Durante los años 30 del siglo XX ocurrió en la antigua Unión Soviética una hambruna que exterminó millones de personas. Este fenómeno resultó mayor en la antigua república soviética de Ucrania, donde se denominó Holodomor (Голодомор) en ese idioma, vocablo que se traduce como “matar de hambre”.

Tanto el número de fallecidos como las razones se discuten aún. Los defensores del régimen soviético lo atribuyen a “errores” de Stalin y minimizan las muertes. En un documental (Holodomor-1933. Lecciones no aprendidas de la historia), realizado en Rusia en el año 2008, se defiende a este país y se calcula en 3,5 millones las muertes en Ucrania y en siete millones las ocurridas en toda la Unión Soviética. Otros cálculos llegan hasta unos 15 millones de fallecidos solo en Ucrania y hasta 30 millones en toda la Unión Soviética, y achacan esa hambruna a políticas deliberadas con el fin de aplastar la resistencia de los campesinos a la colectivización forzosa que los despojaba de sus tierras y medios de producción (en Wikipedia se reflejan documentos y argumentos a favor y en contra de cada posición).

En definitiva, tanto defensores como detractores de la URSS aceptan la existencia de la hambruna (el mínimo reconocido de siete millones de muertes por el documental ruso son demasiadas) y la culpa se convierte en un problema semántico: errores u horrores, pero siempre a cargo del gobierno soviético, presidido con poder totalitario por el camarada Stalin.

En Cuba, durante la república, todos los analistas nacionales e internacionales reconocían la necesidad de una reestructuración en la propiedad de la tierra. Al respecto la nunca suficientemente recordada Constitución de 1940 proscribió el latifundio, priorizó el traspaso de la propiedad agraria a entes nacionales, protegió al pequeño propietario (artículos 90 y 91) y en las Disposiciones Transitorias se estableció la utilización de tierras estatales en cada municipio para la creación de cooperativas que se denominarían José Martí y estarían protegidas por la política fiscal.

En 1959, al tiempo que organizaba expediciones armadas a países vecinos (Panamá, Dominicana, Haití) Fidel Castro firma la 1ª Ley de Reforma Agraria, la cual fue elaborada por el comandante Humberto Sorí Marín, entonces ministro de Agricultura (fusilado poco después) y otros. En el viaje hacia La Plata, donde se firmaría la ley, Fidel Castro la radicaliza hasta hacerla irreconocible. Años después, en la entrevista publicada como Cien horas con Fidel confiesa a Ignacio Ramonet, el autor, que sus modificaciones sorprendieron hasta a C.R. Rodríguez y Che Guevara, reconocidos estalinistas.

La 2ª Ley de Reforma Agraria se promulga en 1963. Si la primera dejaba en manos de sus propietarios hasta un límite de 1.342 Ha la segunda bajaba el límite hasta 67, cifra que en las condiciones de Cuba resulta insignificante. Digamos que un campesino en los lugares alejados, con esa tierra debía trabajar personalmente, él y sus descendientes sin vacaciones ni días festivos, solo para sobrevivir. La propia ley en el prólogo reconocía el carácter político de su objetivo en su segundo POR CUANTO: “La existencia de esa burguesía rural es incompatible con los intereses y los fines de la Revolución Socialista”.

Entre el cúmulo de mentiras que repiten con inspiración Goebbeliana los gobernantes y sus voceros está la de que se entregó en esa época la tierra a los campesinos. Lo cierto es que a los agricultores que se encontraban en condición de arrendatario u otra forma de trabajar tierra ajena se le entregaron hasta lo que se llamó “mínimo vital”, unas 27 Ha. El resto se transformó en latifundios estatales, gigantescos, ineficientes, insostenibles desde el punto de vista económico y ambiental, con la aplicación masiva e indiscriminada de productos químicos, los llamados “Planes de la Revolución” ejemplifican una de las grandes barrabasadas del autócrata mayor. En fin, en manos particulares quedó solo el 15 % de las tierras agrícolas del país.

