El Congreso de Bolivia abrió finalmente el miércoles el debate sobre una polémica ley de transición que incluye la reelección presidencial, sin acuerdo a la vista y presionado por un plazo constitucional y una amenaza de renuncia en masa de los legisladores oficialistas, informó Reuters.

El gobernante izquierdista Evo Morales espera que la norma —que regulará comicios presidenciales y legislativos adelantados para diciembre— le permita no sólo renovar su mandato sino también controlar el futuro Congreso, que pasará a llamarse Asamblea Plurinacional y tendrá escaños reservados para indígenas.

Las dos cámaras del Congreso boliviano iniciaron una varias veces demorada sesión conjunta, mientras parecía a punto de naufragar una negociación sobre los temas de discordia de la ley, en particular la demanda opositora de un nuevo empadronamiento de votantes.

"La exigencia de un nuevo padrón es el nudo gordiano de la negociación, el que puede llevar al fracaso todo el debate", dijo a reporteros el vicepresidente Alvaro García, minutos antes de abrir la sesión en el último de los 60 días de plazo para la aprobación de la ley de transición, según dispone una nueva Constitución socialista vigente desde febrero.

El presidente indígena Morales, un abierto seguidor del venezolano Hugo Chávez, consideró horas antes que el pedido de un nuevo registro de votantes era sólo "un pretexto para bloquear las elecciones", de las que espera salir fortalecido para continuar su política de nacionalizaciones.

En sus recién cumplidos tres años de gobierno, Morales nacionalizó la industria de hidrocarburos, cuyo principal negocio es la exportación de gas natural a Argentina y Brasil; repuso el control estatal sobre la minería y enojó a oligarcas locales con una política agraria que no permite latifundios.

Apenas iniciado el debate sobre los discrepantes proyectos aprobados, por separado, por la oficialista Cámara de Diputados y el opositor Senado, legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) dijeron que tenían listas sus renuncias.

"Este es un recurso extremo ante el chantaje de la ultra derecha, porque Congreso que no quiere trabajar o no puede cumplir un mandato constitucional debe cerrar sus puertas", dijo a reporteros el líder del MAS en el Senado, Ricardo Díaz.

La amenaza de renuncia provocó airadas protestas de parlamentarios opositores, que renovaron denuncias de supuestos afanes "dictatoriales" de Morales, quien triunfó en cuatro votaciones nacionales sucesivas en los tres últimos años y parece no tener rival para las elecciones de diciembre.

Horas antes, el vicepresidente García dijo que había avances en la negociación, pero con riesgo de una ruptura.

"Hay avances, algo lentos, pero hay avances", dijo a reporteros el también presidente del Congreso, al informar sobre el estado del diálogo político en el que el oficialismo trataba de asegurar los votos necesarios para aprobar la ley.

Esa negociación marcó un nuevo capítulo de una larga disputa entre el gobierno y la minoritaria pero aguerrida oposición derechista, que desde su posición dominante en las tierras bajas ha desafiado, incluso con protestas que dejaron varios muertos, a los cambios impulsados por Morales.

La reelección presidencial para un nuevo quinquenio y la representación legislativa de los pueblos indígenas minoritarios son medidas incluidas en la carta magna, pero la ley reglamentaria se ha convertido en factor de conflicto.

García dijo que el oficialismo aceptó reducir a 10 u 11, desde 14, las bancas reservadas para indígenas en la futura Cámara de Diputados de 130 miembros y que incluso revisaría su decisión de realizar referendos de autonomía en julio próximo.

También dijo que había avances para permitir en diciembre, por primera vez, el voto de los migrantes.

El presidente Morales ha advertido que si el Congreso no aprueba la ley de transición, el gobierno lo hará vía decreto para no detener los avances de su "revolución" socialista.

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