En la prensa española apareció recientemente un dato revelador: el 99,6% de las 478.000 empresas que desarrollan su actividad en la Comunidad Autónoma de Madrid —región que ha devenido motor de la economía ibérica— son PYMES, o sea, pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, trabaja en ellas el 60% de los casi tres millones de afiliados a la Seguridad Social en la región.

Dichos datos ponen de relieve una vez más la relevancia que tiene la creación, el fomento y la preservación de un tejido empresarial si es que se pretenden alcanzar determinadas cotas de crecimiento económico, bienestar material, la mejora del nivel de vida de la población y una más equilibrada distribución del ingreso. Las empresas que operan a pequeña escala contribuyen al aumento del empleo, la expansión de las exportaciones, el estímulo del ahorro y la inversión familiar.

Evaldo A. Cabarrouy, en su estudio La importancia de la pequeña empresa no estatal en el mejoramiento de la capacidad productiva de la economía cubana, demuestra que el factor empresarial es precisamente uno de los recursos productivos más escasos en los países en desarrollo. Por tal razón, la incorporación de nuevos empresarios al proceso productivo es una de las principales funciones de la pequeña empresa. Se considera además que la producción a pequeña escala es altamente intensiva en mano de obra y, por consiguiente, se le considera eficaz para enfrentar el desempleo y la escasez de capital.

La expansión de las empresas de menor tamaño puede jugar un papel positivo en la generación de empleo, la mejor distribución del ingreso y la desconcentración geográfica de la actividad económica. La pequeña empresa fomenta el espíritu empresarial, reduce la brecha existente entre los pequeños talleres artesanales de la economía informal y las grandes empresas, y constituye un mecanismo eficiente para la creación y el fortalecimiento de la clase media.

Historia de un éxito

Al igual que en otros países de América Latina, antes de 1959, la presencia en Cuba de establecimientos de dimensión reducida en la rama de la manufactura, el comercio y los servicios era muy frecuente y generalizada. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al finalizar los años cincuenta, el 80% de los establecimientos de la industria no azucarera empleaba a menos de 25 personas.

En términos generales, puede decirse que al finalizar los años cincuenta predominaba en la Isla la producción al nivel de pequeña empresa de carácter familiar o casi artesanal.

La fabricación del tabaco ofertaba empleos a 200.000 personas y, a pesar de la inversión extranjera registrada en los primeros años del siglo XX, predominaba en ella el capital cubano. En 1958, Cuba produjo más de 600.000 toneladas de tabaco, de las cuales 42.000 se lograron en la zona de Vueltabajo, provincia de Pinar del Río, y en la región de Remedios, entonces provincia de Las Villas. Ese mismo año, Cuba disponía de cerca de mil fábricas de tabaco, de las que 700 empleaban menos de 25 obreros y sólo 25 utilizaban alrededor de 100 torcedores.

Estas fábricas, casi todas pequeñas y medianas, empleaban unos 8.000 torcedores y 525 anilladores, es decir, un promedio de menos de 9 obreros por fábrica. La producción de cigarrillos alcanzó en 1939 la cantidad de 9.300 millones de unidades, fabricadas en 24 industrias, que daban empleo a unos 4.000 cubanos.

Grandes, medianas y pequeñas empresas producían una amplia variedad de productos alimenticios. Unas 350 fábricas de alimentos abastecían el mercado interno de conservas de frutas, mariscos, refrescos, maltas, legumbres, leche fresca, en polvo, condensada y evaporada, confituras, dulces, etcétera.

Más de 50.000 cubanos dependían económicamente de la industria alimenticia. Sólo la industria de conservas del pescado, que inició su comercialización intensiva en 1940, alcanzó 10 plantas procesadoras en 1957. La producción principal era a base de langostas, atún, bonito, sardinas y albacora, todos a precios módicos y de alta calidad.

En la década de los años cincuenta se introdujo una novedosa tecnología para la congelación de colas de langosta y ancas de rana. Entre 1950 y 1954, la producción anual de esos productos alcanzó las 25.000 toneladas, de las cuales el 70% se destinó al mercado interno.

Castrismo fulminante

A partir de 1959, con el triunfo de la Revolución, se inició un proceso de colectivización de los medios de producción que transformó fulminantemente las formas básicas de organización económica del país, a partir de la expropiación de los medios privados de producción. Buena parte de los inmuebles pasaron a propiedad estatal, lo que afectó a todos los sectores de la economía.

Como resultado, el sistema empresarial sufrió transformaciones de gran magnitud y rapidez. Al finalizar 1960, todo el comercio al por mayor y exterior, la banca, gran parte del transporte, la industria, la construcción y el 52% del comercio minorista, así como más de la tercera parte de la agricultura, se encontraba en manos del Estado.

