Ha pasado poco tiempo desde que concluyó el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, y ahora pocos confían en la alharaca de las promesas. En el punto conocido como Política Social, nada hace el Gobierno por alentar verdaderamente tales reformas.

El general-presidente Raúl Castro se ha referido a la prohibición de entrar y salir del país como “prohibiciones y regulaciones emitidas en otros momentos del proceso revolucionario”, para enmascarar ese engendro jurídico que es el permiso de salida (o de entrada) del país. Sin embargo, nada se dice sobre la prohibición de circular libremente por el territorio nacional.

¿Qué dice la prensa local sobre el nuevo florecimiento de los puntos de control policial, eliminados a finales de los años ochenta de cara a la visita de inspectores de derechos humanos a la Isla? Nada. Acaso un periódico de provincias se refiere a él como “medidas revolucionarias” para frenar el mercado negro.

En innumerables ocasiones los disidentes cubanos han denunciado las prohibiciones de entrar o salir de una provincia. Jorge Luis García Pérez (Antúnez) tiene una patrulla policial permanente a la vuelta de su casa en el municipio central de Placetas, en Villa Clara. En el punto de control policial de Río Frío, a la entrada de Guantánamo, hay un listado con nombres, fotos y referencias políticas de casi un centenar de opositores políticos para que no ingresen o salgan de la ciudad. Según Rolando Rodríguez Lobaina, de la ilegal Alianza Democrática Oriental, la lista de marras se activa o desactiva bajo pedido específico de la policía política en fechas significativas o días de presunto revuelo popular.

Las golpizas propinadas a varias mujeres disidentes en Santiago de Cuba, provenientes de Moa, Holguín y Palma Soriano en el último mes, con el objetivo de que no participen en las misas efectuadas en iglesias católicas como el Santuario de El Cobre o la Catedral de la provincia, prueban que el mismo gobierno hunde a sus ciudadanos en el marasmo de la ilegalidad.

¿En qué herramienta jurídica se ampara la Policía Nacional Revolucionaria para cercar las casas de los disidentes por varios días con el objetivo de impedirles participar en actos conmemorativos convocados por ellos mismos, pero actos patrióticos al fin?

Habría que rebuscar en la Ley 88 (o Ley Mordaza) para encontrar el atentado contra la seguridad nacional que existe en el acto de ponerle flores al busto de José Martí, o hacer un acto público en un parque o una reunión en la sala de una casa.

A la par de promesas de reformar la legislación socialista en temas migratorios, el general-presidente azuza a sus partidarios y les otorga el derecho a defenderse y defender el proyecto cincuentenario a como dé lugar.

“Esta calle es de Fidel”, o sus derivados, como “las calles y las universidades son para los revolucionarios”, catalizan el odio entre cubanos. Las consecuencias se pueden verificar en actos tan vergonzosos como los mítines de repudio, las palizas públicas de los porristas o los bombardeos de huevos, excremento y pintura contras las casas de los opositores.

A inicios de año se publicaron en Internet las fotos del hogar de Sara Marta Fonseca, una opositora pacífica residente en el barrio habanero de Río Verde. Los porristas integrantes de las Brigadas de Respuesta Rápida embadurnaron de alquitrán la fachada de la vivienda, el portal y el pasillo de acceso. En cambio, cuando se hizo pública tal medida de escarnio, y los periodistas acreditados en La Habana y los turistas de ocasión comenzaron a frecuentar la casa en horas nocturnas para llevarse las fotos como trofeo, oficiales del tenebroso Departamento 21 le propusieron a Sara Marta habilitar una brigada para pintarle la casa, propuesta que según informaciones de la oposición interna la disidente declinó aceptar.

La futura efectividad de la legalidad cubana pasa primero por universalizar el derecho de sus ciudadanos y arrancar las inyecciones de odio entre los mismos. Tarde o temprano habrá que desmontar esa máquina de lanzar improperios, patadas y escupitajos.

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