La crisis del sector agropecuario cubano es estructural: se manifiesta tanto en la producción como en la comercialización. En un intento por paliar sus efectos, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó, en 1994, la existencia de los mercados libres campesinos, gracias a los cuales reaparecieron en la dieta familiar muchos productos desaparecidos.

El temor a la formación de una clase media llevó al gobierno a la creación de los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE), con la esperanza de que al determinar los precios de forma arbitraria podrían vender por debajo de los mercados de oferta y demanda y, por tanto, condenarlos a desaparecer. Sin embargo, como a pesar de esa ventaja no ofrecieron suficientes productos y tampoco los precios fueron los deseados, los MAE han tenido que coexistir con los mercados libres. Una nueva lección de que las insuficiencias en la producción no se pueden resolver desde la circulación.

Los llamados intermediarios

En la historia de la humanidad el crecimiento económico, gracias al aumento de la producción y de la productividad, llegó al punto que satisfizo las necesidades inmediatas del grupo y generó un excedente que condicionó la división del trabajo entre los productores, el intercambio y el surgimiento de los mercaderes. Tan importante es este proceso, al decir de Marx y Engels, que "el punto hasta el que se han desarrollado las fuerzas productivas de una nación lo indica del modo más palpable el grado hasta el que se ha desarrollado en ella la división del trabajo".

De ese proceso necesario y natural surgieron el comercio y el comerciante, que constituyen motores del desarrollo social. Actuar hoy contra esos llamados intermediarios significa regresar a la comunidad primitiva. Esto lo comprendieron las autoridades cubanas. Sin embargo, tratando de evitar la formación de una clase media, el gobierno monopolizó las funciones de comercialización en una sola empresa controlada por el Estado: Unión Nacional de Acopio.

Parece que se repite lo ocurrido en China, un país atrasado y el más poblado del orbe en la década de los años cincuenta del pasado siglo y que se enfrascó en el Gran Salto Adelante, un ambicioso plan para generar abundancia desde el monopolio absoluto del Estado, impulsado por el voluntarismo, el entusiasmo revolucionario y la sabiduría del Gran Timonel.

Sin embargo, la ceguera de ignorar las leyes económicas, que son ajenas a razones ideológicas, condujo a la pérdida del interés de los propietarios privados y de los trabajadores del Estado por la producción y convirtieron al gigante asiático en un modelo clásico de distribución de hambre y miserias.

De forma similar, Vietnam —una nación que sufrió la más devastadora de las guerras y cuyos habitantes morían de hambre— logró con la introducción de mecanismos de mercado, la autonomía de los productores, el derecho de los nacionales a ser empresarios y la entrega de tierra a los campesinos, producir suficientemente y de forma sostenida para sus 76 millones de habitantes y ocupar el segundo lugar mundial en la exportación de arroz en corto tiempo.

El monopolio de Acopio

La Unión Nacional de Acopio, el monopolio encargado de la compra, transportación y venta de los productos agropecuarios en la Isla, ha sido "incapaz" de lograr una diversificada oferta a precios asequibles para el pueblo. Su principal deficiencia radica precisamente en su principal función: el acopio de los productos del campo. Por ejemplo, el pasado mes de febrero en la provincia de Cienfuegos permanecían en poder de los campesinos más de 50.000 quintales de arroz.

Las razones, según funcionarios estatales, radican en que —además de no disponer de capacidad de almacenaje ni de mercado dispuesto para venderlo— el transporte es insuficiente y los equipos con que cuentan (muchos de ellos paralizados por falta de piezas y con 20 o más años de explotación), lo que se refleja en la recogida tardía y en el deterioro de los alimentos, que muchas veces van a parar al consumo animal. Y es que Acopio, aunque es un monopolio, carece de autonomía para destinar una pequeña parte de sus ganancias a la adquisición de neumáticos y otros agregados necesarios para mantener en buen estado su parque automotriz.

Resulta que en la Ciudad de La Habana hay 139 MAE agrupados en nueve empresas que radican en otro territorio, por lo cual las responsabilidades se diluyen. Mientras Acopio sólo controla 27 de ellos. Como el olmo no ha producido peras, parece haberse arribado a la conclusión de hacer desaparecer Acopio y trasladar las funciones de control y fiscalización a otras instituciones, en vez de atacar las verdaderas causas de las ineficiencias, en un nuevo intento de solucionar la crisis de la agricultura por donde no es.

