Cómo se construye una oposición leal en Cuba

En días pasados, los editores de la revista Espacio Laical, Roberto Veiga y Lenier González, publicaron sendos artículos sobre el importante tema de la construcción de una oposición leal en Cuba. Los textos de Veiga y González fueron comentados críticamente en Havana Times por Haroldo Dilla y Armando Chaguaceda, dos reconocidos académicos cubanos, radicados fuera de la Isla. Aunque las críticas de Dilla y Chaguaceda adelantaron mis reparos a las intervenciones de Veiga y González, agrego las siguientes observaciones, que podrían servir para completar más las aristas de un debate crucial en Cuba, como el que intenta abrir Espacio Laical. Sin debate sobre la oposición, no hay, de hecho, debate sobre la democracia. Aun cuando se entienda que esa “oposición leal” está por construir, es evidente que en Cuba existe una “oposición real”, que no puede ser borrada del presente o del futuro de la Isla.

Coincido con los cuatro autores mencionados y, sobre todo, con los últimos párrafos del escrito de Roberto Veiga, que intentan definir el proceso de construcción de una oposición leal en Cuba desde una perspectiva amplia, que se abre, simultáneamente, a mecanismos representativos y participativos de la democracia. Ese enfoque es irrenunciable en estos días, cuando vemos en todos lados, en Estados Unidos y Europa, Egipto y Siria, Venezuela y Ucrania, Rusia y China, una crisis de la representación política que afecta tanto a las modalidades clásicas del liberalismo democrático como a las nuevas variantes —autoritarias o no—, más afirmativas de un rol hegemónico del Estado en la economía, la sociedad y la política. La crisis actual de la democracia solo puede enfrentarse, con un mínimo de coherencia global, por medio de una articulación de elementos representativos y comunitarios, institucionales e independientes, parlamentarios y participativos.

Mi mayor objeción proviene, como en los textos de Dilla y Chaguaceda, de la exposición teórica e histórica del concepto de “oposición leal” que propone Lenier González. La historia reciente de ese concepto en medios académicos e intelectuales cubanos es mucho más compleja y rica y se remonta a los años 90, cuando, a partir de las experiencias de Europa del Este, España, Portugal y América Latina, se instala la idea de una transición pacífica a la democracia en Cuba. Bastaría, por ejemplo, revisar algunos cuadernos editados por el Instituto de Estudios Cubanos, en Miami, o los primeros números de la revista Encuentro, entre 1996 y 1998, para encontrar un uso del concepto de “oposición leal”, referido a la obra de Juan Linz, y aplicable a Cuba, en tanto país que, de acuerdo con trabajos de Jorge Domínguez, Haroldo Dilla, Carmelo Mesa Lago, Marifeli Pérez Stable, Damián Fernández o Eusebio Mujal León, transitaba de un régimen totalitario a uno autoritario o postotalitario. Esas ideas fueron manejadas en Encuentro o Cuban Studies con quince o veinte años de antelación al uso que le han dado más recientemente otros autores, citados por Veiga y González.

Lo que más me interesa no es, sin embargo, la primicia en el uso de un concepto sino la mayor o menor profundidad con que lo aplicamos a la experiencia cubana y las formas de inclusión política que podrían desprenderse de dicha aplicación. La idea de una “oposición leal”, en los teóricos de las transiciones de los 90, estaba relacionada con las posibilidades de vertebración de una cultura jurídica bajo un orden no democrático, que permitiera llegar a consensos en torno a las rutas legales y pacíficas del conflicto político. Aunque esas teorías, como observa Armando Chaguaceda, están siendo revisadas hoy, no estaría de más, en un contexto tan desabastecido de debate teórico como el cubano, regresar a las mismas para observar los aciertos y limitaciones con que la oposición real cubana ha intentado asimilarlas.

Creo que coincidimos en que una oposición leal, además de aceptar las reglas del juego político establecidas por un régimen, debe respetar la soberanía nacional del país, los métodos pacíficos de resolución de conflictos, el reconocimiento de la legitimidad del gobierno y el Estado de Derecho. Ahora bien, ¿cuál sería, entre todas esas premisas —por no hablar de valores humanos universales, sobre los que es imposible detentar monopolio alguno, como la libertad, la igualdad, la justicia, el bienestar, la felicidad, el progreso...— la que determinaría la lealtad última dentro de la vida política de una comunidad? En cualquier proceso de transición democrática, inclusive en un proceso de transición democrática en un país, como Cuba, sometido a diversas formas de acotación de sus soberanías, la lealtad última, no es al “nacionalismo revolucionario” —que al fin y al cabo es una doctrina gubernamental, derivada de un corpus ideológico y, sobre todo, un relato histórico, bastante específico dentro de la cada vez mayor pluralidad ideológica actual—, sino al orden constitucional. Con más razón en el caso de Cuba, porque su Constitución vigente, la de 1992 reformada en 2002, establece de manera explícita y hasta reiterativa el principio irrenunciable de la soberanía nacional. En Cuba, quien es leal a la Constitución es leal a la soberanía.

La idea de una oposición leal al orden constitucional y a las leyes vigentes en la isla implicaría extender el concepto de lealtad más allá de ideologías y afectos, creencias y doctrinas, partidos u asociaciones, preferencias o no por unos líderes u otros, captando la pluralidad real de la sociedad cubana. Además de establecer límites precisos para el consenso, como los que podrían relacionarse con el uso de métodos pacíficos o de la inviolabilidad de la soberanía, una comprensión de lo leal, referida a la Constitución, permitiría fomentar la cultura cívica y el respeto a las leyes, que Espacio Laical y otras publicaciones académicas de la isla han demandado en los últimos años. Esta idea de una lealtad a la Constitución no está, por supuesto, reñida con la legítima apuesta de la oposición real por la reforma o el abandono de esa Constitución. Como sabemos, sin la reforma de algunos capítulos de esa Constitución y del Código Penal vigente, es imposible hablar, ya no de una oposición leal sino de algo anterior a ella: una oposición legal y despenalizada. Sin el reconocimiento de la legalidad de una oposición, en Cuba, difícilmente se podrá asegurar el marco jurídico de consenso que se requiere para institucionalizar el nuevo pluralismo político.

Tomado de Libros del Crepúsculo, blog personal del autor.

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