La brecha entre salarios y precios sigue aumentando en Cuba, lo que constituye una situación anómala con consecuencias que van desde el aumento de la corrupción y el robo hasta la amenaza potencial de disturbios y caos. Y lo peor en este caso es que el principal empleador del país, el gobierno que controla un Estado totalitario, no enfrenta el problema con decisión y premura.

Desde 1990 los precios no han cesado de aumentar. El fin del subsidio soviético y el inicio del llamado “período especial” —que aún no ha concluido— trajo como consecuencia que se dispararan las desigualdades en la Isla. No es que éstas no existieran con anterioridad, pero se mantenían en parcelas que delimitaban privilegios: el grupo dirigente; un sector dedicado al trabajo privado de forma parcial o completa —que crecía y disminuía según los años— y quienes formaban el grueso de la fuerza laboral; empleados estatales, desde profesionales hasta auxiliares de limpieza.

Al comenzar a quebrarse esta parcialización, surgieron dos fenómenos hasta entonces desconocidos en la Isla: la posibilidad de vivir —y de vivir bien— gracias a la autorización de recibir remesas del exterior y la oportunidad de obtener ingresos, en cifras que el Gobierno no es capaz de pagar, debido a la posesión de determinadas habilidades, capacidades, bienes o medios.

El primer grupo de beneficiados fue constituido principalmente por aquellos con familiares residiendo en el extranjero, mientras que el segundo lo formaron desde artistas hasta cocineros y dueños de las ahora famosas “paladares”. Tras la llegada de Raúl Castro al mando de los asuntos cotidianos, las posibilidades de crecimiento de ambos grupos se han ampliado.

Sin embargo, el papel del Gobierno se ha limitado a permitir y no a desarrollar. De hecho, en este terreno las quejas que se formulan a diario a la actual presidencia es que no avance más rápido en esa permisividad a cuentagotas, que ha hecho que los cubanos puedan tener una computadora y viajar al extranjero.

Claro que al mismo tiempo, ese gobierno totalitario ha dejado en manos privadas el asunto de conseguir el dinero necesario, tanto para comprar el equipo como el pasaje.

Es decir, que al tiempo que se han democratizado las diferencias (ya la desigualdad no se siente en el viaje del dirigente a los países socialistas sino en el dinero que tiene el vecino para comprar un televisor de pantalla gigante), la adquisición de los bienes de consumo han pasado de métodos políticos y sociales a formas individuales (ya el centro de trabajo y el colectivo laboral no otorgan la autorización para comprar el televisor, sino se adquiere gracias al dinero que se recibe del extranjero o que se gana de forma privada).

Dicho de forma rápida: el Estado cubano se desentiende cada vez más del problema de la subsistencia de sus ciudadanos.

Se asiste entonces al desarrollo cada vez mayor de una especie de engendro económico, en que el “carácter socialista” viene determinado por el monopolio en el comercio de ventas al por mayor, y en buena medida también minoristas, mientras se desentiende del incremento, o incluso el mantenimiento, de la creación de empleos bien remunerados.

Esta actuación esquizofrénica solo es posible de mantener bajo el principio de que el Estado te vende, pero no te paga lo suficiente para comprar. Por lo que mira hacia el exterior para los ingresos: remesas, turismo, servicios médicos y de profesionales en el exterior y exportaciones muy específicas, como la industria farmacéutica y algunos minerales.

Lo curioso es que, con esta actitud parásita al extremo, el gobierno logre mantener un control absoluto y sustentar una retórica nacionalista.

No cabe esperanza alguna de que la discrepancia entre precios y salarios vaya disminuyendo, sino todo lo contrario. Limitarse a ver el asunto como el resultado de la existencia de una dualidad monetaria es interpretar una consecuencia del problema como la esencia del mismo.

La dualidad monetaria en Cuba es un problema que el gobierno de la Isla admite, pero cuya solución dilata. Sin embargo, este enfoque no solo parece estar cada vez más alejado de cualquier posibilidad de éxito, sino que en la práctica no cumple la función de plan de largo alcance destinado a lograr un objetivo, aunque sí un fin más inmediato: dilatar el asunto y trasladarlo a una especie de limbo que intenta ocultar la falta de capacidad o de disposición para hallar una solución.

Una estrategia destinada al fracaso económico que es en realidad una táctica política, la cual hasta ahora ha logrado su meta: considerar transitorio un callejón sin salida.

Se repite así la paradoja del modelo cubano, donde la falta de eficiencia productiva actúa muchas veces como carta de triunfo político.

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