Actualizado: 23/04/2024 20:43
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Aliados de Trump intensifican su campaña para eliminar votantes

Los republicanos, expertos en trucos electorales, están presionado en Michigan, Nevada y Georgia

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Una red de activistas de derecha y aliados de Donald J. Trump está cuestionando silenciosamente miles de registros de votantes en estados críticos en el campo de batalla presidencial, un esfuerzo casi inadvertido que podría tener un impacto en una elección reñida o polémica.

Los activistas, que se hacen llamar investigadores electorales, han presionado a los funcionarios locales en Michigan, Nevada y Georgia para que eliminen en masa a los votantes de las listas. En ocasiones se han dirigido a zonas demócratas, basándose en nuevos programas de datos y teorías jurídicas novedosas para justificar su impulso, escriben Alexandra Berzon y Nick Corasaniti en The New York Times.

En una ciudad de Michigan, más de 100 votantes fueron eliminados después de que un activista presionara a los funcionarios, citando una oscura ley estatal de la década de 1950. En Waterford, un suburbio de Detroit, un empleado eliminó a 1.000 personas de las listas en respuesta a una solicitud similar. Entre los votantes derrocados se encontraba un oficial de la Fuerza Aérea en servicio activo que fue sacado de la lista por error y luego reintegrado.

La purga en Waterford pasó desapercibida para los funcionarios electorales estatales hasta que The New York Times la descubrió. Desde entonces, la oficina del secretario de estado de Michigan le pidió al secretario que reincorporara a los votantes, diciendo que las destituciones no siguieron el proceso establecido en las leyes estatales y federales, y emitió una advertencia a los 1.600 secretarios del estado.

Los activistas de Michigan son parte de una amplia red de grupos de base que se formaron después del intento de Trump de revertir su derrota en 2020. Los grupos han hecho de los desafíos masivos a los votantes una máxima prioridad este año electoral, impulsados por una exabogada de Trump, Cleta Mitchell y True the Vote, un grupo de seguimiento de votos con un largo historial de difusión de información errónea.

Su misión, dicen, es mantener registros de votación precisos y eliminar a los votantes que se han mudado a otra jurisdicción. Los demócratas, afirman, utilizan este “exceso de registros” para llenar las urnas y robar elecciones.

La teoría no tiene base alguna en los hechos. Las investigaciones sobre el fraude electoral han descubierto que es extremadamente raro y que, cuando ocurre, suele ser aislado o incluso accidental. Los funcionarios electorales dicen que no hay razón para pensar que los sistemas establecidos para mantener actualizadas las listas de votantes estén fallando.

El mayor riesgo, señalan, es privar de sus derechos a los votantes.

“Si estás desafiando a 1.000 votantes a la vez, no estás aportando la sofisticación necesaria cuando se trata del derecho constitucional de alguien”, dijo Michael Siegrist, secretario de Canton Township, Michigan, y miembro de la junta directiva de la Asociación de Secretarios Municipales de Michigan.

En una respuesta por correo electrónico a las preguntas, Mitchell desestimó esas preocupaciones.

“Las únicas personas ‘privadas de sus derechos’ por seguir la ley son los votantes ilegales, cuyos registros ilegales suprimen y diluyen los votos de aquellos que están registrados legalmente”, dijo. “Nuestro objetivo principal es velar por que las leyes de los estados sean seguidas y aplicadas por quienes han jurado administrar las elecciones de acuerdo con la ley aplicable”.

Es difícil saber con precisión cuántos votantes han sido eliminados de las listas como resultado de la campaña, y aún más difícil determinar cuántos fueron eliminados por error. Una revisión del Times de los desafíos en los estados indecisos, que incluyó registros públicos, entrevistas y grabaciones de audio, sugirió que los activistas rara vez fueron tan efectivos para destituir a los votantes como lo fueron en Waterford.

Pero incluso cuando fracasan, los desafíos tienen consecuencias. En algunos estados, una impugnación por sí sola es suficiente para limitar el acceso de un votante a una boleta por correo o para exigir documentación adicional en las urnas. En privado, los activistas han dicho que lo consideran una victoria.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación de derecha han promovido los desafíos, calificando a los funcionarios públicos como corruptos y creando material que podría usarse en otra ronda de desafíos legales en caso de que Trump pierda nuevamente.

En Nevada, el Proyecto Pigpen se ha propuesto limpiar las listas de votantes. Dos veteranos activistas conservadores, Chuck Muth y Dan Burdish, han organizado visitas puerta a puerta y han reclutado a propietarios para comparar las listas de votantes con sus registros de arrendamiento. Más de una vez, han acompañado a los propietarios a la oficina del registrador del condado de Clark para que puedan marcar los registros de antiguos inquilinos.

Stephanie Wheatley, portavoz del condado de Clark, dijo que la evidencia no era suficiente para destituir a un votante pero que era “suficiente para que el departamento electoral investigara e investigara”.

Wheatley dijo que el registrador no sabía cuántas investigaciones o expulsiones había impulsado el grupo.

El Proyecto Pigpen, que se coordina con la red de Mitchell, utiliza una plataforma basada en datos de VoteRef.com, una base de datos que ha sido criticada por los funcionarios electorales por ser poco confiable.

Burdish y Muth no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En una videollamada en noviembre, Burdish mostró un mapa del condado de Clark, hogar de aproximadamente el 70 por ciento de los votantes del estado, que estaba lleno de puntos azules que supuestamente identificaban residencias con votantes problemáticos, según una copia del video obtenida por Documented.

En el video, Burdish dijo que sus voluntarios tocarían esas puertas y se describirían a sí mismos como parte de un esfuerzo cuasi gubernamental, a pesar de no tener conexión con el condado de Clark.

El objetivo, dijo Burdish en la llamada, era “asegurarnos de que sepan que estamos trabajando con el registrador de votantes local y, ya sabes, no somos, digo, unos locos”.


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