"Algunos servicios estatales están siendo usados para lucro personal por insensibles que alteran precios y normas de los productos, traspasando falazmente la frontera entre lo estatal y lo privado". Así comienza La vieja gran estafa, un reporte publicado los días 1, 15 y 22 de octubre por un equipo de periodistas del diario Juventud Rebelde, que, acompañado de "inspectores integrales provinciales", visitó varios centros que prestan servicios en la capital.

En la cafetería El Manzanares (Infanta y Carlos III), a las jarras de cerveza le faltaban 90 mililitros. En La Tropical (12 y 21), los bocaditos de 3,50 no cumplían con la cantidad de 29 gramos de jamón correspondiente, y los vasos de refresco no alcanzan los 232 mililitros establecidos. En el comedor comunitario de 12 y 21, los usuarios reciben "poca comida y con mala calidad". En El Centenario (Infanta y Estrella), a cada jarra de cerveza le faltaban 50 mililitros.

Estas alteraciones de precios y/o los faltantes en pesos y volúmenes fueron comprobados en relojerías, cafeterías, zapaterías, bodegas y otras instalaciones. Las cifras publicadas hablan por sí solas: "Hasta agosto del presente año los inspectores integrales capitalinos realizaron 22.692 verificaciones y en 11.692 centros encontraron violaciones de precios y alteraciones en la norma de los productos". El 52 por ciento de los centros examinados tuvo problemas.

En lo que va de año, los inspectores del Departamento de Fiscalización y Control de la Unión de Empresas del Comercio y Gastronomía de la capital, detectaron que en 112 unidades los trabajadores introdujeron productos ajenos al centro. Como resultado de las pesquisas, el equipo investigador arribó a las siguientes conclusiones: "En la epidermis de la sociedad cubana aflora un mal perceptible".

La 'gestión' de los trabajadores

Algunos criterios recogidos en La vieja gran estafa son la necesidad de que la población tenga más cultura sobre este asunto, que cada cliente debe conocer sus derechos para así poder exigir a quienes tratan de vulnerarlos; enseñar a los niños sus derechos y deberes como consumidores; fortalecer la conciencia general en contra de estas ilegalidades, bajo el principio de que en Cuba los servicios estatales son para beneficio de la población.

Pero, ¿qué ocurre realmente? Según los trabajadores, no reciben insumos para trabajar, razón por la cual mantienen los servicios con materias, utensilios y dinero de su propiedad: el talco, los ventiladores, las lámparas, las reparaciones e incluso la construcción de muebles en muchas barberías corre por cuenta de los trabajadores, así como la colcha de trapear, las espumaderas para las cocinas, los vasos y jarras para la venta de bebidas, la reparación del motor para el abastecimiento de agua, la goma y el hilo para la reparación de calzados o el costo de las reparaciones de los taxis…

Por ejemplo, la administradora de El Centenario asegura que los empleados compran las jarras —por supuesto, con una medida menor a la establecida—, porque no les dan otras y tienen que vender. A ello se agrega que en casi todas las unidades faltan las pesas para la comprobación, y en consecuencia, el monto de las utilidades se distribuye entre los trabajadores. Muchos de los administradores, que tampoco viven de sus salarios, igualmente se apropian de una parte de la tajada.

El doctor Omar Everleny, profesor titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana, dice que "es increíble y hasta imposible pensar que por un salario de 200 pesos y pico alguien brinde un buen servicio, pero además tenga que buscar el bombillo, la colcha de trapear y cuanto insumo necesite para laborar".

Tan generalizada es esa situación que basta con encontrar una unidad que funcione para saber que detrás está el interés de los trabajadores. Y ese interés, ajeno a consignas o conductas revolucionarias, constituye una respuesta al poco valor de los salarios, lo que implica un daño ético no sólo para la actual generación, sino que afectará a varias de las futuras, pues esa moral negativa, surgida de condiciones anormales de vida durante tanto tiempo, ha devenido cultura.

Ante los continuos fracasos en los intentos por eliminar el "mal" desde la represión pura, hay que redefinir cómo enfrentar la crisis. En ese sentido es alentador que Juventud Rebelde reconozca que esos problemas no se resolverán sólo con inspectores, talonarios y multas.

Lo principal es la propiedad

Teniendo en cuenta que en la red estatal de servicios lo que funciona es la empresa "estaticular" —una forma peculiar de economía caracterizada por la propiedad aparente del Estado y la apropiación real por parte de trabajadores y administradores, surgida de la combinación entre la tendencia natural a la posesión de propiedades, la incapacidad productiva del modelo económico vigente, la insuficiencia de los salarios para vivir y la iniciativa y preparación profesional de los cubanos—, hay que dirigir el análisis a la necesaria reestructuración de las formas de propiedad existentes en Cuba.

Según reconoce el equipo de periodistas, el lucro personal resultado de esa forma novedosa de servicios surgida en el socialismo insular, goza de ciertas ventajas respecto al trabajo por cuenta propia; pues los mismos se libran de los impuestos, el pago del área, los gastos de corriente eléctrica, la compra de materias primas y el uso de las herramientas.

Sin desdeñar la importancia de remodelar las unidades y de abastecerlas de los insumos necesarios, lo determinante radica en la estructura de la propiedad actual. Según Luis Marcelo Yera, del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, "desde que el socialismo surgió en la Rusia soviética, el tipo de propiedad estatal que se aplicó no pudo mantener el desarrollo ascendente de las fuerzas productivas que se había logrado desde la comunidad primitiva hasta el capitalismo".

Es necesario que las relaciones impuestas, ajenas a la naturaleza humana y la experiencia, sean desplazadas gradualmente hasta la conformación del ciudadano capaz de participar, con derechos institucionales, como sujeto en las principales determinaciones de los procesos económicos.

Por tanto, si la empresa estaticular funciona porque mueve el interés de los trabajadores por las utilidades, lo aconsejable sería, aprovechando la experiencia acumulada en ese tipo de gestión económica, que el Estado se retirara de lo que en casi medio siglo fue incapaz de hacer funcionar y convirtiera esa peculiar forma de empresa en cooperativas, vendiéndola a los trabajadores para su gestión.

Ello significaría un aumento de los ingresos que hoy escapan al fisco, mayor interés por el mejoramiento de los servicios, disminución de los altos precios resultado de una mayor oferta, y una significativa disminución de los delitos comprobados por el equipo de Juventud Rebelde, con la consiguiente disminución del enorme y creciente ejército de inspectores.

Mientras el Estado, por su parte, podría concentrarse en las empresas estratégicas del país y en la macroeconomía. Sería además, un paso decisivo en la democratización de la economía, sin la cual la crisis de la producción y los servicios no tendrá solución.

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