Quizás la única propuesta de reforma institucional formal, y perteneciente a los municipios, que se ha manejado en Cuba en los últimos tiempos, es el experimento que se llevará a cabo en las recién formadas provincias de Mayabeque y Artemisa. Se define por sus impulsores como un “reordenamiento estructural” que abarca hasta la cuestión electoral, pero, afirman, sobre la base de las normas ya existentes. Es decir, perfeccionamiento de pormenores, y regularmente de valor funcional, en función de la viabilidad de los cambios económicos.

Obsérvese que digo “formal”, es decir, que no solo implica una acción de transformación de hecho, sino también de jure. Pues en realidad el aparato estatal cubano sufre numerosas adaptaciones y transformaciones de facto, aprobadas de manera discrecional por el General/Presidente y su círculo más cercano, como es el caso de esa supercomisión económica que nadie sabe cómo funciona, ni exactamente qué decide, y obviamente, fuera de toda auditoría social. Es una brutal concentración de poderes que quedó de manifiesto cuando el General/Presidente, en un acto de vocación “democrática”, informó al parlamento que se trabajaba en una “actualización” migratoria. Es decir, que se trabajaba sobre el tema que mantiene dividida a la nación cubana, que genera sufrimientos de todo tipo a la sociedad y que finalmente trata de uno de los soportes de la maltrecha economía nacional. Y solo eso, sin más información, sin ofertas de un tratamiento público del tema, ni siquiera al nivel de esa peccata minuta que se llama Asamblea Nacional del Poder Popular.

Pero entre las medidas que se anuncian y explican con mayor claridad está una que me llama la atención: separar las autoridades representativas y administrativas locales. Es decir, hacer recaer en personas diferentes las presidencias de las asambleas de delegados y las presidencias de los consejos de administración, que hoy recaen en una sola persona, tal y como establece el artículo 117 de la constitución.

El cambio tendría un valor simbólico apreciable, pues hacer recaer las funciones ejecutiva/administrativa y representativa en dos personas diferentes, produce una cierta separación institucional entre dos tipos de poderes que antes quedaban sumidos en uno solo en virtud de la llamada “unidad de poder”, pieza clave de los sistemas políticos del llamado socialismo real. Y que en la práctica, dejando afuera los elementos retóricos que le acompañaban, significa la absoluta subordinación de todos los poderes al ejecutivo. De ahí se obtienen desde jueces nombrados por el ejecutivo y atenidos a sus decisiones hasta asambleas que siempre vota unánimes y solo discrepan en asuntos menores. Pero obviamente nunca una democracia.

El experimento de Mayabeque y Artemisa ha despertado simpatías en muchas personas y de muchas trincheras. Personalmente, me parece positivo que algo se haga en materia institucional que conduzca a la desconcentración y descentralización del poder. Pero creo que sin una adecuación sistémica similar, se trataría de una acción sin más importancia que darle algo que hacer a los aburridos técnicos de la Asamblea Nacional y a los periodistas del ramo. No más.

En otras palabras, sería una ilusión mental creer que con una Asamblea Nacional elegida con candidatos únicos y votos negativos al revés —un sistema estalinista “actualizado”—, que sesiona dos veces al año por algunos días y cuyas atribuciones están recortadas por un Consejo de Estado cuyo presidente también lo es del Consejo de Ministros, pueda conseguirse una saludable separación de poderes en la instancia local. Si Cuba es un país que se gobierna con decretos y reglamentos, no con leyes, es excesivamente imaginativo creer que Mayabeque lo va a hacer tal y como lo soñó Rousseau. Es predecible —cuando empiecen a funcionar la cadenas burocráticas de mando— que sucederá el relegamiento de la asamblea local y de su presidente a una situación subordinada similar a la que padecen sus contrapartes nacionales, con el locuaz Ricardo Alarcón incluido.

Y es una pena que así sea. Cuba aún posee un potencial muy alto en sus municipios. El país ha evitado la fragmentación, por lo que sus gobiernos locales son entidades consistentes, con masas críticas demográficas y geográficas. Durante mi vida en Cuba, en mis investigaciones sociológicas sobre el tema, conocí personas muy capaces y comprometidas socialmente que ocupaban posiciones en los gobiernos locales y enfrentaban con inteligencia todas las adversidades del medio. Y no parece que Cuba pueda avanzar si no avanza en una mayor descentralización del Estado, en un fortalecimiento de los municipios como entidades de gobierno y en la puesta en juego de todas las iniciativas creadoras que se despliegan desde las sociedades locales.

Pero no creo que ello esté en las miras de la “actualización” que propugna el general/presidente Raúl Castro. Los Lineamientos del VI Congreso —ese shopping list de acciones probables— apenas hablan de ello, y cuando hablan en su versión final, se debe regularmente a las presiones que hizo la gente en las discusiones públicas, porque para los diseñadores del programa, los municipios solo existían para producir alimentos. La resolución del congreso sobre el tema es aún más parca. Y el experimento de Mayabeque y Artemisa no creo que tenga más valor democrático y descentralizador que su intención retórica, ni más efectos que algunos aplausos supernumerarios que terminarán extinguiéndose según el perfeccionamiento —trato de seguir la retórica oficial— comience a ser perfectible.

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