En un artículo titulado "La necesidad no tiene ciclo corto", publicado en el diario oficial Juventud Rebelde recientemente, se informa sobre el estado de la aplicación del Decreto-Ley 259 y el Decreto 282 que autorizaron el año pasado la entrega de tierra en usufructo a personas jurídicas o naturales. Se han solicitado hasta la fecha 560.751 hectáreas y cerca de 56.000 personas ya poseen la tierra solicitada, según la fuente.

Asimismo, se señala que de lo entregado, más del 60% se encontraba infectado de marabú o malezas, y una cantidad superior al 80% de los beneficiados no poseían anteriormente ningún terreno, sólo el 16,7% amplían sus tierras.

En Cuba, según el Anuario Estadístico de 2007, último disponible, la superficie agrícola es de 6,6 miles de millones de hectáreas, de las cuales se reconocen 1,2 miles de millones ociosas, aunque parte considerable de los 2,4 miles de millones del área clasificada como pastos naturales también está sin explotar y cubierta de malezas.

En adición, de los alrededor de 3,0 miles de millones de la supuesta superficie cultivada, un por ciento considerable está insuficientemente atendido, por lo cual puede afirmarse que las tierras asignadas hasta el momento en usufructo no representan un porcentaje significativo de las tierras con posibilidades de entrega, por estar total o parcialmente baldías.

Al mismo tiempo, los nuevos agricultores afrontan serias dificultades para poner en producción las tierras recibidas. En especial carecen de recursos y créditos y, en muchos casos, de conocimientos para atender las áreas recibidas en pésimas condiciones, con marabú arraigado durante decenios y, por consecuencia, con sistemas radiculares muy extendidos que tienen que desenterrarse. Por tanto, deben procurar hachas y machetes prestados, y carecen hasta de alambre para cercar y proteger sus cultivos y bienes.

El artículo señala, además, el preocupante problema de que no se ha aclarado la posibilidad de construir en las tierras entregadas, "aunque sea una pequeña casita para guardar los utensilios, las semillas; guarecerse cuando llueve y, sobre todo, quedarse a cuidar los sembrados en tiempos de cosecha".

Con las dificultades de carencias materiales, créditos y sin autorización para construir, es muy difícil que muchos propietarios, particularmente quienes no poseían ningún terreno antes, puedan mantener estas explotaciones. Máxime cuando la legislación para las entregas de tierras posee muchas cláusulas por las cuales en cualquier momento se puede perder el usufructo. Además de tener un término de diez años para las personas naturales, que pudiera prorrogarse, aunque sin obligación del Estado a hacerlo, lo cual crea un ambiente de inseguridad para los nuevos agricultores.

Por un cambio radical

El procedimiento implantado por el gobierno traerá ciertos beneficios. En particular, serán mejor aprovechadas las tierras entregadas a los agricultores ya establecidos, quienes a pesar de muchas dificultades y temores, durante años han sido los productores más eficientes.

Con alrededor del 18% de la tierra cultivable del país, han alcanzado más del 60% de la producción agropecuaria nacional. Pero las mejorías obtenibles con el Decreto-Ley 259 no resolverán el gravísimo problema de suministro de alimentos a la población, ni disminuirán sensiblemente las enormes importaciones, fundamentalmente de Estados Unidos.

Resulta indispensable un cambio radical de la política agraria. Es un ejemplo evidente de la necesidad urgente de introducir "reformas estructurales y de conceptos", como hace casi dos años planteó Raúl Castro. Está fuera de discusión que los recursos y créditos serían mejor utilizados, si se facilitaran a quien mejor los ha utilizado históricamente: el campesino privado. La agricultura es una labor muy dura y quienes se dedican a ella tienen que tenerle amor, además de la posibilidad de recibir ingresos equivalentes a sus esfuerzos.

Quizás los nuevos decretos sobre la entrega de la tierra en usufructo podrían representar un puente para hacer lo necesario: entregar la tierra en propiedad. Con el usufructo posiblemente se detectarán las personas realmente interesadas en labrar y cuidar la tierra. Y, como justo reconocimiento, luego dársela en propiedad a través de fórmulas adecuadas, en dependencia de las características de los terrenos, como podría ser el pago del suelo mediante la entrega de productos.

Por otra parte, hay que entender que la agricultura es un sistema, y que no se resuelven los problemas únicamente con producir. Además hay que establecer mecanismos racionales de acopio y distribución de los productos, con personas motivadas e interesadas en trabajar; organizadas sin dogmas y con la mayor flexibilidad posible, a fin de que los productores puedan dedicarse plenamente a su función de producir y no tengan que fungir como intermediarios ni monteadores de recursos, como sucede actualmente.

Posiblemente algunos "expertos" dirán que en estos tiempos de crisis no existen recursos financieros para adquirir los abastecimientos, incluidos herramientas elementales, ropa y zapatos, ni para organizar eficientes sistemas de acopio; pero habría que señalar que sí existe dinero para importar 2,5 miles de millones de dólares anuales de alimentos, que en su inmensa mayoría son obtenibles en Cuba. Esto representa una absurda paradoja.

Todo el proceso debe estar libre de intervenciones políticas y de necesidad de avales, para que los hombres que quieran trabajar tengan acceso real a la tierra. Los avales requeridos deberían ser la honradez, el cuidado de la tierra y la laboriosidad, para rendir beneficios a la familia y la sociedad. La burocracia durante 50 años sólo ha dejado en Cuba la destrucción de la agricultura y el campesinado.

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