La fiscalía del municipio especial Isla de la Juventud, desde los años iniciales de la conquista llamada Isla de Pinos, ha pospuesto del 24 de diciembre, fecha inicial, al próximo 29, la celebración de un juicio contra cuatro pineros, acusados por su participación en las multitudinarias manifestaciones del 11 de julio en Cuba.

El acta de “Conclusiones provisionales” solicita 3 años de privación de libertad a los acusados Martha de los Ángeles Pérez Acosta, Ramón Salazar Infante y Francisco Alfaro Diéguez, así como 8 años a Juan Luis Sánchez González.

Al firmar el texto, la fiscal Oravia Torres Cabrera no disimula la realidad del país donde viven estas personas, serán sancionados por “incitación al desorden público”, delito configurado al proclamar en un parque de la ciudad la falta de libertades existente y pedir democracia, algo que según consigna el documento “pretender integrar mayoría que trasmitiese la idea de un estado de inconformidad generalizada en la población”.

Los inculpados serán víctimas de lo que, parodiando “La Suprema Corte”, un programa humorístico cubano antaño muy popular, bajo censura en el monopolio mediático controlado por el binomio gobernante Partido Comunista-Estado, se calificaría un “democraticidio”.

De acuerdo al orden constitucional vigente, fiscal, jueces e inclusive abogados, tienen como única opción aceptar los dictados del Partido Comunista de Cuba, al cual de seguro muchos de ellos pertenecen, deben obediencia y han jurado fidelidad, único y gobernante, situado por encima de la Soberanía Popular, según reza en el artículo # 5 de la constitución vigente (2019), que copió de la anterior (1976).

No habrá juicio oral público, le temen al vecindario porque los presuntos reos son gente querida en su barrio, sus vecinos se apenan de no poderlos tratar a plenitud como corresponde con personas honestas, trabajadoras, buenas familias, cuyo único “antecedente penal” en la Cuba de hoy es ser opositores políticos del régimen que ordena y manda desde hace 63 años en su país.

La tradicional Nochebuena, vísperas del nacimiento de Jesús, convertida en mala noche, es ahora parte de una larga historia, lo significativo es que la Isla de Pinos, territorio utilizado por Fidel Castro en laboratorio de sus experimentos sociales, no ha vivido ajena a las luchas cívicas de los cubanos contra la dictadura.

Antes fueron juzgados en farsas similares, otros muchos pineros demócratas y pensadores libres.

Recordamos entre los prisioneros del castrismo, al ingeniero Roberto Arias quien el 30 de abril de 1993, al comenzar la vista oral a puertas cerradas contra su persona, asumió su propia defensa porque el letrado que habría de ocuparse le había visto por vez primera minutos antes de entrar a la sala.

La Gestapo cubana, conocida bajo el nombre de Seguridad del Estado, estaba ejecutando una operación nacional bajo el código “Cascabel”, llevando a las rejas a cientos de ciudadanos.

Roberto falleció a consecuencia de falta de cuidados correspondientes a una enfermedad cardiovascular padecida en las sucesivas penitenciarias donde estuvo recluido bajo la absurda y jamás probada acusación de difundir “propaganda enemiga”, así fueron calificadas sus opiniones favorables a reformar el socialismo.

Eran los tiempos de la malograda perestroika, cuyos ecos en Cuba fueron silenciados con prontitud por Fidel Castro, considerando aquel proceso reformista una amenaza a sus poderes revolucionarios. Un buen número de jóvenes pineros cumplieron entonces prisión, recordamos de entre los condenados de los “90” al recién desaparecido fotógrafo Jaime Prendes.

Jaime fue un puente de generaciones pro libertad de expresión y crítica al autoritarismo. El pasado año, junto a un numeroso grupo de intelectuales asociados en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), sumando a sus colegas de similar organización en la rama juvenil, llamada Hermanos Saiz, firmaron un manifiesto apoyando la protesta pública que ocurrió el 27 de noviembre de 2020 en La Habana, frente al Ministerio de Cultura.

El documento, leído públicamente en una asamblea celebrada en Nueva Gerona, ciudad cabecera municipal, exhortaba a “dígase la verdad, toda la verdad, desde la perspectiva diversa de los que han participado en estas jornadas de civismo”.

En la capital cubana centenares de artistas, mayoría jóvenes, exigieron un diálogo con el gobierno, prometido para después ser escamoteado por las autoridades del ministerio correspondiente.

El clamor popular tantas veces amordazado terminó por manifestarse multitudinariamente el 11 de julio. Estos pineros que a hora serán condenados seguían una probada tradición democrática, decididos a juzgar por cuenta propia los 63 años de opresión que han vivido.

Mirando atrás, y asombra tanto desafío en medio de un espacio geográfico cerrado, bajo estricto control del eficaz aparato represivo creado por los hermanos Castro, se pueden agregar nuevos nombres a la lista orgullosa de la dignidad pinera.

Inolvidable es Fabio Prieto Llorente, “el ruso” para sus amigos por el aquello de su apariencia física eslava, sentenciado a la inaudita pena de 20 años, uno entre los 75 cubanos encarcelados de la noche a la mañana durante la “Primavera Negra”, orden personal del Comandante en Jefe de Cuba en abril de 2003.

Una nota discordante para el aparato represivo fueron dos abogados ejerciendo en el bufete de Nueva Gerona, Gerardo Arcia y Orlando Cisneros, quiénes terminaron en obligado exilio por atreverse a defender como manda su profesión, a Fabio y otros activistas de aquellos tiempos.

Con tales antecedentes es comprensible la opinión de uno de los que serán ahora enjuiciados, Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero, organización opositora fundada en 2006, cuyas bases son la autonomía territorial en una Cuba democrática.

Ramón ha declarado que “desconfía totalmente de los abogados de oficio y usará como defensa sus propias convicciones, sus actuaciones en la vida y su conducta personal).

Más de una decena de miembros del PAP fueron arrestados el 11 de julio, al seleccionar 4 de ellos con el claro objetivo de aplicar un castigo ejemplar, la fiscalía justifica su actuar según la siguiente descripción de los hechos, acaecidos, reiteramos, este 11 de julio:

“Respondiendo a repetidas exhortaciones divulgadas por redes sociales a protestar simultáneamente en diferentes localidades y desconocer la autoridad de instituciones estatales cubanas con el propósito de alterar el orden, salieron a las calles para formar grupos numerosos que replicaran la convocatoria entre personas que se encontraban a su paso”.

Los cuatro pineros que serán llevados a prisión son parte de una ola de juicios y condenas similares que asuela a Cuba, involucrando a centenares de presos políticos, incluyendo adolescentes, acusados por manifestarse en las calles del país.

Tales son los hechos, ¿hace falta algo más para hablar de dictadura?

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