Los campesinos sobrevivientes fueron desplazados por múltiples motivos: para compactar los mencionados planes; para evitar apoyo a los alzados contra el gobierno en la década de los pasados 60; para formar las cooperativas de Producción Agropecuaria —versión tropical de la colectivización forzosa estalinista— o simplemente renunciaron por falta de créditos, insumos, posibilidades de comercialización de la producción, no pago de ésta, etc. La reubicación de los campesinos en poblados de edificios multifamiliares resultó lo que José Martí advirtiera: “Divorciar al hombre de la tierra, es un atentado monstruoso”. (Obras Completas, Edición Digital, t 8, p 278).

Hoy los restos del campesinado cubanos, sin créditos eficientes, sin insumos, con sus producciones mal pagadas o no pagadas por las entelequias estatales (Acopio, Frutas Selectas, ECIL, CONCAR, empresas agropecuarias estatales, etc.) perseguidos, vilipendiados, producen entre el 85 y el 90 % de la producción agropecuaria cubana, que solo basta para cubrir menos del 15 % de los abastecimientos limitadísimos a la población. El resto se importa.

El enemigo imperialista cubre las necesidades alimentarias cubanas en proporciones que sorprende a quien oye el estrépito continuo sobre el bloqueo: $257,7 millones en el año 2019; $13,4 millones solo en enero del 2020 y la friolera de $6,2 miles de millones desde 2002 cuando el gobierno estadounidense autorizó esas ventas hasta la fecha. Más sorprende que la cantidad anual autorizada actualmente sea de $9,2 mil millones, muy lejos de las compras reales lo cual implica que el hambre no es a causa del bloqueo, comprar se puede, sino de la situación ruinosa de la economía cubana. Fuente: (http://www.cubatrade.org).

La inmensa mayoría de los cubanos desconocen además que EEUU no prohíbe la importación de ningún producto desde Cuba, solo se reserva el derecho de no comprarlo a entidades estatales, sí puede, legalmente, hacerlo a personas naturales, cooperativas, empresas privadas, etc.

Consultar el Anuario Estadístico de Cuba (www.onei.cu) da ganas de llorar: Más de la mitad de las tierras agrícolas ociosas, la mayor parte cubiertas de marabú; menos de cuatro millones de cabezas de ganado sobrevivientes de más de nueve millones en los años cincuenta; cuatro millones de ha de cultivo menos desde aquella época; rendimientos agrícolas solo comparables a los del África subsahariana en los mejores casos; zafras con indicadores de eficiencia miserables y producciones de inicios de la república; vacas rindiendo como promedio nacional menos de 4 Kg de leche/día; ganado vacuno con peso promedio en matadero que más bien semeja de ganado caprino. La ineficiencia como sinónimo de agricultura cubana.

Ahora los genios que acompañan al designado (para dos períodos) como equipo de gobierno anuncian que no hay dinero para importar alimentos. Es decir, la apuesta del autócrata mayor por el turismo, las remesas y el alquiler de fuerza de trabajo en el exterior (fundamentalmente de salud) y en el interior (al turismo principalmente) se ha ido a bolina con la covid-19, la consiguiente contracción económica mundial y los cambios políticos en los países receptores de la fuerza de trabajo médica. Y además acuden (la continuidad fatídica) a las mismas fórmulas que desde hace sesenta años han reducido a casi nada la economía agraria en Cuba (y las otras también): la represión, el burocratismo, el estatismo al extremo.

El tiempo perdido sin realizar las reformas reales que hubieran revitalizado la economía interna está pasando la cuenta y a la larga todos tendrán que admitir que las consignas triunfalistas sencillamente no resultan comestibles.

El Holodomor a la vista, pues de limonada y guarapo no se vive… y además no hay ni limoneros ni caña de azúcar: son especies en extinción en los campos cubanos.

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