Actualizado: 19/10/2017 11:37
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Demandas

Sin dinero para pagar fallos contra Cuba

No todos los fondos bloqueados están disponibles para una víctima del régimen de La Habana, porque no constituyen un valor cubano

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Los seguidores de Fidel Castro lo llaman robo, pero las víctimas del Gobierno cubano lo denominan justicia.

Familiares de esos seres queridos que han muerto luchando contra el gobierno socialista han recuperado millones de dólares desde el año 2000, sacándole partido a bienes cubanos congelados en EEUU.

Pero ya no quedan fondos a los que puedan optar, declaró Joseph DeMaria, un abogado de Miami que colaboró en la recuperación de 47 millones de dólares en 2006.

“Creo que queda muy poco”, apuntó DeMaria en una entrevista. “No le veo nada positivo a continuar reclamando esos activos. La mayor parte de los fondos se ha agotado, y pienso que cualquier otro fondo que se ha creado se maneja de manera tal que permanece en el exterior y fuera del alcance de EEUU.”

DeMaria es un abogado defensor que trabaja para el bufete Tew Cardenas, que representó a la familia de Howard F. Anderson, un empresario norteamericano fusilado en Cuba en 1961.

DeMaria procedió a favor de la familia Anderson, y fue a la búsqueda de los activos cubanos apelando a la Ley de Seguro contra el Riesgo del Terrorismo (Terrorism Risk Insurance Act) de 2002, aprobada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York.

Esta ley permite que aquellas personas que cuenten con fallos a su favor contra la otra parte “terrorista” puedan reclamar los bienes de “cualquier organismo o institución que sirva de mediadora de esa parte terrorista.” La ley también dispone que estos activos puedan utilizarse para satisfacer fallos por daños compensatorios.

Cuba está considerada parte terrorista debido a que aparece en el listado anual de naciones patrocinadoras del terrorismo emitido por el Departamento de Estado.

La Oficina del Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control —OFAC) de Estados Unidos elabora con regularidad informes sobre valores bloqueados. El de 2009 vinculaba 223,7 millones de dólares a Cuba. Sin embargo, DeMaria señaló que no es tan sencillo reclamar esos activos, pues no son necesariamente propiedad del Gobierno cubano.

“Hay mucho dinero moviéndose entre Cuba y el resto del mundo”, dijo el abogado. “Y la mayor parte de ese dinero, al atravesar el hemisferio occidental, si se mueve por transferencia bancaria, tendrá que pasar por Nueva York en algún momento. Lo que sucede, entonces, es que los bancos encuentran la palabra Cuba o La Habana y automáticamente congelan la transferencia. De manera que cuando ven esos activos bloqueados, la gente piensa que ahí está todo ese dinero para reclamaciones, cuando gran parte está bloqueado por las regulaciones, aunque no está disponible para una víctima de terrorismo porque no constituye un valor cubano. Pudiera ser un activo de alguien en Londres que le está enviando dinero a una persona en Cuba, y que la transferencia ha quedado atrapada en el congelador”.

“Así que tienes que revisar todo ese mundo de activos bloqueados, que bien pudieran ser unos cuantos cientos de millones de dólares, y entonces debes concentrarte y decir: ¿cuántos representan valores cubanos? Y creo que queda muy poco de esos fondos.”

Gran parte del dinero cubano obtenido a lo largo de la última década comenzó a concentrarse en la década de los sesenta en bancos de Nueva York, apuntó DeMaria.

“Se trataba de dinero que AT&T debía a la compañía de telefonía cubana”, señaló. “La compañía de telefonía cubana, una vez Castro obtuvo el poder, pasó a formar parte del Ministerio de Comunicaciones y, por tanto, del Gobierno cubano. Así que el asunto fue, mira, es dinero cubano que podemos dejar ahí congelado durante 20 años más o menos y obtener un gran porcentaje en intereses”.

Pero no quedó claro cómo los abogados iban a conseguir ese dinero, hasta que el Gobierno de Clinton decidió aprobar una ley que les permitiría utilizar cuentas bancarias congeladas para compensar a las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

Hermanos al Rescate es un grupo anticastrista y a favor de la democracia en Cuba radicado en Miami. En 1994 aviones de combate cubanos derribaron dos de las avionetas del grupo, matando a cuatro personas.

