Sin luz al final del túnel

El simbolismo no es casual. Los afortunados que habitarán las llamadas "petrocasas", edificadas en La Risueña, tendrán motivos para sentirse a tono con el nombre del barrio santiaguero.

Tras el bautizo oficial hecho por Raúl Castro, la estancia comienza a ser referencia del régimen sobre cuál es el futuro de la vivienda en Santiago de Cuba y, por extensión, del país. Pero el drama se puede vivir en la distancia, quizás desde las Alturas de Quintero, o en el propio Distrito José Martí, desde donde los miles de santiagueros sin hogar propio observan consternados la nueva intentona castrista de solucionar de forma microcósmica un problema de magnitudes gigantescas.

Otra obra que se inaugura en saludo a un aniversario más, pero la realidad de la situación de la vivienda en Santiago no cabe en un pequeño valle con cien casas de PVC.

"Vivimos envueltos en celebraciones, pero el gobierno nunca se llama a capítulo sobre los fracasos en que está sumido". Quien así piensa ocupa un cargo directivo en la Dirección Provincial de la Vivienda en Santiago de Cuba.

Su posición es meridiana con respecto a las actuales condiciones del fondo habitacional de la segunda ciudad más poblada de la Isla: "Ya se debe sumar al trágico tema de la falta de viviendas para la población, el deterioro progresivo y significativo de las casas del centro histórico. Pero más preocupante aún es el estado de destrucción en que se encuentran los edificios multifamiliares, construidos en los últimos 40 años".

Dudar de la eficacia del sistema constructivo, importado de los antiguos países socialistas, es sólo un paso en la teoría de este especialista, quien declaró a CUBAENCUENTRO.com desde el anonimato sobre el atolladero en que se encuentra Santiago de Cuba.

"Más de las tres cuartas partes de los edificios multifamiliares de la ciudad sufren de filtraciones considerables, provocadas por averías en los sistemas hidráulicos, así como por falta de sellos en las cubiertas. A ese paso, la vida útil de esos inmuebles continuará disminuyendo hasta convertirse en verdaderos peligros para la vida", concluyó.

La palabra mantenimiento no ha formado parte del vocabulario empleado por los organismos gubernamentales a cargo de estas construcciones.

"Vivo aquí desde finales de los años ochenta y nunca le han pasado la mano al edificio", dice Maira desde su balcón en el lejano reparto Abel Santamaría.

"No por gusto a este lugar lo bautizamos El Salao, porque no hemos recibido beneficios de ningún tipo. Nunca hay agua, y cuando la ponen, se filtran todas las paredes y los techos", sentenció mientras miraba hacia todos lados, evitando una delación. "Ojalá Raúl traiga algún ruso para que repare la chapucería que hicieron hace veinte años", añadió la mujer.

También Luis M. entiende que un mantenimiento sistemático hubiera impedido los problemas que padecen hoy. "Mire estas paredes desconchadas, el techo ya comienza también a agrietarse y las instalaciones eléctricas tampoco funcionan bien. Yo podría arreglar mi apartamento, pero ¿y los otros tres que tengo encima?", cuestiona desde la sala despintada. Enfrente se erige un laberinto de edificaciones similares. Es la zona conocida como Micro 2.

Un gran espejismo

Un trayecto en sentido contrario conduce hasta el bloque habitacional más grande de la ciudad. El Distrito José Martí, donde viven unas 80.000 personas, simula un gran espejismo: un edificio da paso a otro y a otro, siempre con el mismo estilo arquitectónico y las mismas condiciones de vida.

"Mi mujer vive traumatizada porque nunca hay agua, a veces el ciclo es de hasta 40 días sin recibir el servicio, pero le digo francamente que a mí se me quita el sueño cuando por fin llega el agua. Este edificio parece una cascada", dice Joaquín, mientras invita a pasar hasta la sala de su apartamento en Micro 9.

"Las paredes cogen corriente, por los interruptores eléctricos sale agua, hay que irse de la casa cuando ponen el agua o cuando llueve", sentencia y recorre con la vista todo su hábitat.

El asunto forma parte del diario enfrentamiento con la realidad que viven todos los vecinos. "El tema se plantea desde hace 15 años en las reuniones de la circunscripción, la respuesta aún no la hemos recibido", afirma una vecina de Micro 7, quien prefirió el anonimato.

