En pleno siglo XXI, Cuba permanece anclada en la agricultura feudal. Hay algunos tractores, arados de discos y cosechadoras; algunos sistemas de riego por goteo en hectáreas de cultivos protegidos, y algunas ordeñadoras mecánicas, sementales y vaquillas importadas.

Pero en el mercado no hay productos agrícolas, o los pocos que aparecen son excesivamente caros, o racionados, o van a parar a la despensa de la comunistocracia —si todavía es posible llamar a esa nueva clase que va en coches modernos comunista, según el caló marxista—, mientras los campesinos carecen de instrumentos para arar los campos y de transporte para viajar a las ciudades.

Con un clima benigno, salvo por los huracanes —aunque la temporada ciclónica también aporta agua para el riego—, Cuba es incapaz de autoabastecerse y, de primer país exportador de azúcar de caña en el mundo, ha pasado a engrosar la fila de los importadores.

Comerse un bistec en la Isla es un lujo reservado para la nomenclatura, suerte de nueva clase de ricos y sus invitados, los turistas, o quienes paguen en moneda dura o a precio de mercado negro. En un país con pastos y agua abundante, no hay carne de vaca, ni leche, ni mantequilla, y mucho menos quesos.

En Camaguey, la provincia ganadera por excelencia, autoridades del Ministerio de la Agricultura advirtieron a los vaqueros que a quienes fueran sorprendidos fabricando quesos destinados al mercado negro se le confiscarían las reses.

El más temido en el campo suele ser el visitador de Acopio, aunque se trate del vecino de la finca colindante.

Acopio, la entidad del Estado a la que los campesinos están obligados a vender sus productos, establece planes de siembra y fija precios de cosecha de acuerdo con otras dependencias estatales. Últimamente los precios han mejorado, pero distan de ser los de la oferta y la demanda y, a la larga, interfieren en la producción.

Durante décadas, el Estado pagó a precios miserables a los productores rurales. Cuando el dólar llegó a cotizarse a 130 pesos cubanos, en la década de los noventa, Acopio pagaba 9,90 pesos por cien libras de lechugas, o 6,50 pesos por igual cantidad de pepinos. Mientras, un campesino tenía que pagar 2,50 dólares por un machete en las llamadas tiendas recaudadoras de divisas, curiosamente, estatales.

La fama de mala paga del Estado es ampliamente conocida, lo que ha traído nefastas consecuencias tanto para el campo como para la ciudad. Alain Montesinos, un campesino habanero de 28 años, opina que para que el hombre del campo vuelva la mirada a la tierra —como ha pedido Raúl Castro— la dirección de la Agricultura tiene que ser más formal con lo que acuerda con el hombre del campo.

Según dicen J. H. Clapham y E. Power en Historia Económica de Europa, la propiedad agrícola que tomó forma de dominio y llevó consigo la facultad de disponer de vasallos, se convirtió en el fundamento del poder político. El axioma parece sustentar el manejo de los recursos humanos y agrícolas en los últimos 50 años en Cuba, y a él obedece que los tan publicitados cambios estructurales y de conceptos, anunciados por el general Raúl Castro el 26 de julio de 2007, en Camaguey, se reduzcan a algún que otro decreto para sosegar las expectativas de los ciudadanos de a pie, a quienes se reserva la categoría de suministradores de fuerza de trabajo y de provisiones de boca.

En Cuba, el hombre del campo tiene que alimentar a precios de Acopio a una desproporcionada burocracia, y mientras proliferen las bocas improductivas con poder para comprar a bajo precio, el hombre de la ciudad tendrá que pagar un poco más al del campo cuando se encuentren en el mercado.

A los campesinos de la Isla les faltan tractores y aviones para fumigar los sembrados, es cierto; pero lo que más necesitan es que los señores feudales que otorgan tierras en usufructo entiendan que estamos en el siglo XXI y que ya su tiempo terminó. Si no lo comprenden, saldrán con más facilidad los continentes de la actual crisis financiera que los cubanos de su aislamiento.

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