El jefe del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, dijo que podría haber más liberaciones de presos políticos que las 52 anunciadas y que los ex detenidos, si lo desean, pueden permanecer en la Isla, en una entrevista con la AFP el martes en Ginebra.

Alarcón recordó que en las conversaciones entre el gobierno de Raúl Castro y la Iglesia católica “quedó claro que la voluntad del gobierno cubano es la de sacar de la cárcel a todas las personas” sobre las que no pesen delitos de sangre.

“Según su Eminencia el cardenal (Jaime Ortega), en las conversaciones quedó claro que la voluntad del gobierno cubano es la de sacar a todas las personas” a condición de “que no pesen sobre ellos responsabilidades de la vida de otras personas”, dijo Alarcón, que participa en Ginebra en una reunión de líderes parlamentarios de todo el mundo.

Al preguntársele si podía confirmar la posibilidad de liberar a personas que no estuvieran vinculadas a ese tipo de crímenes, Alarcón respondió: “Claro”.

También dejó abierta la posibilidad de que los presos que no quieran ir al destierro permanezcan en la Isla.

“Lo que dice el acuerdo, (es) que podrán viajar al exterior (...), pero en Cuba hay personas que fueron liberadas de prisión hace años y que están en su casa. Esto es lo mismo”, declaró.

El régimen comunista cubano se comprometió a liberar gradualmente, en un plazo de cuatro meses, a 52 presos políticos, tras un diálogo entre el cardenal Ortega y Raúl Castro.

La semana pasada llegaron a España 11 ex prisioneros con sus familias, y el martes debían llegar otros ocho, pero el viaje fue aplazado por falta de plazas en los vuelos regulares, según indicó a la AFP en Madrid una fuente del ministerio español de Asuntos Exteriores.

Los 52 opositores eran los que quedaban tras las rejas de un grupo de 75, cuyo arresto había sido ordenado en 2003 por el entonces presidente Fidel Castro, tras lo que fueron condenados a penas de 6 a 28 años de cárcel.

Según cálculos de la ilegal pero tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos, con la excarcelación de los 52 opositores quedarían 115 presos políticos en la Isla, a quienes el Gobierno califica de “mercenarios” de Estados Unidos.

Se trata de las liberaciones más importantes desde que Raúl Castro tomó el relevo de su hermano Fidel, hace cuatro años.

El gobierno socialista español también participó en las negociaciones que condujeron al acuerdo de la liberación de 52 presos, y promueve un acercamiento de la Unión Europea (UE) al régimen cubano a través de la supresión de la posición común semestral en la que los 27 piden a la Isla una transición hacia la democracia.

Diez de los once presos liberados hasta ahora solicitaron sin embargo a la UE mantener su postura. “Nuestra salida a España no debe ser considerada un gesto de buena voluntad, sino como una acción desesperada del régimen en la búsqueda urgente de créditos de todo tipo”, estimaron, en un texto divulgado el lunes.

Alarcón pidió relativizar la cifra de 167 presos políticos, alegando que en ella hay “personas que fueron capturadas en Cuba después de haber colocado bombas”.

“Los llamados opositores si hacen lo que hicieron en Cuba, si lo hacen en Suiza, estarían encerrados por mucho más tiempo; trabajar a las órdenes de un gobierno extranjero para derrocar el gobierno de la Confederación Helvética, o el gobierno de la República Francesa; en Estados Unidos, la pena podría llegar hasta la pena de muerte”, declaró.

Se refirió en particular entre otros casos al de la muerte de Fabio di Celmo, un joven italiano que murió en septiembre de 1997 al estallar una bomba en un hotel de La Habana, en una serie de atentados contra instalaciones turísticas en Cuba.

“Curiosamente, los críticos nuestros hablan de una lista (...) ¿Por qué no dicen que están pidiendo la libertad del que asesinó a Fabio di Celmo (...)?, se preguntó.

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