El gobierno crea 'destacamentos de respuesta rápida' integrados por fiscales, inspectores y policías
El mecanismo busca actuar 'con celeridad y severidad' contra el robo, la especulación y el tráfico, dicen funcionarios de justicia.
AFP/ La Habana. Los tribunales actúan con "celeridad y severidad" contra quienes roban, especulan o trafican aprovechándose de la penuria y escasez dejada por los huracanes Ike y Gustav, dijo este lunes una alta funcionaria.
"Estamos en un escenario diferente, donde personas inescrupulosas han pretendido aprovecharse" de las dificultades, por lo cual los tribunales "están actuando con celeridad y severidad", dijo la presidenta del Tribunal Provincial de Las Tunas, Luz Marina Hernández, al semanario oficial Trabajadores.
Los delitos más frecuentes castigados en Las Tunas son "hurtos, robos de cables eléctricos y telefónicos, especulación y acaparamiento, apropiaciones y uso indebido de recursos, actividad económica ilícita, desórdenes públicos en centros de evacuados", entre otros, afirmó Hernández.
En Ciego de Ávila, se creó "un destacamento de respuesta rápida" integrado por "fiscales, inspectores y policías" que, por ejemplo, detectó cientos de paquetes de detergentes y jabones escondidos en una nevera de una tienda en divisas, reportó la prensa oficial.
La fiscal jefa de esa provincia, Gilda Rodríguez, dijo que las principales infracciones registradas son "la apropiación o el desvío de alimentos, materiales de construcción y medicamentos".
Por otra parte, el Poder Popular provincial de Ciudad de La Habana analizó "las indisciplinas sociales e ilegalidades en el transporte público, instalaciones eléctricas y de la telefonía, la higiene comunal, el mobiliario urbano, enfrentamiento a buzos (buscadores en la basura) y casas almacenes y talleres clandestinos", según el semanario Tribuna de La Habana.
Los dos huracanes dejaron pérdidas de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares; destruyeron o dañaron medio millón de casas, instalaciones productivas, escuelas, así como cultivos, lo que ha provocado una fuerte escasez de alimentos y demanda de materiales de construcción.
El gobierno impuso un control de precios para los alimentos, ante lo que muchos agricultores e intermediarios decidieron ausentarse de los mercados.
Trabajadores pidió que a quienes participan en el desabastecimiento se le suspenda definitivamente la licencia de venta.
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