Tiempo de descuento

El tiempo y la historia guardan una estrecha relación. La historia la hacen los hombres, pero el tiempo acota sus límites. De acuerdo con esa ley, los hombres pueden acelerar o retardar los procesos históricos, pero sólo hasta un punto.

De forma análoga a los partidos de fútbol, en los procesos históricos los sujetos tienen un tiempo para realizar sus proyecciones, y en caso de consumirlo sin alcanzar los fines anunciados, pueden contar con un tiempo de descuento en determinadas condiciones. En la Isla se agotó el tiempo reglamentario. Gracias al control que ejerce en la sociedad, al gobierno le queda una oportunidad: el tiempo de descuento.

En la historia, ningún cambio temporal resulta definitivo, aunque sea una revolución. En el caso de Cuba, los cambios realizados después de 1959 no responden a las necesidades actuales. Se requieren nuevos cambios, aunque ahora no por la vía de las revoluciones. Como el movimiento es absoluto, el inmovilismo inducido desde el poder para "salvaguardar las conquistas" condujo al estancamiento social y creó la falsa imagen de haber logrado que la parálisis deviniera eterna. Como resultado, los problemas acumulados han llegado al punto que, o se acometen con urgencia y decisión, o la presión social encontrará otra salida, en la que todos podrían perder.

La alternativa ante esa situación es cambiar o ser cambiado. La diferencia entre las dos opciones radica en que los resultados pueden ser para bien o para mal, producirse por medio de la violencia o el entendimiento, y realizarse desde el poder, con su participación o sin ella. Lo imposible es prolongar el inmovilismo y evitar los cambios, porque el tiempo se impone tarde o temprano.

La prioridad de la nación

En tan complejo y peligroso contexto es necesario partir de la prioridad de la nación ante intereses partidistas, ideológicos o personales. Esto significa: la restitución de los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos para que puedan desempeñar el papel activo y determinante que les corresponde en los cambios sociales; emprender, con señales claras, las transformaciones en la estructura de propiedad de los medios de producción; fomentar una verdadera sociedad civil paralela e independiente del Estado, y despenalizar la diferencia política con carácter retroactivo.

Sólo así, los gravísimos problemas acumulados podrían tener sino total, al menos solución parcial, entre ellos los salarios y jubilaciones; la corrupción generalizada y la indisciplina laboral; la vivienda, el transporte y el acceso libre a la información; la fuga hacia el exterior, la invitación y el permiso de salida para poder viajar al exterior; la elección del tipo de educación; y el envío masivo de ciudadanos a misiones sin previa consulta popular.

Al ser casi el único poseedor de los medios de producción y de información, el gobierno cuenta con grandes ventajas para iniciar reformas sin oposición de intereses particulares y sin depender de fuerzas externas. El argumento del "enemigo" —sea falso o verdadero— no puede seguir esgrimiéndose en nombre de la seguridad nacional para aplazar los cambios. Tal conducta ha conducido paradójicamente a una verdadera inseguridad para la nación. Aunque el socorrido diferendo constituye un factor retardatario, las transformaciones no pueden esperar por su solución.

La esperanza de la conversión de la sucesión temporal en permanente puede extinguirse. La posible salida a la crisis estructural exige voluntad política para emprender los cambios. Todo lo demás es retórica vacía y peligrosa, sobre todo cuando la esperanza desaparece y el miedo comienza a ceder terreno.

Lo anterior implica alentar los debates que han irrumpido en el escenario nacional, incluir a todos los cubanos, sean o no revolucionarios, poner los medios de comunicación en función de generalizar las experiencias y convencer a los ciudadanos de que se pueden expresar libremente y sin miedo a consecuencias negativas, para que también los apáticos y los tímidos, que son muchos, se incorporen a un proceso que no puede ser sino de todos.

Agotado el tiempo reglamentario, la crisis apremia y el gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de actuar antes que el tiempo de descuento se agote.

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