Acusaciones de tráfico de influencias sacuden al gobierno de Morales
El propio presidente ha sido acusado por investigaciones periodísticas —luego desestimadas— de incorporar a un tío al Ministerio de Educación.
El oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), del presidente boliviano Evo Morales, pidió que se investigue a dos de sus legisladores y la expulsión de cuatro de sus militantes involucrados en la supuesta venta de recomendaciones para puestos en la administración pública, informó la AFP.
La denuncia sobre tráfico de influencias en el partido oficialista parecía salpicar al propio Morales, acusado por una investigación periodística de haber incorporado a la nómina del Ministerio de Educación a un tío suyo, Sebastián Ayma Morales.
Varios medios se hicieron eco de esta denuncia, desestimada por legisladores afines a Morales, que negaron que haya nepotismo.
Lo mismo sucedió con el ministro de Hacienda, Luis Arce, acusado de influir en la designación de una hermana suya en el Ministerio de Justicia.
Los dos congresistas en el ojo de la tormenta son el senador aymara Lino Villca y de la diputada guaraní Nemesia Achacollo, a quienes el Tribunal de Ética del MAS pidió el lunes renunciar a su inmunidad parlamentaria para ser investigados por la "venta de avales políticos".
Villca fue dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, mientras que Achacollo lideró la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.
Ambos legisladores son acusados de vender cargos en la administración pública a 1.000 dólares.
En un acto público la semana pasada, Evo Morales dijo que vendedores y compradores de "avales políticos" deberían ser enviados a la cárcel, al tiempo que defendió la honestidad de su administración.
"No tengo temor a una investigación", repuso Achacollo en declaraciones a medios locales, mientras que Villca alegó lacónicamente su inocencia.
El Tribunal de Ética también resolvió —con el visto bueno de Morales— la expulsión de cuatro dirigentes intermedios vinculados a la dirigencia del partido oficialista en los distritos de La Paz y El Alto.
Luego de evaluar las pruebas presentadas contra los imputados, los dirigentes indígenas, campesinos y de colonos Pascual Mansilla, Pablo Quispe, Julián Romero y Enrique Morales fueron cesados "por orden presidencial" y sus casos radicados "ante la autoridad judicial competente", confirmó una fuente del MAS que requirió mantenerse en el anonimato.
El partido oficialista también resolvió el lunes que se indague a un número indeterminado de particulares implicados en el tráfico de influencias.
"Hay (involucrados) cuatro o cinco dirigentes del MAS con pruebas, con documentos", aseveró el vicepresidente del MAS, Gerardo García.
El Tribunal del MAS libró de culpa al senador socialista Santos Ramírez, que presidió la cámara alta en la legislatura 2006-2007.
Hombre de confianza de Morales, Ramírez habría firmado "de buena fe" recomendaciones para que militantes y simpatizantes del MAS apliquen a cargos en la administración estatal, según determinó del Tribunal.
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