El gobierno izquierdista de Bolivia dijo el domingo que alista un proceso judicial, por terrorismo y otros delitos, contra el líder cívico del rico distrito oriental de Santa Cruz, Branko Marinkovic, señalado como cabecilla de un fracasado intento de golpe de Estado, informó Reuters.

La eventual detención del agro empresario Marinkovic consolidaría una ofensiva oficial que ya ha puesto tras las rejas a más de 20 personas, incluidos un prefecto (gobernador) y un líder cívico regionales, por una violenta ola de protestas que dejó una veintena de muertos en septiembre.

"Tenemos suficientes elementos de investigación que nos permiten afirmar una vinculación entre el señor Marinkovic y los actos de terrorismo que se produjeron en septiembre en varios lugares del país", dijo a la radio estatal el ministro de gobierno, Alfredo Rada.

Esas protestas, denunciadas por el gobierno como "golpe cívico-prefectural", constituyeron el mayor desafío superado por el presidente, Evo Morales, desde que asumió el poder en el 2006 para iniciar un proceso de cambios indigenistas y socialistas que culminarían en enero de 2009 con un referendo sobre una nueva Constitución.

Rada dijo que la detención de Marinkovic "dependerá de la Fiscalía", que desarrolla investigaciones en base a declaraciones de autores materiales y testigos de las protestas de septiembre, que incluyeron la voladura de un gasoducto de exportación a Argentina y Brasil, en la región suroriental del Chaco.

"Lo que tiene que hacer el señor Marinkovic es preparar su defensa y no tratar de huir", agregó.

El sábado, cuando algunos medios revelaron la preparación de un juicio contra Marinkovic, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, denunció una "persecución política" y advirtió que la población de ese departamento protegería al líder cívico.

Marinkovic y Costas encabezaron la ahora desaparecida "media luna" de gobernaciones y comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que formó hasta los sucesos de septiembre el frente opositor más radical contra Morales.

La "media luna" comenzó a desintegrarse desde que el gobierno decretó estado de sitio en el departamento amazónico de Pando y detuvo a su prefecto, Leopoldo Fernández, acusándolo de una masacre de campesinos y de delitos económicos.

La detención preventiva de Fernández fue ratificada el sábado por un juez de La Paz, junto con la de casi 20 de sus colaboradores que habían estado confinados los dos últimos meses bajo el ahora ya levantado estado de excepción.

La defensa de Fernández fracasó en su intento de que el ex prefecto sea sometido a juicio de responsabilidades en vez de un proceso ordinario.

A los procesados por los sucesos de Pando se sumaron el sábado el líder y cinco activistas del distrito gasífero de Tarija, señalados como autores materiales e intelectuales de la voladura de un tramo de un gasoducto, que según el gobierno ocasionó una pérdida de más de 100 millones de dólares.

Simultáneamente, fueron detenidos tres miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo de Choque del Comité Cívico de Santa Cruz que dio una brutal golpiza al jefe policial de ese distrito, en los primeros incidentes de septiembre.

Rada aseguró que las investigaciones oficiales "confirman que la violencia escalonada de septiembre en varios departamentos respondió a un plan (...) fue un golpe que felizmente fracasó".

Morales, quien logró el respaldo de más de 67% de votos en un referendo de mandato en agosto pasado y es un declarado seguidor del presidente venezolano, Hugo Chávez, buscará la reelección en diciembre de 2009, si la nueva Constitución entra en vigor.

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