La transición española y el caso cubano (III)
Sucesión, institucionalización e inmovilismo. El objetivo de los hermanos Castro ha sido evitar cualquier veleidad reformista.
A mediados de los setenta, Fidel Castro tuvo que plantearse el problema de la sucesión y de la institucionalización del régimen. El convulso período revolucionario aparentemente llegaba a su fin y había que crear estructuras capaces de darle soporte al régimen cuando la generación de los "padres fundadores" ya no viviera.
Es la época en que se convoca al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), se redacta una nueva constitución inspirada en la de Bulgaria (que, como todas las de los "hermanos del Este", a su vez procedía de la soviética de los años treinta) y se establece una línea sucesoria que deja el poder en manos de Raúl Castro, en caso de que Fidel desaparezca.
No hay, como en España, una división de funciones entre la jefatura del Estado y la del Gobierno, pero como Franco eligió a Juan Carlos y a Carrero Blanco para prolongar su régimen sine díe, Castro depositó esa responsabilidad en su hermano, cinco años menor.
Sin embargo, exactamente igual que en España, al margen de la voluntad del Caudillo, surgían luchas por parcelas de poder y funcionarios que se desviaban de la ortodoxia ideológica, la "institucionalización" del comunismo en Cuba creaba oportunidades para la aparición de "reformistas" y "aperturistas" que se alejaban del castrismo químicamente puro.
Esto fue lo que sucedió con el economista Humberto Pérez, quien comenzó a descentralizar la administración y a crear mecanismos de mercado que pusieron muy nervioso a Fidel Castro. Años más tarde ese papel lo encarnó Carlos Aldana, quien, al compás de la Perestroika proclamada por Gorbachov, llegó a creer que era posible relegar a Fidel Castro al rol de "reina madre", pero sin injerencia en la labor de gobierno.
Naturalmente, Aldana acabó apartado del poder, acusado de corrupto y totalmente desacreditado, al menos dentro del círculo íntimo de Fidel y Raúl. Una década más tarde, y acusado de querer convertirse en heredero de Castro, le tocaría ese papel a Roberto Robaina, joven y excéntrico ex canciller del castrismo.
La imagen exterior
De la misma manera que durante el "tardofranquismo" —vocablo acuñado por los periodistas españoles—, y como consecuencia de la necesidad de España de integrarse a Europa, disminuye la ferocidad represiva del régimen, en Cuba sucede otro tanto a partir del momento en que el presidente norteamericano Jimmy Carter lanza su defensa de los Derechos Humanos y la URSS se acoge a los acuerdos de Helsinsky.
En la Isla esto se traduce en la liberación y expatriación de miles de prisioneros políticos y, paulatinamente, en la aparición de cierto espacio para la oposición abanderada tras la reivindicación de los Derechos Humanos, movimiento que surge en las cárceles como una iniciativa de presos procedentes de las filas comunistas como Ricardo Bofill y Adolfo Rivero Caro, o disidentes de la cantera del "26 de julio", como Gustavo y Sebastián Arcos o la doctora Martha Frayde.
Tras la aparición del movimiento pro Derechos Humanos, y probablemente debido a esa influencia, lentamente comienzan a congregarse profesionales cubanos que establecen vínculos al margen del Estado. Un grupo de abogados independientes forma la organización "Ignacio Agramonte". Pronto aparecen los periodistas, los economistas, los médicos y las bibliotecas independientes.
En la provincia de Oriente, algunos campesinos que todavía poseían pequeñas parcelas de tierra forman la Alianza Nacional de Agricultores Independientes. Con el tiempo llegan a tener 17 "propietarios" agrupados en todo el país. Los auxilian desde el Centro Nacional de Estudios Científicos. Se trata de un gremio de ingenieros agrónomos e investigadores también independiente.
Desde el exilio, el Colegio de Ingenieros Agrónomos envía diversos tipos de ayuda. Lo mismo hace el Directorio Democrático Cubano. Es la sociedad civil que pugna por reinventarse tras décadas de aplastamiento y represión. En ella hay que incluir el trabajo de formación cívica de la Iglesia Católica, aunque no sea uniforme en todas las diócesis, y publicaciones como Vitral, dirigida por Dagoberto Valdés.
Es dentro de ese contexto que el ingeniero Oswaldo Payá, cabeza del Movimiento Cristiano de Liberación, lanza su iniciativa del "Proyecto Varela", auxiliado por decenas de organizaciones políticas de la disidencia. Utilizando los resquicios de la legislación cubana, tratan de reclamar los derechos conculcados al pueblo. Realizan la proeza de levantar más de once mil firmas.
El gobierno los persigue, pero ya no están los tiempos para encarcelar o fusilar a unas personas que ni siquiera se proponen cambiar el sistema político, sino que se reúnen, simplemente, para defender intereses legítimos, para intercambiar puntos de vista o para pedir que se cumplan las propias leyes del país.
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