Yo estoy entre quienes quisieran ver en mi país pasos positivos que permitan a la sociedad cubana rebasar el agujero en que se encuentra, y disminuyan los sufrimientos cotidianos de los cubanos comunes. Y creo que, aunque muy tímidos y no menos fragmentados, hay acciones que merecen considerarse, y sobre todo no-acciones (es decir omisiones de políticas) que también indican el final de una época. Y todo eso es, de alguna manera, bueno.

Pero francamente me aturden los analistas que hurgan entre los escombros de la política cubana a ver si descubren finalmente un indicio de transición que les permita palmotear hasta el agotamiento. Y esto acaba de pasar con un artículo de Granma —firmado por su subdirector— que explica las razones de la prohibición de los cines caseros y los timbiriches de venta de ropas. Y en el que los “transitólogos” criollos han ido descubriendo saltos hacia adelante, hechos insólitos y una muestra innegable que, como decía Galileo, a pesar de todo, se mueve.

En realidad el artículo de Granma solo es llamativo cuando lo comparamos con el registro histórico de este periódico —uno de los más soporíferos del mundo— pero no hay en él nada sustancialmente nuevo. Por un lado, reafirma la decisión de cerrar los cines y los timbiriches. Por otro, usa una información que nadie sabe de donde salió para mostrar una opinión pública que en lo básico aprueba la medida y solo discute matices de aplicación. Luego, con el estilo empalagoso de los artículos de Granma (¿por qué todos los artículos tienen el mismo estilo de damas ofendidas pero comedidas?) reafirma que no hubo equivocación, pero que la Revolución —magnánima— pudiera reconsiderar algunas cosas. Y finalmente deja claro que lo más importante es “el interés superior de toda la ciudadanía en preservar la legalidad y el orden” (sic).

Realmente el problema principal que aquí se discute es cual será el rol de la actividad privada nacional, cuya primera dificultad es que sus actividades aparecen autorizadas una a una. Todo un problema para una sociedad donde hay tantas necesidades productivas y de servicios, y donde al mismo tiempo hay tanta imaginación y energías en una población deseosa de salir del estado de postración en que se encuentra. Y aunque lo razonable hubiera sido sencillamente prohibir lo inaceptable y dejar el resto del campo libre a las iniciativas, ello hubiera ido a contrapelo de como se regula el sistema cubano, prohibiendo todo lo que no está expresamente autorizado. Esa es la clave de la ley y el orden que el articulista reclama como “interés superior”.

Cuando esta contradicción entre lo que el mercado reclama y lo que se puede hacer se resuelve a pequeña escala y en temas inocuos, se dejan pasar las transgresiones, y solo implican algunas moneditas para los inspectores estatales. Pero cuando no es así, llegan los conflictos sonados, las algarabías sobre la disciplina social, las regurgitaciones del Granma y los aplausos de quienes gustan saludar las maromas antes de que el maromero las haga.

Ello ha pasado, por ejemplo, en el caso de las ventas de ropa, y en particular de ropa usada. Ese es un negocio multimillonario en nuestro continente. En RD, por ejemplo, existen maquilas dedicadas a importar las pacas de tejidos de segunda mano, reorganizarlas y revenderlas. No son, como se imaginan algunos, panaceas comunitarias, sino negocios donde corre mucho dinero, pero que tiene dos virtudes: emplean a mucha gente, sobre todo mujeres, y abaratan los costos de la canasta familiar.

Pero este negocio sustrae una extensa clientela a las tiendas estatales en divisas —caras y regularmente con pésimas ofertas— y con ello limita una de las áreas en las que la burguesía verde olivo cubana está haciendo su acumulación. Y ese es un límite entendible de la vocación aperturista de la élite. Un supuesto comentario de un lector, reproducido por Granma, se explica por sí solo:

“¿cuántos millones de dólares se fugan del país por esas compras que después no se revierten en la población, porque de dónde salen los dólares para comprar en el exterior. Cambian aquí CUC por USD y se los llevan a otro país para comprar, o sea, eso es fuga de capitales”.

Y por supuesto que pueden ser millones. Pero lo que el supuesto lector de Granma olvida es que ese dinero no pertenece al estado cubano, sino a otras personas, que seguramente lo proviene de Miami, que repercute positivamente en términos de empleos e ingresos, y que no se fuga como valor, porque regresa en tejidos, aunque con toda seguridad sí se fuga de los bolsillos de los aguerridos burócratas-haciéndose-burguesía. Reconocer que hay dinero legítimo que pertenece a otros y circula por canales diferentes a los del estado, es una cuestión cardinal para que cualquier reforma de mercado funcione.

El tema de los cines particulares es otro. El subdirector de Granma lo explicaba muy claramente: “impedir la promoción de códigos ajenos a nuestros principios y valores como sociedad”. Y como sabemos que la televisión cubana está llena de películas con lo peor de la producción hollywoodense —bombazos, zombis, carreras de carros, asesinos descuartizadores, violencia, consumismo— entonces habría que concluir que los códigos no están referidos a la inmensidad de lo ético, sino a los pasillos estrechos de la política. Pues si peligrosos para el sistema son los hábiles comerciantes compitiendo con las faraónicas TRDs, no lo es menos la proliferación de salas de cine en libertad para exhibir ideologías adversas.

En resumen, quien sea feliz aplaudiendo, que lo haga. Pero me parece que el artículo de Granma no implica novedad sustancial ni en lo que dice, ni en como lo dice: dice poco y dice mal. Al menos que creamos que eso de vomitar en público el resultado de las malas digestiones políticas, sea un signo de renovación.

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