El 48% de la actividad comercial minorista que quedó en manos privadas estaba distribuida entre grandes y medianos comerciantes (23%), dedicados principalmente al giro de ropa, zapatos y ferretería, y el resto (25%) se encontraba en manos de pequeños comerciantes, que trabajaban directamente, y con su familia, sin emplear fuerza de trabajo ajena. En el sector industrial, las unidades productivas fueron organizadas, de acuerdo con la naturaleza de su producción, en torno a grandes "empresas consolidadas".

En la segunda mitad de 1960, las empresas estatales ya representaban el 50% del valor de la producción industrial. Un año más tarde esta proporción se había elevado al 75-80%. De las 38.384 empresas industriales que operaban en 1958, aproximadamente 18.500 eran responsables del 80% de la producción industrial; las mismas habían sido unidas en varios consolidados para fines de 1961.

En diciembre de 1962, con la promulgación de la Ley 1076, se nacionalizaron 4.600 empresas comerciales privadas grandes y medianas, y sus establecimientos, almacenes, depósitos y derechos dedicados a los giros de ropa, calzado, víveres y ferretería. Éstas fueron adjudicadas al Ministerio de Comercio Interior. La orientación que dio el organismo para la aplicación de la ley definía el pequeño comercio como "aquellos en que todos los que trabajan en él son familiares o que sólo tienen un trabajador".

Sin embargo, a pesar de que la ley no afectó a los pequeños propietarios, 218 establecimientos de ese tipo fueron nacionalizados. Además, durante 1963, los comercios de pequeña propiedad siguieron pasando al Estado.

Por otro lado, con la Reforma Agraria que se puso en práctica en 1959, fue incorporado al patrimonio estatal un 40% de la tierra en fincas. El 3 de octubre de 1963 fue dictada una nueva ley de Reforma Agraria, que estableció el límite máximo de tenencia de tierra a 67 hectáreas. Las propiedades rurales con una extensión que sobrepasaba esta medida fueron expropiadas, eliminando con ello a los agricultores medianos.

De esta manera, el 70% de las tierras y el 80 de la producción agrícola quedaron bajo control estatal. A fines de 1963, sólo el 30% de las propiedades rurales y aproximadamente el 25% de la actividad comercial minorista estaban en manos privadas, el resto de la economía se encontraba en manos del Estado.

Ofensiva y desabastecimiento

En el verano de 1966, el proceso de colectivización se reanudó con nuevos bríos, concentrándose en las dos bolsas de propiedad privada remanentes: la agricultura y los servicios. En 1967, la colectivización fue reactivada en la agricultura mediante la eliminación de las pequeñas parcelas destinadas al cultivo familiar de las que disfrutaban los trabajadores de las granjas estatales, la compra de granjas privadas por el Estado, la expansión del acopio y la prohibición de ventas directas de los pequeños agricultores a los consumidores.

En marzo de 1968, con la puesta en marcha de la llamada "Ofensiva Revolucionaria", la colectivización alcanzó su punto culminante cuando se intervinieron estatalmente hasta los negocios más pequeños. El 25% del comercio minorista que aún quedaba en manos privadas, además de la mayor parte del 2 al 5% de la industria y el transporte, fueron colectivizados de un solo golpe.

Entre los meses de marzo y abril de 1968 se nacionalizaron 58.012 establecimientos. Los pequeños negocios nacionalizados, más de la mitad establecidos después de 1961, se dedicaban principalmente al giro de comestibles y bebidas, tiendas de servicios personales, como quincallas, talleres de reparaciones, artesanías y vendedores ambulantes. Aunque se sostuvo que estas pequeñas empresas privadas, que abarcaban casi un tercio de la distribución de bienes de consumo, estaban creciendo rápidamente y acumulando cada vez más ganancias; la verdad fue que el pequeño sector privado había estado llenando el vacío creado por el funcionamiento ineficaz de los servicios estatales.

La importancia que había logrado tener el sector privado después de los primeros años de la Revolución, en la esfera del comercio y en algunos servicios y producción de artículos industriales, indicaba que la producción privada continuaba desarrollándose e incluso compitiendo con éxito con el Estado, debido a su mayor iniciativa y flexibilidad. Por ello, sus productos eran preferidos incluso por el sector estatal. De hecho, la relación del sector privado con el estatal en la producción y los servicios se había desarrollado notablemente.

