Un paso hacia atrás

Todos los lunes, en la sede del Ministerio de Educación (Obispo, 160) en La Habana, hay concentraciones masivas. Profesionales en activo y jubilados acuden para entregar solicitudes de permiso para viajar al exterior, porque la salida sólo será posible si cuentan con el cuño y la firma de la ministra.

Ese día, una secretaria aconseja cuál solicitud es "tramitable" o "digna de análisis" por parte de la ministra, y cuál no debe seguir los escalones establecidos.

Para algunos, surgen esperanzas; para muchos, incluso quienes acuden desde el interior de la Isla en busca del "amparo" ministerial, la peor de las frustraciones.

El Ministerio de Educación es uno de los que más se opone a la inmigración legal, instituida como derecho ciudadano y baldíamente refrendada en la Constitución de la República. Los maestros también son rehenes, como ya se dijo en este diario sobre los médicos que aspiran a viajar al exterior.

Hasta aquí, nada nuevo. Sin embargo, hechos recientes hacen creer que la política de limitar la salida de profesionales de los ministerios de Educación y Salud, ha sido ahora extendida a la mayoría de los que conforman la Administración Central del Estado.

Desde constructores hasta agricultores

Como se sabe, al asumir el poder, Raúl Castro esperanzó a la opinión pública sobre una supuesta "eliminación del permiso de salida", la autorización gubernamental necesaria para viajar al exterior.

Varios periódicos internacionales publicaron notas y reportajes que apuntaban en esa dirección. Incluso, CUBAENCUENTRO.com supo, en su momento, de seminarios organizados por la dirección de Inmigración y Extranjería para "adaptarse" a los supuestos nuevos procesos. Hasta las nuevas planillas de viaje y solicitud de pasaporte se imprimieron.

Todo se paralizó, de un momento a otro. El régimen dio marcha atrás a la que podría haber sido las más importante reforma del raulismo. Ahora, los hechos apuntan a un fortalecimiento de las medidas gubernamentales para frenar la emigración legal de los cubanos.

En temas de política exterior, acudimos a la concreción de nuevos acuerdos migratorios con países de la región para atajar el tráfico ilegal e incluso a los que escapan sin acudir a las mafias. Los primeros cubanos repatriados desde México llegaron a la Isla la semana pasada.

Internamente, el gobierno ha reforzado el sistema de permisos y avales, que deberán ser otorgados mucho antes de pagar los 150 pesos convertibles que cada ciudadano tiene que abonar para obtener la famosa "carta blanca".

Un constructor, un pequeño agricultor miembro de cualquier cooperativa, un trabajador simple de una empresa citrícola, un trabajador bancario, cualquier egresado de las universidades, precisa ya de varias "licencias" para ser autorizado a viajar al exterior.

Los pedidos de solicitud comienzan en los centros laborales, luego en el municipio de residente y posteriormente en las instancias provinciales. Sólo tras obtener esos avales puede presentarse una petición a los ministros correspondientes, que ahora son los únicos autorizados para permitir el viaje. No importa el sector, ni el país.

Si antes los Ministerios de las Fuerzas Armadas, Educación y Salud eran los más restrictivos, dichas políticas se han extendido al resto de la administración central. Ya existen departamentos en las diferentes estructuras para atender la "escalera burocrática", la nueva alternativa del régimen para mantener en prisión perpetua a los profesionales graduados en la Isla.

¿Jubilado? ¿Y qué?

Hay una trampa mayor en este revival de las restricciones migratorias. Con la carencia de fuerza de trabajo, reconocida públicamente, debido a los bajos niveles de natalidad, el gobierno ha comenzado a reinsertar laboralmente a los jubilados.

Por contrato a tiempo parcial o indeterminado, muchos ciudadanos, desde el punto de vista legal, son vistos como trabajadores activos y, por tanto, entran en los nuevos procedimientos ministeriales para obtener un permiso de viaje.

Rafael Carmenates lo ha sufrido en carne propia. Ingeniero desvinculado del sector, estaba contratado por tiempo determinado (tres meses) en la ECOA-8, de Camagüey, para la ejecución de un proyecto patrimonial.

En la planilla de solicitud (quería viajar al exterior y reencontrase con su hija, residente en Italia), puso su ocupación actual: jubilado. Sin embargo, las autoridades de Inmigración le negaron el permiso de salida porque, según ellos, Carmenates había omitido su reinserción laboral, "y eso ya necesita un aval del ministro de la Construcción".

Constreñido por la disposición, el camagüeyano consiguió el famoso aval del ministro, luego de obtener los nuevos permisos locales, municipales y provinciales. Pero su sorpresa fue mayor al escuchar de un oficial de Inmigración que ya su "actitud" le costaría la penalización de "un año sin salir del país por ocultar información a los procesos investigativos".

La decisión es irreversible. Su visa también caducó y tendrá que empezar la tramitación cuando pase un año. Es la historia del nunca acabar.

¿Hasta dónde llegarán? Quizás algún día se sume, a la prohibición de vivir en La Habana, la necesidad de permiso para viajar entre provincias. La idea ya se ensaya con algunos disidentes. Según el trote que vemos, cualquier empeoramiento tiene fundamento.

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