Actualizado: 27/03/2024 22:30
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Economía

El gobierno arrecia su campaña contra la iniciativa privada y por el control interno

Están en la mira los intermediarios, los dueños de paladares, los vendedores ambulantes, y todos aquellos a los que las autoridades consideran 'nuevos ricos'.

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"Para ellos (el gobierno cubano) es ideológicamente difícil de aceptar que alguien gane dinero comprándole a una persona y vendiéndole a otra", dijo Phil Peters, un experto en Cuba del Lexington Institute de Washington.

Durante una reunión sobre "prevención, enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción", este fin de semana, Juan Contino advirtió de que se vigilarán las ventas ilegales en la vía pública, el pago de multas impuestas por violaciones, "y toda acción delictiva y de irrespeto a la tranquilidad ciudadana".

Las autoridades tendrían también en la mira a los carros particulares alquilados como taxis en las calles de La Habana, donde el transporte público es crónicamente insuficiente.

Las medidas contra los intermediarios y el pequeño sector privado son parte de la campaña del régimen para recuperar el control sobre la economía después de la tímida apertura en la década de los años noventa.

Ahora que La Habana cuenta con poderosos aliados como Venezuela, de donde recibe entre 90.000 y 100.000 barriles de petróleo diarios a precios preferenciales, la apertura económica ya no es vista como un "mal necesario".

"A medida que la economía mejora, vuelven la espalda a las iniciativas de mercado y regresan a estrategias económicas centralizadas y dirigidas por el Estado", consideró Peters.

Ofensiva contra las 'irregularidades' y la 'corrupción' en el sector estatal

Además de la campaña contra el cada vez más pequeño sector privado las autoridades llevan a cabo una ofensiva contra las irregularidades y la corrupción en el sector estatal.

El gobierno militarizó entre setiembre y octubre el puerto de La Habana y puso al general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Moisés Sio Wong al frente de las operaciones de carga y descarga con la esperanza de terminar con el robo de mercadería, informó El País.

En octubre, unos 15.000 "trabajadores sociales" tomaron las gasolineras para frenar la reventa de combustible.

"Son una tremenda fuerza (…) no se le ocurra a nadie —y mucho menos a los nuevos ricos y ladrones— desestimarla, porque con esa fuerza, realmente, se eliminarán unas cuantas lacras que todavía sufre nuestra sociedad", dijo entonces Castro.

El presidente del Poder Popular en la capital anunció este fin de semana que la campaña alcanzará a sectores tan sensibles como la vivienda, tanto por irregularidades en los alquileres, como por el robo de materiales de construcción o la ejecución de obras no autorizadas.

Paralelamente, las autoridades tomarán medidas dirigidas a fortalecer el control interno, impulsar planes de prevención y "fomentar una cultura ética en los colectivos laborales", señaló el semanario Tribuna de La Habana.

El objetivo, dijo Juan Contino a la publicación, es intensificar el combate contra las ilegalidades y la impunidad "ante ciertas conductas indeseables de una minoría".

Al menos un 20% de las empresas estatales fue sometido a auditorías especiales a finales de octubre.

La comprobación, a cargo del Ministerios de Finanzas y Precios con la participación del Sistema Nacional de Auditoría, evaluó la labor de dirigentes, funcionarios y trabajadores de base en el "enfrentamiento a indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa", informaron entonces medios locales.


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