cuanto se diga, incluso nada de cuanto pueda aparecer registrado en disposiciones y en leyes, resulta de necesario cumplimiento para su caso. El régimen, en general, y las autoridades de la Salud Pública, en particular, los ven como enemigos, traidores —aunque no sea más que por aquello de que quien no está conmigo, está contra mí—. Y como tales se les trata, cobrándoles rescate por adelantado y en especia: con frustración, dolor y desamparo. A nada más tienen derecho. Son rehenes.

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