Actualizado: 13/12/2019 11:14
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El arco y la flecha

Sobre las 'Cuatro propuestas para un nuevo contrato social', presentadas por el Arco Progresista para 'ciudadanizar la sociedad y el Estado'.

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El Arco Progresista se tensó con Cuatro propuestas para un nuevo contrato social y lanzó la flecha de la tercera vía en la presunta coyuntura histórica de que "el castrismo se agotó y (…) el anticastrismo también". Parece confuso que cualquier flechazo contra el statu quo no sea anticastrista, pero está claro que presenciamos otro avatar del mismo problema en que se enredó Juan Jacobo Rousseau hacia 1762: establecer "nuevas legitimidades" y dar "paso a un nuevo país".

Las bases del "nuevo contrato social" guardan correspondencia con determinado concepto que sirve de justificación a cierta reforma implícita o explícita:

—Reforma agraria radical para garantizar "la seguridad alimentaria", porque "la tierra pertenece a la sociedad, no al gobierno ni al Estado".

—Reforma política que suprima a "los comunistas cubanos [como] grupo superior al resto", ya que "la legitimidad del modelo político depende de la base cultural de una nación con base en los ciudadanos, no en grupos auto-elegidos".

—Reforma jurídica que cree "un espacio de confluencia plural", en tanto "el ciudadano de derechos sólo nace del ejercicio de los derechos, no de la concesión de los gobiernos".

—Reforma educativa que encauce "un proyecto pedagógico en materia de derechos humanos", pues "la inversión del pacto sociedad-Estado es sólo posible cuando existe el sujeto cultural de derechos".

—Otra reforma cultural que anime el "debate intelectual y político sobre la redefinición necesaria de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos", una vez que éstas "han sido definitivas en Cuba para la definición de la soberanía y de la democracia".

De las bases "mínimas y generales" se derivan cuatro propuestas específicas: la iniciativa ciudadana de cien mil firmas por "el pleno reconocimiento del derecho a la propiedad", otra similar por la "Reforma Verde" que garantice "la seguridad alimentaria", el derecho al templo de "todas las prácticas religiosas" y el "reencuentro con Cuba", que entraña la reforma migratoria de que todos los cubanos en el exterior puedan residir en la Isla y participar en su vida social y económica.

Planteo idealista

La pita contractual de Rousseau se enredó porque su volonté générale no sólo expresaba razones legitimantes, sino que también designaba al tenedor de la soberanía. Tal como señaló Jürgen Habermas, esta doble función complica la discusión sobre la democracia más acá de lo que ya el propio Rousseau sabía: que la verdadera democracia nunca ha existido ni habrá de existir jamás (Problemas de legitimación del Estado moderno, 1976).

Lo mismo sucede con la pretensión de "ciudadanizar la sociedad y el Estado" usando lo "jurídico como instrumento legítimo para el proceso de cambio democrático". Pero a lo mejor este planteo idealista encuentra resonancia entre cubanos y encarna como fuerza política realista. Sólo que así acaecería la más profunda revolución social del mundo moderno: "la Cuba de los ciudadanos", en contra de lo que postula el mismo Partido Arco Progresista (PARP): "La era de las revoluciones murió, al menos para Cuba". Está claro que la suerte del contrato social parpista se dilucidará empíricamente, más vale la pena enzarzarse en la discusión de los conceptos correlativos.

Aquello de que "la tierra pertenece a la sociedad" no se compadece con la "seguridad alimentaria", que resulta de la productividad del trabajo y la administración eficiente. Entre las fallas de la ingeniería social comunista, Carlos Alberto Montaner subraya precisamente desoír una advertencia tan vieja como Aristóteles: "donde todo es de todos, nada es de nadie y no hay quien cuide la propiedad colectiva".

Desechar el Partido Comunista como vanguardia de la nación cubana es buen punto de partida para enfocar la "legitimidad del modelo político", pero apelar a los ciudadanos deja el problema en el aire. No se trata de quién, sino de qué mecanismos pueden justificar que las instituciones básicas de la sociedad y las decisiones políticas fundamentales encontrarían el asentimiento voluntario de todos los afectados, si pudieran participar como personas libres e iguales en los procesos de formación de la opinión y de la voluntad políticas.

Así lo demostró Habermas en Problemas de legitimación en el capitalismo tardío (1973). Y puesto que "el ciudadano de derechos sólo nace del ejercicio de los derechos", cincuenta años de castrismo nos encaran con otra prevención de Habermas: "Las instituciones jurídicas de la libertad decaen sin las iniciativas de una población acostumbrada a la libertad. Su espontaneidad no puede forzarse mediante el Derecho; se regenera a partir de tradiciones de libertad" (Facticidad y validez, 1992).

Memoria perdida

En Cuba, el quid socio-jurídico no es la transición, sino el injerto y el comienzo, porque la dictadura hizo tabula rasa, ha durado demasiado y la gente perdió hasta la memoria. Por lo demás, "la inversión del pacto sociedad-Estado" tiene demasiado aire de familia con el ardid marxista-leninista de extinción del Estado, máxime si hasta el Estado de Derecho no ha conseguido pasar de lo que avizoró Hegel: "un mal Estado, meramente existente", porque los intereses particulares siguen campeando por sus respetos fácticos frente a los intereses generalizables de todos los ciudadanos.

Una de las premisas esenciales del contrato social parpista es "la distinción nítida [entre] Estado y gobierno". De ahí que "la igualdad de condiciones entre los ciudadanos y el gobierno frente al Estado debe ser (…) mental y psicológicamente restablecida". Sólo que no hay mente ni psicología que sobrepujen a las instituciones de dominación, y el gobierno es parte tan esencial como privilegiada del Estado.

Lo que sí está sobre el tapete de la realpolitik es la "redefinición" de relaciones entre Washington y La Habana, que parece gobernada por imperativos de mercado antes que por la orientación moral. No sorprendería que los agentes de cambio acabaran por redefinirlas de tal modo que, para seguir en onda con Hegel, sobrevenga la "pérdida de la eticidad" (Filosofía del derecho, § 181).

Y lo que sí resulta inaceptable en el debate conceptual es que la flecha lanzada por el Arco Progresista tenga plumas como esta: "la relación de soberanía entre el ciudadano y el Estado, rota con la reforma constitucional de 2002". Semejante memoria histórica da ganas de gritar: ¡Dejen de elaborar tantos programas! ¿Acaso sobrevivir no es uno bueno?


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Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista. (EFE)Foto

Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista. (EFE)

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