De esta suerte, la industria cubana sufre desde entonces el descalabro de un proyecto económico voluntarista e irracional, que redujo la producción del país a niveles que apenas llegaron a satisfacer el 20% de la demanda nacional. Desaparecieron del mercado muchos productos que históricamente se ofertaban a precios accesibles y de óptima factura en una amplísima red de pequeños, medianos y grandes establecimientos comerciales.

La agricultura y las industrias y transformativas del vestido, la gráfica, el papel y el plástico, la construcción, el calzado, la textil y la química, entre otras, redujeron producciones y surtidos bajo la rectoría de un plan elaborado centralizadamente, que modificó de manera radical las técnicas de gestión empresarial y alteró sustancialmente los hábitos de consumo de la población.

Reacomodo selectivo

A partir de la mitad de la década de los noventa, hubo un rebrote de la pequeña propiedad, en sintonía con medidas de reacomodo selectivo que introdujo el poder para frenar la caída libre del producto interno bruto, como consecuencia de la súbita pérdida de los cuantiosos subsidios de la otrora Unión Soviética.

La respuesta de la latente capacidad empresarial de los cubanos ante la señal permisiva del Estado fue masiva y, gracias a ella, Castro consiguió remontar la peor crisis que afrontó su régimen desde 1959.

Sin embargo, tras la leve recuperación de algunos indicadores macroeconómicos, aquella limitada liberalización fue detenida en 1996, e incluso, revertidos sus efectos, lo cual permitió al Estado patrón reasumir su protagonismo en la esfera de la producción, la distribución y los servicios, en gran medida apoyado ahora en el petróleo barato —probablemente gratis—, así como en los generosos subsidios que recibe de su aliado caribeño, Hugo Chávez.

Hay que tener en cuenta que la lógica totalitaria se debilita frente a la expectativa de una liberalización económica, generadora de independencia política, lo cual para el Estado patrón implica un elevado riesgo que Castro no está dispuesto a correr. El principal obstáculo que se interpone en el camino de las pequeñas y medianas empresas cubanas no es otro que la obstinada política del Estado de no perder el control de la economía, bajo los efectos de una jurásica ortodoxia marxista, con sus naturales incongruencias económicas, incoherencias sociales y profundas contradicciones políticas y filosóficas.

El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas requerirá de un profundo desmontaje de toda la plataforma legal que lo frena, desde la Constitución de la República hasta el Código del Trabajo. La libertad empresarial requiere en primer lugar de libertades civiles y políticas, de una declaración oficial que reconozca el interés del Estado por promover empresas pequeñas y medianas con amplias garantías legales, éticas y morales.

Libertad y mercado

Asimismo, resulta impostergable un mínimo de acciones concretas, entre otras: abdicar del monopolio del poder político como requisito básico para la renuncia del poder económico. Estimular la orientación del crédito —en este sentido, la propuesta de microcréditos con garantía hipotecaria desplegada por el Cuba Study Group en septiembre del año pasado, daría un apoyo concreto a la demostrada iniciativa empresarial de muchos cubanos de la Isla— con bajos intereses y largos plazos, hacia el fomento de pequeñas y medianas empresas, en sectores, ramas y servicios deficitarios del comercio, la gastronomía, los servicios personales, la agricultura, el transporte y las telecomunicaciones.

Permitir la creación de pequeñas y medianas empresas que brinden servicios paralelos a los del Estado, explorando incluso el sector educacional y de la salud. Revisar las leyes relativas al sector agropecuario y proveerlo de fórmulas que garanticen su pleno desarrollo en áreas tan sensibles como la libre elección de los cultivos, la participación directa en el mercado y la fijación de precios más flexibles. Permitir la asociación libre, con intereses ramales, sectoriales, territoriales o profesionales, favoreciendo el intercambio y transferencia de tecnología, créditos y recursos dentro del sector por cuenta propia.

El poder político y administrativo debe dejar de ser un instrumento de coacción y un medio para obtener prebendas y beneficios; por el contrario, éste debe dar servicio a la nación, representando un instrumento de soberanía y garantía del bien común.

Del mismo modo que la Comunidad de Madrid, en España, basa en gran medida su crecimiento económico en una tupida red de pequeñas y medianas empresas que contribuyen a la creación de riqueza, la acumulación y satisfacer la demanda cotidiana de un sinfín de consumidores de productos y servicios, Cuba posee toda la potencialidad para, una vez superada la dictadura, recuperar la economía insular.

Disfrutar del desarrollo es ofrecer al ser humano la posibilidad de ejercer su libertad y la democracia en su más genuina y amplia manifestación. Las libertades civiles, políticas y culturales, entre otras, deben presidir cualquier intento de renovación económica en Cuba, pues aquellas están orgánicamente relacionadas con el mercado.

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