A juzgar por el informe del gobierno al Consejo de Derechos Humanos, en Cuba el filósofo Panglós, personaje ideado por Voltaire, no habría tenido que abandonar el optimismo.

El escrutinio que todos los países deben pasar cada cuatro años se efectuará a la Isla este 5 de febrero en el Grupo de Trabajo que recibirá el informe de una troika integrada por Gabón, Uruguay y Bosnia y Herzegovina, y será adoptado el próximo día 9. En su condición de miembro del Consejo, La Habana se ha empeñado en mostrar una apariencia novedosa para esconder las verdades.

Resultaría una burla al pueblo cubano olvidar la crisis económica, social y política existente, sin que el gobierno aplique los cambios imprescindibles para reconstruir el país que ha destruido en 50 años de poder absoluto, ni permita a los ciudadanos expresar libremente sus opiniones, decidir la forma de gobierno o tener trabajo con salarios adecuados y pensiones dignas. Las autoridades encarcelan a conveniencia, controlan férreamente el movimiento dentro de las fronteras y niegan a la gente el permiso para salir y entrar al país.

En Cuba hay un único partido político y las supuestas organizaciones no gubernamentales están financiadas y dirigidas por el gobierno, que controla igualmente la prensa, la radio y la televisión. Sólo 17 de cada 1.000 habitantes tienen acceso autorizado a internet desde los hogares; y en los escasos lugares públicos está muy controlado.

En 2008, se permitió a los cubanos adquirir teléfonos celulares y alojarse en los hoteles de la Isla, a un elevado costo en divisas, aunque los salarios se perciben en moneda nacional. Está prohibido recibir transmisiones de televisión extranjera, y únicamente las personas autorizadas y usualmente enviadas por el Estado pueden participar en las ferias internacionales del libro u otros eventos.

El "amplio proceso de debate nacional de la realidad cubana" señalado en el informe de La Habana, se organizó para emitir opiniones "en el lugar y el momento adecuados" —como dijera el general Raúl Castro—. Pero pasado más un año, aún no se han publicado los planteamientos según prometió el gobernante, ni se ha modificado nada esencial.

Las cárceles hablan

Hay que recordar la permanente negativa a permitir pesquisas de dignatarios, personalidades relevantes como Christine Chanet, y prestigiosos organismos internacionales, como Cruz Roja y Amnistía Internacional; el no reconocimiento a los presos de conciencia y políticos pacíficos, acusados falsamente de "contrarrevolucionarios al servicio de una potencia extranjera"; la prohibición a los visitantes extranjeros de reunirse con la sociedad civil emergente o con activistas por la democracia y los derechos humanos.

Cuba es el país de Iberoamérica con la mayor población penal y el sexto a nivel mundial, con 487 presos por cada 100.000 habitantes, la mayoría jóvenes, negros y mestizos. Una situación incomprensible en un país donde se ha creado "el hombre nuevo", según la propaganda oficial, y más del 70% de la población nació después de 1959.

En el informe del gobierno cubano se habla de la justicia e independencia del sistema judicial, sin incluir el arresto en marzo de 2003 de 75 personas pacíficas, considerado arbitrario por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU en junio de ese año, cuando también Amnistía Internacional las declaró prisioneros de conciencia. Prestigiosos juristas internacionales han concordado en que los juicios sumarios a los condenados en la Causa de los 75 no contaron con el debido proceso. El texto de La Habana tampoco precisa que en abril de 2003 tres jóvenes negros fueron fusilados por haber cometido el error de secuestrar un barco para escapar de Cuba, sin cometer hechos de sangre.

El informe afirma que se cumplen los 95 preceptos de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas, pero los reos cubanos están hacinados en prisiones que ahora las autoridades intentan adecentar a toda prisa; y los presos políticos conviven con encarcelados comunes de alta peligrosidad.

Las informaciones que llegan desde las cárceles detallan las dificultades para acceder al agua potable en la mayoría de las penitenciarías, la mala y escasa alimentación, así como pésimas condiciones higiénicas: humedad, falta de iluminación y ventilación.

Muchos reclusos realizan huelgas de hambre para lograr demandas mínimas, llegando incluso a optar por el suicidio. Para intentar doblegar a los reclusos, los carceleros utilizan innecesariamente esposas y cadenas. Los presos políticos son recluidos en centros alejados de sus hogares, imponiendo a sus familiares un régimen de lejanía, vigilancia, discriminación y represión, además de manipular la comunicación como pretendido chantaje, ni permitirles visitas de amigos, y demorar los tratamientos médicos y traslados a centros hospitalarios fuera de la prisión.

Vanas ilusiones

Durante la situación de provisionalidad y el posterior enroque de presidentes, se creó la ilusión para el exterior de que se acometerían los cambios indispensables para afrontar la crisis nacional, que las empresas extranjeras tendrían mayores posibilidades, y simultáneamente, se darían pasos propicios para el fomento de la democracia y el respeto de los derechos humanos. La tranquilidad ciudadana, mostrada como amplio apoyo incondicional, se ha logrado con gran despliegue sigiloso de los órganos represivos y el incremento de las condenas por presunción de delitos.

La Habana firmó, al cabo de 40 años de aprobados, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aún no ha ratificado. Luego perdonó las penas de muerte, creó un Grupo de Trabajo con el gobierno de España y se realizaron encuentros sobre derechos humanos con algunos otros países.

La Unión Europea eliminó las sanciones impuestas en 2003, aunque las relaciones con sus miembros son selectivas y muy condicionadas por el totalitarismo cubano, que incluso rechazó la ayuda humanitaria luego de los tres huracanes de 2008. También logró la incorporación al Grupo de Río y otros mecanismos de la región, además de acoger a presidentes como Cristina Fernández de Kirchner.

Desvelar verdades y promover cambios es responsabilidad de todos los cubanos, pero los gobiernos que respetan o procuran respetar los derechos humanos en sus países, los organismos y la opinión pública internacionales, pueden contribuir a la probidad en Cuba en beneficio del pueblo.

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