Actualizado: 25/04/2024 19:17
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Agricultura

Un año después

El proceso de entrega de tierras sólo ha puesto a producir el 25% de la superficie cultivable. A miles de campesinos se les ha denegado la petición.

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Campos en Jovellanos, Matanzas. (AP)

Campos en Jovellanos, Matanzas. (AP)


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Coincidiendo con el primer año de la firma del Decreto-Ley No. 259 sobre la Entrega de Tierras en Usufructo, suscrito el 10 de julio de 2008, la prensa oficial informó acerca de su cumplimiento. Según el semanario Trabajadores, en sus ediciones del 6 y el 13 de julio, de las 1.691.000 hectáreas de tierra estatal determinadas ociosas por el gobierno, han sido entregadas el 41%, y el 25,4% de ellas ya están en explotación o sembradas.

Cuba, de acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), tiene una superficie agrícola de 6.619.500 hectáreas, de las cuales están cultivadas 2.988.500 ha. El área no cultivada asciende a 3.631.000 ha, divididas en 2.382.200 de tierras dedicadas a pastos naturales y 1.232.800 ociosas; estas últimas, abrumadoramente de propiedad estatal.

Los alrededor de 1,6 millones de hectáreas a distribuir, posiblemente estén por debajo del volumen total de las tierras verdaderamente ociosas o fuertemente subutilizadas. El área supuestamente dedicada a pastos naturales, con falta de mantenimiento durante decenios, se encuentra en extrema subexplotación, llena de malezas. Si se entregaran a cultivadores privados interesados en cuidarlas, podrían resultar más útiles.

Por ello, la carga de ganado por hectárea se ha reducido considerablemente. Además, si en 1967 las estadísticas oficiales reflejaban una masa vacuna de más de siete millones de cabezas, al cierre de 2008 era de 3,8 millones, según el Anuario de la ONE. Dicha cifra no es confiable totalmente, ya que desde hace decenios no se realiza un conteo ganadero.

Incluso, hasta parte considerable de la superficie declarada como cultivada podría entregarse a agricultores privados, a fin de que sea explotada con productividad y beneficios para el país.

Por ejemplo, en la caña, el sector estatal en los últimos años ha tenido un rendimiento por hectárea muy inferior a 30 toneladas como promedio. Y, aunque en la cosecha 2007-2008 hubo cierta mejoría, con 34,9 toneladas por hectárea —gracias a excelentes condiciones meteorológicas—, todavía está muy distante de la producción por área obtenida antes de 1959 (38,9 t/ha, como promedio de los diez años anteriores a 1959*); y, más aún, de la media mundial actual (alrededor de 70 t/ha).

'Mezcla de intereses'

A las anteriores consideraciones hay que añadir que las tierras en usufructo se entregan en un contexto lleno de cortapisas y prohibiciones para quienes las reciben. Pueden perderlas en cualquier momento si no cumplen los requisitos impuestos. Al mismo tiempo, las reciben llenas de marabú y todo tipo de malezas, sin poseer recursos para afrontar las duras tareas para desbrozarlas y cultivarlas.

Para que nadie se confunda, el semanario Trabajadores señala que "toda persona que acuda a una Oficina Municipal de Control de la Tierra recibe orientación para emprender desde el proceso legal hasta la negociación con el representante del Delegado Municipal de la Agricultura, con quien se definen producciones, entregas, destinos y acopios. Es una mezcla de intereses".

Asimismo, se reconoce que a 2.393 personas se les denegó la entrega. El 25% de los casos, por "no tener una conducta adecuada" que garantice el uso correcto de ese recurso, sin aclarar si ese criterio responde a motivaciones políticas.

Como se conoce, de acuerdo con el Decreto No. 282 del 27 de agosto de 2008, que establece el Reglamento para Solicitar las Tierras en Usufructo, es indispensable el aval de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), organización política creada por el Estado-Partido para controlar al campesinado. Por tanto, es difícil que quien mantenga una posición contestataria pueda recibir tierras.

Como puede apreciarse en el Decreto No. 259 y en su Reglamento, el Decreto No. 282, este es un proceso excesivamente controlado por el gobierno, y con una profusión de limitaciones que provocará resultados insuficientes para cubrir las altas necesidades de alimentos.

Dada la baja productividad de la agricultura cubana, se debería repartir mucho más tierras que las 1,6 millones declaradas ociosas, y otorgar mayor libertad a los campesinos para que puedan cultivarlas eficientemente para extraer todas las riquezas posibles, con provecho para los agricultores y la sociedad.

* Manuel Moreno Fraginals en El Ingenio, Complejo económico-social cubano del azúcar. Tomo 3.


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