El gobierno pide compensaciones para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo
Un proyecto legislativo contempla el pago de pensiones a los familiares de fallecidos por causas políticas o sindicales, una reivindicación histórica de los colectivos de afectados.
Las víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939) y de la posterior represión del régimen del general Francisco Franco recibirán una reparación moral contemplada en el proyecto de ley de la Memoria Histórica, que el gobierno español acordó el viernes remitir al Parlamento para su tramitación.
El proyecto recoge diversas medidas con las que el gobierno pretende la reparación de estas personas desde una filosofía de "concordia y conciliación" y sin pretensión alguna de "rescribir" o reinterpretar la historia.
España conmemora por estos días el aniversario 70 del comienzo de la guerra que vivió el país entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, a la que siguieron cuatro décadas de dictadura.
La iniciativa, impulsada por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde que llegó al poder en 2004, no cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), que la tacha de revisionista y considera que sólo servirá para remover viejas rencillas.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó que se trata de "un enorme error y ganas de crear un lío donde no lo había".
Según Rajoy, uno de los grandes acuerdos constitucionales de 1978 fue "mirar al futuro" y subrayó que es un acuerdo que "han respetado todos los presidentes (del gobierno) de España" desde entonces.
La iniciativa comenzó a gestarse el 10 de septiembre de 2004, cuando el gobierno creó una comisión para el estudio de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
En junio pasado, además, el Parlamento aprobó la declaración de 2006 como Año de la Memoria Histórica, con los únicos votos en contra del Partido Popular.
El proyecto, que prevé un coste global de 76.2 millones de dólares, establece un procedimiento para conseguir una declaración individual de reparación, que será de índole moral y no económica, y que podrán hacer los afectados o sus familiares, en caso de que hayan muerto.
La localización, identificación y exhumación de víctimas de la guerra también quedarán regulados, obligando a los gobiernos regionales y locales a facilitar las tareas para recuperar los cuerpos de los fallecidos en la contienda, fusilados y desaparecidos.
Las víctimas o sus familiares que decidan pedir una declaración individual de reconocimiento y reparación moral dispondrán de un año para hacerlo.
El proyecto legislativo contempla el pago de pensiones a los familiares de fallecidos por causas políticas o sindicales, una reivindicación histórica de los colectivos de afectados.
También reconocerá, a efectos de indemnizaciones, el tiempo que pasaron retenidos los integrantes de los batallones disciplinarios y rebajará de 65 a 60 años la edad para conseguirlas.
A los miembros de las Brigadas Internacionales se les facilita la posibilidad de conseguir la nacionalidad española ya que, aunque pueden obtenerla por carta de naturaleza desde 1996, era preciso que renunciaran a su nacionalidad de origen.
La ley prohibirá celebrar actos políticos, de exaltación de la Guerra Civil o de la dictadura en el recinto del Valle de los Caídos —en el Escorial, unos 50 kilómetros al oeste de Madrid—, como los que tienen lugar cada año en conmemoración de la muerte de Franco —enterrado allí—, el 20 de noviembre de 1975.
El gobierno entiende que "es bueno que en democracia los ciudadanos tengan los símbolos de todos y para todos" y por ello la ley obligará a retirar los símbolos (franquistas) cuando exalten sólo "a una parte" de los españoles que participaron en la Guerra Civil.
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