La justicia española se pronunciará sobre demanda contra Fidel Castro
El Comité de Ayuda a la Disidencia 2506 acusa a Castro y al ex ministro Osmani Cienfuegos de 'genocidio, terrorismo, tortura, y delitos contra las personas y bienes'.
AFP/ Madrid. La justicia española se pronunciará el próximo jueves sobre una demanda presentada por una asociación opositora contra Fidel Castro, por hechos que se remontan a 1961, afirma el domingo el diario español El País.
El Comité de Ayuda a la Disidencia 2506 (CAD 2506) presentó una demanda —la tercera de una asociación disidente— luego de que en febrero un magistrado de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, estimara que la justicia ya se había pronunciado sobre el caso.
Los demandantes acusan a Castro y al ex ministro Osmani Cienfuegos de "genocidio, terrorismo, tortura, y delitos contra las personas y bienes específicamente protegidos en caso de conflicto armado", afirma ese rotativo.
"A ambos se les acusa de participar en la muerte por asfixia de nueve prisioneros cubanos durante su traslado de Playa Girón a La Habana, el 22 de abril de 1961, tras la invasión de Bahía Cochinos", indica El País.
Un grupo de 149 presos de la Brigada 2506 fueron trasladados aquel día en un camión sin ventilación. A su llegada a La Habana, nueve de ellos estaban muertos, según un documento de la acusación citado por El País.
"El pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional estudiará el próximo jueves si abre un proceso contra" Castro y Cienfuegos.
Esta nueva demanda se basa en que Castro delegó el poder en su hermano Raúl hace 16 meses por razones de salud.
Estos hechos ya habían sido objeto de dos demandas en España, pero en los dos casos fueron archivados por la justicia, recuerda ese matutino español.
En 1998, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, estimó que los hechos descritos no constituían genocidio, terrorismo o tortura.
En 2005, el mismo magistrado rechazó otra querella contra Castro por crímenes contra la humanidad, torturas y terrorismo al considerar que la Audiencia Nacional no era competente para juzgar a un jefe de Estado en actividad.
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