A esa deficiencia de Acopio se agregan otras dos. La primera es la demora en los pagos a los sectores cooperativo y campesino; atrasos que generan desinterés en los productores. En Cienfuegos, la deuda por tal concepto en el mes de febrero ascendía a la cifra de 1.250.000 pesos, y en el municipio de Aguada, por concepto de arroz, se debían más de 900.000 pesos.

En ese mismo mes, en la provincia de Ciego de Ávila, además de una alta suma en pesos, se debía a los productores una cifra ascendente a 57.369, 98 CUC (pesos convertibles). La segunda es que los insumos que Acopio entrega a los productores son insuficientes. Ambas deficiencias explican el porqué los productores venden y compran a los intermediarios alternativos —fuera de la ley— que pagan y surten lo necesario de forma inmediata.

Falta de autonomía

El único problema del monopolio no es Acopio. La insistencia en regular el precio de las mercancías de espaldas al que se establece libremente entre oferta y demanda es otra dificultad insoluble. Cada mes los Consejos de la Administración Provincial, de acuerdo con una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, implantan un precio único para los productos del agro.

La inflexibilidad que introduce dicha regulación artificial se expresa en disímiles anomalías, pues la lentitud de la información emanada no se corresponde con la velocidad de los procesos de maduración y deterioro de los productos del agro, por lo cual en un período de 30 días se comercializa un mismo producto con dos y hasta más gravámenes diferentes, o —por otra parte— productos que se deterioran permanecen con el mismo precio.

La falta de autonomía de los productores y vendedores constituye una carencia crónica. El administrador de uno de los mercados del municipio Arroyo Naranjo dice "que él no tiene autorización para bajar precios, aunque vea que los productos pierden calidad". Para hacerlo, estos administradores deben llamar por teléfono a la Empresa de Acopio (aunque muchos no tienen este servicio para comunicarse) y solicitar el envío de un especialista que determine cuáles de tales productos pueden depreciarse. Generalmente la lentitud del proceso hace que, cuando se realiza dicha valoración, ya los productos no sirven para el consumo humano.

Como la escasez en todos los lugares y épocas es fuente de especulación, se requiere de un reglamento de distribución de la pobreza. La inexistencia de ese regulador hace que muchos clientes no alcancen productos que luego reaparecen en otros lugares a precios superiores. En esos casos, se trata de situar la responsabilidad de la insuficiencia de la producción en los administradores, quienes deben ser capaces de partir el cake en pedazos más pequeños para satisfacer al mayor número de clientes. El hecho cierto es que con poca producción, el precio bajo sólo puede ser impuesto artificialmente.

Sin comprender que por ahí no es, algunos funcionarios plantean que Acopio es la contrapartida a "determinados productores que quieren andar por la libre" y, en consecuencia, se dirigen contra los productores y contra los intermediarios alternativos que acopian y pagan con inmediatez. Esos y otros problemas, en un país donde nadie vive del salario ni de la Seguridad Social, alimentan las "ilegalidades" y coadyuvan a convertir las conductas surgidas de la sobrevivencia en moral predominante.

Como ejemplo positivo, la prensa oficial destaca los mercados del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), que presentan varias ventajas. Aquí, cuando los productos van perdiendo frescura, los administradores deciden inmediatamente la rebaja correspondiente; tienen precios diferentes en dependencia de los niveles de ingreso de la población donde están ubicados; los precios son inferiores a los máximos aprobados por el Consejo de la Administración Territorial del Poder Popular para cada mes; y las ventas están reguladas a determinada cantidad de libras por persona de acuerdo con la abundancia o escasez del producto.

Resulta que estos mercados "modelos" son administrados por militares, los cuales —en virtud de la fuerza de trabajo que emplean para producir— pueden vender a precios menores, lo que —en condiciones de escasez— es una buena oportunidad para los intermediarios alternativos. En fin, que el problema continúa y continuará hasta tanto no se produzca más para vender a precios bajos, para lo cual hay que abandonar la concepción del monopolio estatal y brindar libertades a los productores y vendedores. Sólo entonces los intermediarios, una necesidad de todas las sociedades, se adaptarán a vivir sin aprovecharse de la escasez.

Si hay que imitar a China o a Vietnam, entonces imitemos lo que hacen ahora y no lo que hicieron cuando eran modelos clásicos de distribución de hambre y miseria.

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