Una derrota a toda orquesta

El virulento forcejeo que durante cuatro meses protagonizaron el gobierno de Cristina Fernández y los agricultores argentinos terminó con la derogación del fuerte incremento de impuestos que la Casa Rosada intentó sobre la exportación de cereales.

Algunas cifras explican la relevancia de la batalla social que se libró, en momentos de altos precios internacionales de los productos agrícolas. Despachos de prensa indican que de los aproximadamente 35.000 millones de dólares que los argentinos venden en el extranjero, más del 50% corresponde a exportaciones de granos y a la agroindustria.

Recuérdese que el país austral es el primer exportador mundial de harinas y aceites de soja, el cuarto de trigo, el segundo de maíz y el tercero de granos de soja, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura norteamericana.

Desde que a comienzos de marzo pasado el gobierno decidió aumentar de forma drástica los impuestos al sector, la reacción no se hizo esperar y prácticamente todos los productores se levantaron contra la medida. Fueron cortadas carreteras en 14 provincias, cesó de forma intermitente el envío de granos para la exportación y el desabastecimiento interno pronto comenzó a amenazar. Los partidarios del oficialismo pusieron lo suyo y no faltaron las acciones violentas.

Las llamadas "retenciones móviles" establecían que, de acuerdo con los precios del mercado internacional, los impuestos a la soja, el girasol, el maíz y el trigo aumentaban o disminuían. Para los agricultores, sin embargo, eran medidas "confiscatorias" que superaban el 40%.

Algunos economistas coinciden en que tradicionalmente el peronismo ha echado mano a "los artefactos arancelarios". Si ciertamente el fin del ejecutivo era bajar los precios en las urbes, donde se concentra la base trabajadora del peronismo (Partido Justicialista), la medida era estratégicamente incorrecta, aunque fácil de esgrimir.

Lo complejo —arguyen expertos— es ayudar a los pobres a comprar comida mediante ayudas directas. Pero para llevar a cabo esto resulta imprescindible un impuesto general y un control aceptable sobre quién necesita ayuda. Ello, desde luego, es más difícil de implementar.

Aceptar el incremento de impuestos, por otra parte, hubiera significado el empobrecimiento del área económica más importante del país, opina más de un especialista.

Momentos decisivos

Un punto culminante en los cuatro meses de enfrentamiento se plasmó en la multitudinaria protesta que tuvo lugar en el barrio porteño de Palermo, la cual duplicó por lejos la manifestación del aparato peronista en la plaza del Congreso, escribió en La Nación Joaquín Morales Solá. Esta fue, según el periodista, la primera derrota de la Casa Rosada.

La segunda y decisiva fue la dramática votación en el Senado del vicepresidente Julio Cobos, cuya decisión significó el desempate. El vicepresidente en Argentina es, por ley, presidente del Senado. Ya los nuevos impuestos habían sido aprobados por la Cámara, aunque con ajustes. La votación de Cobos contra el ejecutivo del cual forma parte dio la vuelta al mundo.

Como ha sucedido otras veces en Argentina, no era sólo un agudo problema el que se definía en el Senado, sino el respeto a la institucionalidad del país y a su ordenación democrática.

Desde el hervor de las protestas se decidió la intervención del Congreso en el dilema arancelario. Tanto el sector agrícola como la oposición que lo apoyó —incluidas entidades de izquierda— estuvieron de acuerdo, después de negociaciones frustradas, con la decisión de la mandataria de traspasar el diferendo al parlamento para entregarle "mayor institucionalidad a la medida", dijo entonces Cristina Fernández, cuya popularidad bajó más de 30 puntos a causa del conflicto.

De las carreteras, los agricultores se trasladarían a la sede del parlamento, y allí levantaron sus carpas, al unísono con otras manifestaciones. Similar actitud adoptaron los seguidores del oficialismo.

Lo que saliera del Congreso, supuestamente había que respetarlo, y en eso, sobre todo, ayudó el ingeniero Cobos, a quien las presiones y ataques no hicieron cambiar su voto. En esencia, el vicepresidente evitó una crisis. Probablemente, los contrarios al impuesto hubieran continuado sus protestas, avalados por muchas razones, si la votación le hubiera sido adversa. Y ello hubiera puesto en solfa, una vez más, la institucionalidad argentina.

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