"Los delegados intentan buscar respuesta del gobierno, pero sólo reciben calmantes", plantea, ya camino al mercado. "Pero si no han arreglado los centros estatales, las escuelas que se están cayendo, ¿nos van a ayudar a nosotros?", concluyó.

Entre las entidades estatales que deberían asumir la reparación de las viviendas privadas se encuentra la Empresa Provincial de Construcción y Mantenimiento Constructivo. Aquí "solamente se pueden ofertar servicios de asesoría, porque el mantenimiento sólo se realiza cuando existe algún interés gubernamental, no cuando el cliente lo demanda", afirma un especialista de la entidad.

Según la fuente, "se han planificado mantenimientos a edificios multifamiliares en coordinación con otras empresas constructoras, pero sólo a los más insignes de la ciudad, por ejemplo, los 18 plantas de Garzón, el 12 plantas de Martí, y algunos pocos más; pero se hace mucho más difícil subsanar los edificios de los repartos de la periferia, porque el presupuesto es muy bajo y los problemas son muchos".

Sin amparo legal

En medio de la desidia gubernamental, otro tema despierta el interés de todos: el crecimiento asimétrico de la población obliga a muchas familias a buscar un lugar más allá de los pequeños apartamentos.

Los cada día más generalizados "asentamientos ilegales" van tomando la geografía de la ciudad, como parte del instinto de supervivencia de muchas personas.

Los primeros síntomas comenzaron a aparecer en zonas de la periferia, en Santa María y en las afueras del Distrito José Martí, hasta invadir la ciudad.

A mediados del año 2008, el gobierno municipal desalojó de forma violenta a varias familias que habían construido sus pequeños "ranchos" en la Avenida de las Américas, así como también a quienes ocuparon las inmediaciones del aliviadero de la presa Parada.

Por esa época, la prensa oficialista mencionó a los "transgresores de la ley" como personas "sin escrúpulos, ni compromiso con el orden".

Lo cierto es que las construcciones sin amparo legal se van convirtiendo en un asunto fuera de control. No todos son "ranchos", no todos son "inescrupulosos". Son santiagueros que quieren un techo propio que de forma legal es imposible adquirir.

En cada rincón con un trozo de tierra libre, surgen asentamientos, primero de tablas, luego de mampostería, con el consiguiente anarquismo aparejado.

Sólo basta recorrer la zona de Yarayó, Quintero, Santa María, Versalles, y tantas otras, para percatarse del crecimiento urbanístico desenfrenado que ha sufrido la ciudad de Santiago de Cuba. Pero la alarma provino, como nunca antes, a mediados de 2008, cuando la ciudad vivió uno de los períodos lluviosos más intensos de los últimos años. La presa Parada sobrepasó su máximo nivel y comenzaron a ceder las paredes.

Para entonces, ya existía un barrio ilegal en la zona del aliviadero. Lo más sorprendente es que no sólo había construcciones "ilegales", sino también de organizaciones estatales.

La Dirección Provincial de Planificación Física es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las directrices de construcción en las ciudades en la Isla. Allí trabajan especialistas en materia de urbanismo.

"No deberíamos permitir que proliferen los asentamientos ilegales, ni siquiera una sola construcción que evada la ley, pero la burocracia impide que seamos eficaces", plantea una fuente desde el anonimato a CUBAENCUENTRO.com.

"Aunque detectemos la ilegalidad, se supone que actúen los propietarios de la tierra, entonces debemos imaginarnos que si la Empresa Forestal sólo tiene un par de inspectores, entonces ellos no pueden percatarse de la violación. En apenas unas horas arman una casa y ya el daño está hecho", agrega.

Pero también las conductas erráticas promueven la anarquía. "Conozco muchos casos en los que la Dirección Municipal de la Vivienda ha impuesto multas y, en cierta medida, ha legalizado a los transgresores. Les entregan documentos, tales como resoluciones, reciben electricidad y por ende un estatus de legalidad", concluye el entrevistado, quien no evade el cuestionamiento fundamental: "Si yo no tuviera casa, también plantaría la mía donde primero pudiera".

Y al volver al apartamento de Joaquín comprobamos que la tarde va ocultando las quejas de los santiagueros en una oscuridad cómplice. "Ahorita es de noche, y seguirán los mismos problemas cada día, tanto para nosotros como para los de los 'llega y pon'", reconoce.

"También ahorita se irán a descansar los dirigentes, a sus casas de Las Terrazas de Vista Alegre, donde un día vivieron los ricos de la ciudad. Desde allí no escuchan a los que estamos embromados", concluye.

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