Los familiares de las víctimas obtuvieron más tarde una sentencia a su favor que representaba una compensación de 187,600 millones de dólares y quisieron el dinero de las cuentas congeladas.

“En realidad, el Gobierno de Clinton se oponía al grupo Hermanos al Rescate, y decía no, no, no, y queríamos que fuera el Departamento de Estado el que controlara estos fondos, para que pudiéramos utilizarlos algún día con fines políticos si intentábamos reconciliarnos con Cuba”, declaró DeMaria.

Pero en 2000 los republicanos en el Congreso aprobaron una ley que obligó al presidente Bill Clinton a transigir y permitir que los familiares de las víctimas fueran compensadas a través de estos fondos bloqueados.

“Así que de ese dinero que siempre estuvo ahí, la primera porción importante fue a parar a Hermanos al Rescate: alrededor de 90 millones de dólares”, dijo el abogado. “Ahora todo se ha movido rápidamente y todos están intentando demandar a Cuba. Cuba no se presenta a ninguno de estos juicios. Así que si se les demanda en un tribunal estatal o federal, pierden por incomparecencia. Y estos jueces seleccionados imponen estas enormes compensaciones de cientos de miles de dólares. Luego tienes que intentar obtenerlas y ahí es donde aparecemos nosotros. Así, fuimos contratados por los Anderson para interceder, y sabíamos, tras repasar los archivos del caso de Hermanos al Rescate, que quedaba más dinero”.

DeMaria llevó el caso a Nueva York para reclamar los activos cubanos que JP Morgan Chase había congelado.

“Ahí fue donde tuvimos que litigar”, declaró. “Y luego apareció otra familia, la Weininger, que tenía una demanda de unos veintitantos millones de dólares. Nuestra demanda era de cerca de $60 millones. Para resumir, obtuvimos al final un acuerdo de dividirlo y la familia consiguió sus veintitantos millones y nosotros sacamos $40 millones y algo”.

Janet Weininger batalló por el dinero en nombre de su padre, Thomas “Pete” Ray, un piloto de la CIA cuyo avión fue derribado en Cuba durante la invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

Weininger tenía seis años cuando vio a su padre por última vez. De adolescente comenzó a investigar su muerte. Finalmente descubrió que el avión de su padre había sido abatido en Cuba y que su cadáver estuvo depositado durante 18 años, según informes, en un congelador en La Habana.

“Declaraciones de testigos establecieron que, con cierta frecuencia, oficiales de alto rango del Gobierno cubano retiraban el cadáver del congelador para burlarse de él y colocarle los pies sobre la cabeza”, señalaba un documento de 2004 presentado en el juicio.

Un cubano, denominado Enrique Rivero, testificó que vio retirar el cadáver de Pete Ray “muchas veces entre 1961 y 1962… En numerosas ocasiones vi cómo oficiales uniformados del Gobierno escupían sobre el cuerpo de Pete Ray y le daban patadas…”

Los funcionarios también insultaban al cadáver y un comandante del Ejército, presuntamente, orinó sobre él”, dijo Rivero.

DeMaria declaró que el cadáver de Anderson también había sido maltratado.

Un tribunal revolucionario había condenado a Anderson de conspiración para introducir armas para fuerzas anticastristas en 1961.

“Fue horrible”, declaró DeMaria. “Lo acusaron de espía… Le sacaron toda la sangre antes de fusilarlo. Y luego profanaron los restos. Fue algo muy, muy grave”.

Tanto la familia de Ray como la de Anderson obtuvieron fallos multimillonarios por daños y perjuicios. Luego sus abogados comenzaron a trabajar juntos en la obtención de las compensaciones.

“Tuvimos que enfrentarnos a los bancos”, explicó DeMaria. “Luego tuvimos que enfrentarnos a una compañía llamada Cuban Electric Co., que realmente es propiedad de una empresa norteamericana que alegaba haber interpuesto una demanda. Intentaron dejarnos fuera del juego. Y nos enfrentamos a todo eso en el tribunal federal.”

Víctor Marrero, juez de la corte de distrito, falló a favor de las familias el 17 de noviembre de 2006.

“Nunca olvidaré ese día”, apunta DeMaria. “Fue un viernes.”

La sentencia de 104 páginas de Marrero decía que “habíamos ganado. Que recibiríamos el dinero. Un mes más tarde, lo recibimos”.

