Vicepresidente pronostica que más de 30 legisladores irán a prisión por vínculos con los paramilitares
La Corte Suprema de Justicia avanza en un gran proceso sobre los nexos de congresistas con las AUC, que ha llevado a prisión a ocho legisladores.
El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, dijo este martes en Bogotá que más de treinta congresistas de su país podrían ir a prisión por presuntos vínculos con las ahora desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), informó EFE.
Santos dijo que "entre 30 y 40 parlamentarios, de pronto más, irán a la cárcel" al advertir, en una entrevista con el canal RCN de la televisión privada, del previsible alcance de la investigación del llamado escándalo de la "parapolítica".
"Veo también una insatisfacción de otros que quieren que sean 100 ó 200" los detenidos, agregó el alto cargo, para quien los procesos judiciales sobre los nexos de políticos con los paramilitares no van a dejar a nadie satisfecho.
Pero estas causas sí supondrán una "lección ejemplar" que permitirá a los colombianos pasar esta página del conflicto armado interno, destacó el vicepresidente.
Santos ofreció sus pronósticos cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avanza en una gran proceso sobre los nexos de congresistas con las AUC, que a mediados de 2006 completaron el desarme de su fuerza de más de 31.000 efectivos, en virtud de un proceso de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Desde el pasado noviembre, la CSJ ha ordenado la detención de nueve legisladores, ocho de los cuales están en prisión. Uno continúa prófugo, fuera del país.
Entre los arrestados, todos ellos de formaciones afines a Uribe, está el senador Álvaro Araújo Castro, en prisión desde el pasado febrero y cuyo caso determinó la renuncia de su hermana María Consuelo como ministra de Relaciones Exteriores.
Otros cinco congresistas han sido vinculados de forma preliminar con la misma investigación, que se derivó de la firma de un polémico acuerdo en el que 31 políticos se comprometían con los paramilitares a "refundar" el Estado y firmar un "nuevo contrato social".
El documento fue suscrito a mediados de 2001, año y medio antes de que las AUC emprendieran el diálogo con el gobierno de Uribe que terminó con la desmovilización masiva de los ultraderechistas, cuyos antiguos jefes esperan en la cárcel ser sometidos a una normativa especial de reinserción.
Además de la CSJ, la Fiscalía General investiga a presuntos implicados sin fuero especial, entre ellos Jorge Noguera, quien dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de 2002 a 2005, en coincidencia con el primer mandato de cuatro años de Uribe.
El gobernante no se ha escapado de las críticas por los presuntos nexos de familiares suyos con paramilitares, como lo ha denunciado en el Congreso el senador opositor Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
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