Las víctimas de Hermanos al Rescate y las familias Ray y Anderson terminaron con más de 170 millones de dólares.

“Eso agotó la mayor parte del dinero que quedaba”, señaló DeMaria. “Faltaba una tercera etapa en el litigio, pues había ciertos fondos debidos que partían de cantidades actuales que AT&T le estaba abonando a la compañía de teléfonos cubana. No puedes cobrar ese dinero, pues Cuba se espabiló y estableció su nueva compañía telefónica propiedad de italianos, españoles y otros, así que no es para el Gobierno de Cuba per se, aunque hay impuestos debidos sobre ese dinero que irían a Cuba y puedes recuperar esos impuestos, y luego está el interés debido sobre esos impuestos.

Pero dado que nos llevamos la mayor parte del dinero que había en las cuentas, los pocos fondos que quedan han dejado de crecer. Puede que existan unos cuantos millones aquí o allá. En cualquier caso, hubo otro pleito en Nueva York. Y, de hecho, llegamos a un acuerdo con ellos. AT&T pagó, no sé, un millón, un par de millones, y conseguimos una parte de esa cantidad. Creo que con eso debe haberse agotado casi todo el dinero”.

Algunos críticos cuestionan si a las víctimas se les debe compensar con activos cubanos bloqueados. Para empezar, estos críticos argumentan que Cuba ni siquiera debería estar en la lista de patrocinadores del terrorismo elaborada por el Departamento de Estado. Citan un cable filtrado de la embajada estadounidense que apunta como improbable que desde Cuba se originen acciones terroristas. Y si Cuba no constituye una amenaza terrorista, dicen, entonces las víctimas no deberían obtener esos activos blandiendo la Ley de Seguro contra el Riesgo del Terrorismo.

DeMaria declaró que para la familia Anderson el fallo a su favor estaba justificado.

“Percibían el dinero como una herencia”, señala. “Su padre, el Sr. Anderson, era propietario de estaciones de gasolina en Cuba. Se había establecido allí en la etapa anterior a Castro y había invertido. Poseía estaciones de gasolina y otros negocios. Así que la familia veía este dinero como una herencia que les correspondía, algo por lo que su padre había trabajado muy duro —para los niños. Su padre trabajó muy duro, construyó esos negocios y, sencillamente, se los expropiaron.

En parte, también creo que esas retribuciones nos hicieron sentir bien, ¿no? En la responsabilidad extracontractual, si a alguien lo matan, no puedes devolverle la vida. Pero puedes obtener algún dinero por ello… un cierto sentido de justicia o reparación”.

Otros también han tenido éxito en sus demandas en Florida. Los hermanos Gustavo y Alfredo Villoldo, por ejemplo, recibieron 1.179 mil millones de dólares en su reclamación por homicidio culposo de su padre, que se suicidó después de que el Gobierno cubano se apropiara de sus negocios de representación de la General Motors y otros.

Pero recibir esas compensaciones no ha sido fácil para nadie. DeMaria explicó que el caso Anderson le llevó tres años.

“Me siento orgulloso del trabajo que realizamos”, señaló. “Lo estaba haciendo en base a honorarios de contingencia. No sabíamos si íbamos a ganar. Igualmente podríamos haber perdido.

“Esa es la esencia del sistema de honorarios de contingencia norteamericano. Los abogados están dispuestos a correr el riesgo, si creen que hay algo positivo en el caso. Algunas veces ganan, otras pierden. De eso tratan las prácticas con ese tipo de acuerdos”.

DeMaria espera que continúe esa lucha por los activos cubanos.

“Todavía hay cientos de millones de dólares en pleitos. Y si el Gobierno cubano en la etapa posterior a Castro desea tener buenas relaciones con EEUU, creo que esos fondos deberían regresar al Gobierno federal y al Departamento de Estado, sobre todo, para decirles, a ver señores, por qué no crean una institución que sea algo así como un tribunal de reclamaciones, ¿no?, como lo han hecho los iraníes, y otros países, Libia, por ejemplo. Creo que ese sería probablemente el mejor modo de hacerlo.

“Le dices a Cuba, oye, si quieres una apertura del comercio y relaciones con EEUU, tienes que satisfacer esas reclamaciones”.


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